Economía

El Gobierno dará ayudas directas de entre 3.000 y 200.000 euros a empresas y autónomos que hayan perdido el 30% de sus ingresos

  • Calviño aumenta las ayudas a 7.000 millones tras las presiones de Podemos
  • De esos 7.000 millones, 2.000 serán solo para las islas Baleares y Canarias
  • Montero anuncia que el Gobierno se da 40 días para comenzar el reparto

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el plan de 11.000 millones de ayudas a las empresas y los autónomos afectados por las restricciones de la pandemia, que destinará finalmente 7.000 millones a ayudas directas y 4.000 a reestructuración de deuda tras superar los desencuentros que provocó el modo de reparto en el Ejecutivo. Las ayudas directas serán de hasta 3.000 euros para los autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva y oscilarán entre los 4.000 y 200.000 euros para el resto. Para recibirlas, estas empresas tienen que haber perdido al menos un 30% de sus ingresos en 2020. Los fondos se tendrán que destinar a pagar gastos fijos y deudas. El Gobierno ha adelantado que con este decreto el total previsto de ayudas para 2021 supera ya el 2% del PIB.

Si en la propuesta inicial la vicepresidenta económica Nadia Calviño destinaba 2.000 millones a ayudas directas, sus socios de Unidas Podemos se desmarcaban reclamando hasta 8.000 millones. Esto provocó que el plan no se pudiera aprobar en el Consejo de Ministros ordinario del martes. Durante la semana trascendió que Calviño aceptaba subir esta partida hasta los 5.000 millones, pero finalmente han sido 7.000.

La propia Calviño ha confirmado este viernes tras el Consejo extraordinario que el plan tiene tres pilares: 7.000 millones para ayudas directas, 3.000 millones para el fondo de reestructuración de deudas financieras y otros 1.000 para el fondo de apoyo a la solvencia de empresas.

Respecto a las ayudas directas, Calviño ha aclarado que "el nuevo fondo tiene dos líneas: una de 5.000 millones de euros para todas las comunidades y ciudades autónomas y otro de 2.000 millones para Canarias y Baleares". La vicepresidenta de Asuntos Económicos ha explicado que las ayudas están destinadas a casi 100 subsectores dentro de los negocios especialmente afectados por la pandemia, como la hostelería, la restauración, el comercio al por mayor y minorista, sectores auxiliares del transporte o relacionados con la cultura.

El importe de la ayuda varía en función del tipo de empresa, de manera que los autónomos que cotizan en el régimen de estimación objetiva en el IPRF podrán optar a una cantidad fija de 3.000 euros, mientras que el resto de autónomos y empresas podrán solicitar un rango de entre 4.000 y 200.000 euros. En cualquier caso, el importe de las ayudas ascenderá a un máximo del 40% de la caída adicional de ingresos sufrida por la pandemia para micropymes y autónomos, mientras que ese porcentaje se reduce al 20% en el caso del resto de empresas.

Las ayudas tienen carácter finalista, de manera que se tienen que utilizar para pagar las deudas contraídas desde marzo de 2020, como pago a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o deuda financiera. La concesión de las ayudas estará ligada al mantenimiento de la actividad hasta junio de 2022, así como a otros requisitos, incluyendo la prohibición de reparto de dividendos y aumento de retribuciones del personal directivo. Las empresas también deberán estar al día del pago de obligaciones tributarias y no operar en paraísos fiscales.

Las ayudas serán gestionadas por las comunidades autónomas y la asignación de los fondos se realizará siguiendo los mismos criterios que los utilizados para el React-EU: impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidades autónomas, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil. Unidas Podemos reclamaba que las ayudas se entregaran directamente desde el Gobierno sin pasar por las comunidades. Finalmente se ha optado por un modelo mixto.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha detallado que el decreto impone al Gobierno un plazo de un mes y diez días para tener formalizada la orden de reparto de esos 7.000 millones a las autonomías, así como para tener firmados los convenios con cada una de ellas para formalizar la transferencia.

Las comunidades cuentan ya con los 16.000 millones de euros transferidos por el Gobierno con el llamado Fondo Covid-19, más 8.000 millones del fondo europeo React-UE, y las regiones ya anticiparon que destinarían un 25% o 2.000 millones a ayudar al tejido productivo.

La parte para reestructurar deuda

El segundo mecanismo o fondo del plan de 11.000 millones será el dotado de 3.000 millones para reestructuraciones de deuda avalada, en coordinación con las entidades financieras y donde el ICO podría, incluso, llegar a asumir quitas.

El tercer fondo de ayuda es el de 1.000 millones reservado para reforzar la solvencia de empresas, al estilo del fondo de rescate creado con 10.000 millones y gestionado por la SEPI para ayudar a compañías estratégicas, el cual ya ha comprometido inyecciones de créditos participativos y ordinarios para Air Europa, la aerolínea Plus Ultra y Duro Felguera.

Este último vehículo lo gestionará la empresa pública Cofides y está pensado, como el de SEPI, para recapitalizar compañías, pero de tamaño mediano o pequeño. Entre otros instrumentos se ha barajado que pudiera utilizar deuda híbrida o créditos participativos.

Moratoria concursal

Junto con este paquete de ayudas el Gobierno ha aprobado una nueva extensión de la moratoria concursal hasta el 31 de diciembre. Se trata de una nueva prórroga que ha justificado precisamente que se celebre una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, ya que el plazo vigente actualmente vence el próximo 14 de marzo, y lo que ha impedido al Ejecutivo llegar a la reunión ordinaria de los martes.

La moratoria concursal libra a las empresas de la exigencia de solicitar un concurso de acreedores aunque su negocio haya caído de forma abrupta y elimina la obligación de los jueces de admitir procesos así presentados por sus acreedores.

Con su última prórroga el Gobierno también amplió el alcance temporal de las medidas de inadmisión a trámite por el juez de las solicitudes de incumplimiento de convenio que presenten los acreedores y de las solicitudes de incumplimiento de acuerdo de refinanciación.

La idea detrás de esta congelación es evitar que empresas "solventes" y que, en condiciones de normalidad, serían viables, no vayan a un proceso donde la mayoría de compañías acaban en liquidación con la intención de que ganen tiempo para refinanciar sus deudas.

Aplazamientos tributarios

El Gobierno también ha aprobado la ampliación al mes de abril de los aplazamientos tributarios de las empresas y autónomos durante seis meses sin intereses. Además de la medida principal del real decreto de 11.000 millones, Montero y Calviño han explicado que la norma contiene otras medidas como una ampliación de los aplazamientos tributarios de las empresas.

En concreto, Montero ha referido que el real decreto amplía en un mes más el derecho que ya tenían las empresas para el aplazamiento de las liquidaciones tributarias en el primer trimestre del año, ampliándolo ahora también a abril, quedando aplazadas por un periodo de seis meses sin intereses.

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