Empresas y finanzas

Sánchez deja que la banca decida las quitas y racanea en ayudas directas

  • El Gobierno crea un fondo con 2.000 millones para ayudas directas
  • Las entidades decidirán qué medida es la más adecuada para cada cliente
Vista del Banco de España.

Finalmente, todo apunta a que el Gobierno cederá ante la banca tras las continuas alertas del peligro que supone para el sector financiero aplicar quitas a los préstamos avalados por el ICO de forma generalizada. Fuentes financieras y gubernamentales confirman el papel decisivo que tendrán las entidades a la hora de determinar a quién conceder una quita y cómo llevar a cabo la reestructuración de la deuda de las empresas y pymes afectadas por el Covid-19, ampliando además el margen de actuación, tanto a aquellas compañías que solicitaron un aval ICO como a las que no.

El Ejecutivo -que finalmente ha aplazado al viernes la aprobación del Real Decreto Ley de 11.000 millones de euros con el que reforzar la solvencia de las empresas y pymes del sector del turismo, la hostelería y pequeño comercio- ha estructurado este plan a través de tres vehículos: uno para ayudas directas a través de CCAA, otro para préstamos participativos destinado a la recapitalización; y el último, para compensar las pérdidas por las reestructuraciones de avales y otros préstamos.

Cabe señalar que es justo en este punto donde el Gobierno de Pedro Sánchez parece dar un paso atrás, o flexibilizar su propuesta inicial de condonar deuda de forma generalizada. Y es que, según explican fuentes financieras, la Administración propone ahora a la banca que se adhiera de forma voluntaria a un marco a través del cual se comprometa a reestructurar la deuda de aquellas compañías que lo necesitan. Por tanto, no hay exigencia expresa de quitas, pero los bancos firmarán un marco en el que se comprometerán a la reestructuración de la deuda en determinados casos para los que sean necesarios.

Para todos los préstamos

Asimismo, entre las novedades sobresale que las reestructuraciones de deuda no solo se realizarán a los préstamos ICO, sino a la deuda global que tenga una compañía, pyme o autónomo a través de otros préstamos. Además, las opciones pasan desde la refinanciación de los créditos alargando los plazos de devolución y modificando las carencias, como por condonar parte de la deuda si las entidades así lo consideran necesario para garantizar la viabilidad de la compañía. 

El fondo para la reestructuración de los préstamos tendrá una dotación que oscilará entre los 2.000 millones de euros y los 5.000 millones, según las distintas fuentes consultadas. Con esta cuantía, junto con las provisiones ya realizadas por el sector financiero a lo largo de 2020 para cubrirse del impacto que deje la crisis sanitaria, se compensarán las pérdidas en las que incurra el sector en el caso de quitas. De hecho, los cinco grandes grupos del país han provisionado más de 8.300 millones de euros solo para asumir futuros impagos derivados de la pandemia.

Las entidades respiran más tranquilas porque asumen que, a pesar de que si no hay más alternativa se tenga que condonar deuda para ayudar a que las empresas puedan remontar el vuelo, no será de forma impuesta, sino que será cada banco, a través del conocimiento que tiene del cliente, el que decidirá cuál es la mejor medida a tomar. Una situación que entra dentro de la práctica habitual de los bancos, reconocen fuentes de toda solvencia, que ya durante las anteriores crisis de 2008 y 2012 llevaron a cabo este tipo de reestructuraciones de deuda.

Las otras dos patas

Desde el sector recuerdan que el modo de hacer de las entidades sigue siendo el mismo entonces y ahora, facilitar la posibilidad de pago al sector para que una compañía no sea insostenible y poder cobrar con el objetivo de incurrir en las menores pérdidas posibles.

Además de la reestructuración de la deuda, los otros dos vehículos que prepara el Gobierno pasan por un fondo de 2.000 millones que se drenará a través de las CCAA, en este caso con ayudas directas a la hostelería, el turismo, el comercio y los pequeños negocios más afectados. Por cierto que la cuantía para esta partida, la de las ayudas directas, es muy inferior a la que reclaman los socios del Ejecutivo, Unidas Podemos, que pide una línea de 8.000 millones, mientras que la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, demanda 9.000 millones.

El último fondo o pata del plan, que podría oscilar entre 4.000 y 7.000 millones, se trata de un soporte a la solvencia de empresas medianas y pequeñas, con potenciales recapitalizaciones, al estilo del fondo de 10.000 millones de rescate de la SEPI puesto en marcha para compañías grandes y estratégicas.

El marco temporal de ayudas de la UE actual permite financiar ayudas a costes fijos de empresas por hasta 800.000 euros, si bien Economía tramita la autorización con Bruselas para elevar dichas ayudas a 1,8 millones.

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