Las ayudas exigen una caída del 30% de facturación e ignoran a la industria

Con algunos días de retraso, el Gobierno aprobó ayer el fondo de 11.000 millones de ayudas al turismo, la hostelería y el comercio con lagunas en su desarrollo normativo, escasez del volumen económico, incógnitas por despejar y, el olvido de sectores como el industrial, castigado como otros por los efectos económicos del Covid-19.

La letra pequeña del Real Decreto asegura que los beneficiarios de las ayudas serán aquellas empresas o autónomos cuya facturación se haya desplomado más del 30% en 2020. Sin embargo, el RD no explica qué tienen que hacer aquellos empresarios que facturan por módulos, y a los que les resulta más difícil demostrar esa porcentaje de caída. Por otra parte, el RDL tampoco encuentra salida a la difícil situación que viven muchos proveedores que se ven incapacitados de desarrollar su tarea, lo que afecta de forma directa a otras empresas, en gran parte del sector industrial, que se ven abocadas a una caída de facturación. Otro de los reproches al Real Decreto viene directamente de las CCAA que señalan que las ayudas llegan tarde y sin aclarar cuáles serán las condiciones del reparto, con la sospecha de que pueda ser arbitrario. De entrada, 2.000 millones de los 7.000 ya están asignados a Baleares y Canarias.

El 60% a ayudas directas

El Gobierno celebró este viernes un Consejo de Ministros extraordinario para presentar el Real-Decreto-Ley de 11.000 millones de euros para mejorar la solvencia de empresas y autónomos, donde el 60% de los fondos irá definitivamente destinado a ayudas directas que serán administradas por las CCAA. Se hará con los mismos criterios que los fondos React-UE -señala el Ejecutivo-; es decir, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia en el PIB, sin olvidar el efecto sobre el empleo, y especialmente sobre el empleo juvenil. 

El RDL estipula que serán beneficiarios de las ayudas directas empresas y autónomos cuya caída de facturación esté por encima del 30%.

Las ministras de Economía y Hacienda, Nadia Calviño y María Jesús Montero, explicaron este viernes que Canarias y Baleares recibirán 2.000 millones del paquete (el 29%), mientras que las otras 15 autonomías tendrán que esperar unos días para conocer lo que se les asigna del 71% restante.

Como ya venía adelantando eE, este fondo se ha articulado en torno a tres patas: ayudas directas (7.000 millones); para la reestructuración de la deuda financiera, 3.000 millones -las quitas ya no son el instrumento central- y 1.000 millones para la recapitalización de pymes a través Cofides, empresa pública.

El fondo de las ayudas directas     -junto a la reestructuración de la deuda- ha sido uno de los puntos más polémicos, dado que autónomos, empresarios, partidos, banca y patronales consideraban que a España le faltaba un plan de ayudas directas a la altura de la UE. 

El PP de fue los primeros en solicitar 50.000 millones. Hasta Más País solicitó entre 50.000 y 40.000 euros. Unidas Podemos, socio del Ejecutivo, llegó a proponer 8.000 millones, y ATA, Asociación de Autónomos, pidió 6.000 millones. 

Finalmente, Moncloa ha elevado un Real Decreto con 7.000 millones de euros de ayudas directas con las siguientes condiciones. El plan va destinado a ayudar a empresas, pymes y autónomos que han perdido el 30% de su facturación como consecuencia de la  pandemia en 2020. El administrador de estas ayudas será la comunidad autónoma, que con la ayuda de la agencia tributaria creará una plataforma.

Los subsectores beneficiados serán diez, entre ellos, la hostelería, restauración, comercio al por mayor, minorista, sectores auxiliares de transporte o relacionados con la cultura. Según el Gobierno, el dinero estará normalizado en un plazo de un mes y 10 días. Además, la cuantía de ayuda oscilará entre 3.000 y 200.000 euros. En cualquier caso, el importe ascenderá a un máximo del 40% de la caída adicional de ingresos sufrida por la pandemia.

A este plan, el Ejecutivo suma la extensión de la moratoria de los procedimientos concursales al 31-D y el aplazamiento a abril del pago de impuestos, prorrogándose este pago durante a seis meses. 

Las polémicas quitas

El paquete de ayudas, en su fondo de reestructuración, también recoge como medida de último recurso la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia, dentro de un proceso de renegociación acordado por los clientes con las entidades financieras, que asumirán la parte proporcional de la reducción del préstamo. 

A este propósito, fuentes financieras advierten de que estas quitas, que se concederían a los créditos ICO, plantearían problemas de competencia y equidad en las empresas, pues las que no han solicitado avales públicos estarían en desventaja frente a las que sí. Además, recuerdan que las asociaciones empresariales han expresado que las compañías no quieren ni necesitan quitas, sino dinero que supla la pérdida de rentas y el descenso de ventas por los cierres que han tenido que acometer.

Cómo funcionan los fondos

¿Quién puede pedir esas ayudas?

Empresas, pymes y autónomos que hayan perdido como mínimo el 30% de su facturación como consecuencia de la pandemia a lo largo de 2020

¿A quién van dirigidos?

A diez subsectores (entre ellos, la hostelería, restauración, comercio al por mayor, minorista, sectores auxiliares de transporte o relacionados con la cultura)

¿Cuándo empezará el reparto? 

Según el Gobierno, en un mes y diez días estará normalizado el trámite.

¿Cuál es la cuantía de las ayudas? 

La cuantía oscila entre 3.000 y 200.000 euros. En cualquier caso, el importe ascenderá a un máximo del 40% de la caída adicional de ingresos sufrida por la pandemia.

¿Qué queda pendiente?

Queda la aprobación en Consejo de Ministros del Código de Buenas Prácticas donde se determine cómo reestructurar las empresas. Además queda -con los criterios del React-UE- repartir los 5.000 millones de ayudas directas para CCAA.

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