A falta de que el paquete de ayudas valorado en 11.000 millones de euros, destinado a evitar los problemas de solvencia en las pymes y empresas más afectadas por el Covid-19, sea aprobado este martes en el Consejo de Ministros -tal y como ya adelantó elEconomista-, el Gobierno transmite ya que las quitas generalizadas de las deudas de créditos avalados por el Estado, a través del ICO, serán el instrumento de último recurso.
Coincide así con una de las principales demandas del sector financiero, lo que reduce los riesgos en la banca.
La ministra Calviño ya se refirió a ello el pasado lunes al reconocer que estas medidas no se centrarían en "instrumentos que a lo mejor son el último recurso y no van a ser utilizados". Una declaración de intenciones que viene a secundar lo que desde fuentes de Moncloa recoge eE, y no es otra actuación que la prevalencia de las ayudas directas y del interés de la vicepresidenta económica en que la mancha de aceite de esta crisis no se extienda a otros sectores. Hay que recordar que los avales ICO –Instituto de Crédito Oficial- dados hasta ahora han cubierto una financiación de hasta 118.000 millones de euros.
Este viernes, Moncloa también confirmaba que la dirección que está tomando el paquete de ayudas del Gobierno va encaminada en tres direcciones. Por un lado, ayudas directas que serán gestionadas por las CCAA –administraciones consultadas por este diario, y que se ciñen a lo que dijo el presidente al respecto en el Congreso de los Diputados, sin conocer por tanto cifra alguna-. En segundo lugar, otra parte de esos 11.000 millones irían dirigidas a recapitalizar empresas de tamaño mediano, emulando al sistema puesto en marcha por la SEPI, de manera que se inyecta capital o híbridos, actuación ésta que vendría tutelada por la empresa pública Cofides. Y por último, otra parte que irá directamente para que el ICO se encargue de los procesos de restructuración de deuda, pero con los criterios y el conocimiento técnico de la banca para restructurar los créditos, bien con alargamiento de plazos, bien con carencias, entre otras opciones.
El código de buenas prácticas
Apunta El País este viernes, que estos procesos de restructuración de la deuda se llevarán a cabo con un código de buenas prácticas que se firmará con las entidades, a fin de que las empresas que son viables se comprometan con esa restructuración. También señala este diario que estas ayudas servirán para que el ICO, que ha avalado entre un 70%-80% de los préstamos, soporte la parte que le corresponde al alivio de la deuda.
En este cambio de actitud -señalan fuentes financieras- el papel del Banco de España ha sido determinante-. El supervisor siempre ha defendido que no se ordenaran quitas a las entidades, pues eso sería cambiar las reglas de juego previamente establecidas con el ICO.
El Banco de España trabaja para que las quitas no sean obligatorias y se recoja en el nuevo código de buenas prácticas
Este martes pasado, la subgobernadora, Margarita Delgado, se reunía con la CECA y sus asociados, y el jueves lo hacía con la AEB y los bancos. En los dos encuentros Delgado avanzó que el Banco de España está trabajando para que las quitas no sean obligatorias y esto se recoja en el nuevo código de buenas prácticas. Además, añadió, también trabaja para que la adhesión al código sea voluntaria, y para que las quitas no se apliquen solo a los créditos con aval del ICO, como pretende el Gobierno, algo que considera muy preocupante el supervisor.
La preocupación de los autónomos
Precisamente uno de los temores del Ministerio de Economía y de la banca es que se cree un agravio comparativo con aquellas empresas, especialmente pymes, que ni siquiera llegaron a solicitar un préstamo vía aval ICO. Y es que se estima -según fuentes de la patronal de autónomos ATA-, que hasta un 70% de micropymes y autónomos no llegó a solicitar estos créditos avalados.
Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, remarca esta situación. Esto les lleva a insistir en que las ayudas del célebre paquete de 11.000 millones deberían ser en gran parte ayudas directas y gestionadas por el Estado. Considera Amor que de esos 11.000 millones, 6.000 deberían destinarse a ayudas directas que podrían gestionarse con transferencias, o con bonos que se pudieran ir amortizando, y con este hacer frente a las cotizaciones sociales y a los impuestos.
Asimismo, el presidente de ATA demanda que parte de esa restructuración de la deuda, donde se pudieran establecer quitas a los bancos, se establezcan también quitas a las pymes en Hacienda y en la Seguridad Social, recalcando que el 70% de los autónomos no tiene ICO. Por lo que concluye, que de no hacerse así, a muchas empresas les van a venir bien estas ayudas, "pero a los autónomos no".
