La Semana Santa está perdida. La paralización del suministro de la vacuna de AstraZéneca durante los últimos días fue la puntilla. Si había dudas sobre la consecución de los objetivos de vacunación, ahora será aún más complejo.
Todas las autonomías permanecerán cerradas en Semana Santa, pese a que la tasa de positividad está por debajo de 200 casos por 100.000 habitantes y de que la mayoría de los expertos recomienda su apertura. Las islas Baleares y Canarias, probablemente recuperen una parte de su actividad gracias a la llegada de extranjeros. Pero el resto de España será un erial. Andalucía, la Comunidad Valenciana o ciudades emblemáticas por estas fechas por su procesiones como Toledo, Valladolid o Zamora permanecerán clausuradas a cal y canto, lo que alargará el golpe para la hostelería y la restauración.
Un estudio de Randstad alerta de que la contratación temporal durante esta Semana Santa caerá el 16 por ciento frente al año anterior, en el que ya suspendieron los actos religiosos y muchos establecimientos funcionaron a medio gas.
Si el primer trimestre terminará con un crecimiento negativo entre el 1 y el 2%, según coinciden los centros de estudios, el segundo trimestre arranca con perspectiva negativa. La directora de Supervisión del Banco de España, Mercedes Olano, comenzaba así este miércoles la presentación de la memoria del sector: "Con los problemas de la vacunación de AstraZeneca, la incertidumbre sobre la situación se ha trasladado más allá de septiembre". Las esperanzas sobre la recuperación se concentrarán, por tanto, a partir del verano.
Este retraso animó a Calviño a otorgar los 7.000 millones en ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas. El objetivo, según reconocen en Economía, es paliar con este dinero la falta de ingresos que se dejarán de percibir por las demoras.
Ayudas insuficientes
Sin embargo, la ayuda de 3.000 euros en el caso de los autónomos, no llega para cubrir estas carencias. Su reparto por la geografía nacional y la selección de los sectores elegidos ha comenzado con polémica. Autonomías como Madrid se ven obligadas a compensar a los sectores que quedaron fuera de la lista de beneficiados, como peluquerías ó talleres.
La gran mayoría de la industria, uno de los sectores más afectados por la pérdida de actividad y de empresas, tampoco está entre los elegidos. Y para colmo de males, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoce que los recursos no se entregarán a las autonomías hasta verano, que luego las redistribuirán entre pymes y autónomos. Demasiado tarde, muchas no podrán aguantar estos meses, pendientes de echar el cerrojo a sus negocios.
Para paliar el embrollo, Economía acompañó el decreto sobre ayudas con una prórroga de los concursos de acreedores. Una torpeza que alimentará la creación de empresas zombi, sin actividad, que podrán acceder a las subvenciones públicas antes de su última exhalación. Justo lo contrario de lo que se pretendía.
Se opta así por seguir tapando los problemas como con los Ertes, con la esperanza de que se solventen con la pandemia o, quizá, para obtener un mayor rendimiento electoral. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, insistía esta semana en agilizar los procesos de liquidación. Urge eliminar las sociedades insolventes para que no consuman recursos innecesarios en el futuro. Pero la estrategia política sigue primando sobre las necesidades reales del tejido empresarial.
La prueba fehaciente de que esto es así, es la maniobra de Sánchez de retomar el control de la política económica con el ascenso de Nadia Calviño a vicepresidenta segunda, por delante de Yolanda Díaz.
"Es la economía, estúpido"
Iván Redondo, un apasionado estudioso de la política norteamericana, toma buena nota de la famosa frase "es la economía, estúpido", que durante la carrera hacia la Casa Blanca Bill Clinton dijo a su adversario, George Bush padre, quien perdió las elecciones.
