Las empresas españolas se encuentran en una situación límite por los efectos de la pandemia del coronavirus y necesitarán al menos 136.000 millones para sobrevivir en el futuro adicionales. Según cálculos de la consultora Álvarez & Marsal, la compañías tendrán que llevar a cabo procesos de refinanciación de deuda para evitar los impagos de sus deudas. Aunque una parte de ellas se verá abocada a la quiebra.
En un informe especial sobre la situación del tejido empresarial en la era de la pandemia, la firma calcula que la deuda insostenible alcanza en el peor escenario 100.000 millones de euros, es decir, un 11% del total del sistema, por lo que se requerirán nuevas necesidades de capital y recursos por importe de 136.000 millones al margen de las líneas de liquidez lanzadas por el Gobierno (a día de hoy ascienden a 84.000 millones), con el fin de que las sociedades recuperen los niveles de solvencias previos al Covid-19. Álvarez & Marsal señala que el 50% de estos requerimientos serán necesarios en el segmento de las pequeñas y medianas empresas.
Los sectores productivos con mayores exigencias de fondos para poder subsistir son los más expuestos a la pandemia, es decir, el transporte, la hostelería y las manufacturas, además de los medios de comunicación. En concreto, la industria manufacturera tendrá que reclamar fondos por importe de casi 72.000 millones; la restauración, por 16.000 millones; el transporte, 10.000 millones; y las sociedades de información, unos 9.800 millones.
Álvarez & Marsal predice shocks más severos para los periodos de confinamiento y salida de la crisis, con una recuperación más débil en el medio plazo. La consultora estima que el 14% de las empresas entrarían en zona de alto riesgo de quiebra, lo que implicaría un aumento del paro en 11 puntos porcentuales (en torno a dos millones de nuevos parados).
En este escenario, estima una tasa de morosidad empresarial del 8,4% en 2020, desde el 2,1% actual, lo que obligará a la banca a tener que provisionar solo por la cartera de créditos corporativos de 11.869 millones. Una parte de estas dotaciones ya han sido reflejadas en la cuenta de resultados de las entidades en el primer semestre.
Álvarez & Marsal identifica cinco sectores como los más sensibles al coronavirus por su importancia y nivel de empleo que generan. Estos segmentos de actividad (comercial inmobiliario, petróleo y gas, comercio, transporte y ocio) acumulan el 26% de la deuda empresarial bancaria, es decir, unos 160.000 millones de euros, además de tener en sus balances el 38% de la financiación avalada por el Estado en las líneas de liquidez del ICO. Estas cinco industrias son más susceptibles de impagos y de pérdidas de empleo de no adoptarse las medidas necesarias para su supervivencia. La consultora, en el informe, destaca que, por ejemplo, la hostelería y la restauración verán multiplicar sus insolvencias crediticias por 18, hasta totalizar un 39% de sus préstamos; el entretenimiento y el ocio multiplicará por cinco la morosidad, hasta una tasa del 33%; y el transporte sufrirá unos impagos cuatro veces superiores y el ratio de dudosidad alcanzará el 7,7%.
En este escenario, el Estado asumirá unas pérdidas que podrían alcanzar los 2.160 millones, asociadas a los préstamos avalados por 84.000 millones hasta la fecha. Esta cifra, que es el pero escenario que maneja Álvarez & Marsal, representaría una mora algo superior al 3% de los fondos con garantía que soporta ICO en su plan de ayuda al tejido empresarial.
Según Fernando de la Mora, responsable de Álvarez & Marsal en España y Portugal, "la crisis actual ha puesto en relieve los problemas de recapitalización y refinanciación de las empresas, especialmente de las pymes. Por ello creemos que se deben articular instrumentos financieros de colaboración público-privada que permitan responder ante la grave situación a la que se enfrenta el tejido empresarial español, como ya han empezado a hacer nuestros países vecinos".
Medidas
En concreto, la firma propone la creación de fondos de inversión, que combinen capital público y privado, enfocados a recapitalizar empresas para dotarlas de niveles adecuados de solvencia, una medida ya existente Francia, Italia o Alemania. También plantea una batería de propuestas entre las que destacan la utilización del Tesoro Público como vehículo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para el lanzamiento de instrumentos de solvencia pública, emplear la SEPI a través del Ministerio de Hacienda para la recapitalización de empresas estratégicas (complementario al fondo de 10.000 millones puesto en marcha para compañías estratégicas) o dirigir el ICO hacia un nuevo agente prestamista a través de su Línea de avales Covid-19.
Los expertos de la consultora las medidas temporales de ayuda como los ERTEs y los programas de liquidez han ayudado a las empresas a mitigar estos efectos a corto plazo, pero consideran que sin insuficientes para paliar todas las consecuencias de la recesión que se avecina. En doce meses, el 29% de las empresas presentará problemas.