La presencia de Pablo Iglesias en el Gobierno y sus constantes salidas de tono y contradicciones reverberaban en todas las cancillerías europeas, que en las próximas semanas deben dar el visto bueno a las ayudas europeas. Con el ascenso de Calviño se pretende mandar el mensaje a Europa de que el rigor fiscal y el orden guiarán la política económica.
La vicepresidenta segunda es, en estos momentos, el mejor baluarte que lucir en Bruselas, o mejor dicho, el único, porque los demás miembros del Ejecutivo son desconocidos allende las fronteras. La recuperación dependerá de la llegada de esos recursos, que la propia Calviño pospuso ya al verano.
Pero quien piense que con la marcha de Iglesias a defender el pabellón morado en Madrid se acaban los problemas y las disensiones con su socio de coalición, se equivoca de plano. Iglesias redoblará sus ataques al Ejecutivo desde la calle, ya liberado del corsé de la Vicepresidencia. La prueba de fuego es la batalla electoral por Madrid, que se espera bronca.
Este viernes ya lanzó un órdago al ministro Ábalos a cuanta de los límites a los precios de los alquileres. "Es preferible tenerlo dentro, que fuera", advierten en Moncloa.
El líder del Podemos puede tensar los hilos que mantienen unidos la coalición de Gobierno. Si saca un buen resultado en Madrid, reivindicará liderar un Ejecutivo de izquierdas por encima del candidato socialista, Ángel Gabilondo.
Adelanto electoral
Aún peor son las perspectivas para el otoño, cuando baje la marea y empiecen a aflorar las quiebras empresariales y los despidos ahora disfrazados bajo los Ertes. Los sindicatos han anunciado movilizaciones contra la reforma laboral y otras políticas del Ejecutivo, a las que Iglesias no tendrá rubor alguno en sumarse, como preludio de un adelanto electoral. En estos momentos, se manejan dos escenarios en el Gobierno: el primer trimestre de 2023, antes de la presidencia española de la Unión Europea, ó comienzos de 2022, si las cosas se complican.
El próximo año, Calviño debería comenzar a revertir las políticas expansivas de gasto de la crisis del coronavirus. Iglesias lo sabe y vela armas para lanzar sus soflamas anticapitalistas contra cualquier tipo de ajustes. El fin de la pandemia abrirá un período aún más conflictivo entre Sánchez e Iglesias, que hará palidecer las guerras púnicas que entre el 264 y el 146 a.C libraron Roma y Cártago. Además del enemigo invisible de la inflación, el Gobierno tendrá que luchar por mantener a su socio a raya.
PD.-Los 53 millones otorgados por la Sepi a la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra es un escándalo que crece a medida que conocemos nuevos datos. Plus Ultra incumple todos los requisitos exigidos por la sociedad pública para salvar empresas: ni está en pérdidas por la pandemia, ni es estratégica. Sus vuelos a Venezuela podría operarlos cualquier rival si recibiera sus subvenciones. La UE acabará exigiendo, tarde o temprano, explicaciones a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que esta semana defendió la operación en el Congreso.
Lo peor es que no es la primera vez ni será la última. Los 120 millones dados por la Sepi a Duro Felguera obedecen también a motivos políticos. La empresas asturiana tampoco es estratégica para la economía ni para el sector, ni está en pérdidas por la pandemia. Sólo la presencia de los exministros Jordi Sevilla y Valeriano Gómez en su consejo de administración, así como la intervención de la consultora Acento Public Affairs del también exministro Pepiño Blanco puede explicar la concesión de las ayudas.
Ahora son los administradores de Abengoa quienes quieren sacar tajada del ente estatal, con una petición por 250 millones. Una sociedad que hace unas semanas protagonizó el mayor concurso de la historia de España por miles de millones y que pretende reestructurarse con dinero de todos los españoles.
El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégica está convirtiéndose en un cachondeo político, que daña la credibilidad del Gobierno para repartir con objetividad los 140.000 de fondos europeos.
Entidades
Amador G. Ayora
Director de elEconomistaRelacionados
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