La puesta en marcha de las nuevas ayudas anti-crisis, por valor de 11.000 millones, se demorará aún hasta el Consejo de Ministros extraordinario de pasado mañana. Pese a los retrasos, lo cierto es que todavía hay aspectos clave de esta iniciativa que están por definirse.
Es el caso del capítulo de las transferencias directas, a fondo perdido, para empresas, ya que el Gobierno se muestra dispuesto a elevar la cifra que hasta ahora parecía más probable para este capítulo, 2.000 millones, hasta un total de 5.000 millones. Aunque ese incremento se materialice este viernes, lo cierto es que no cabe esperar grandes diferencias en cuanto al efecto de estas transferencias en la economía. Esos 5.000 millones se antojan una cantidad ínfima considerando la magnitud de la crisis y, sobre todo, el estado crítico en el que ya han entrado cientos de empresas en todo tipo de sectores (no sólo el turismo y la hostelería). Su situación es ya límite transcurrido un año entero desde el inicio de la pandemia (con tres oleadas casi seguidas del Covid), un periodo en el que apenas han dispuesto de ayudas directas. No sirve como defensa alegar que, en ese mismo tiempo, se han beneficiado de créditos en condiciones muy laxas y de moratorias fiscales. Resulta ya obvio que esta crisis es muy diferente a la desarrollada entre 2008 y 2013 cuando la cadena de liquidez estuvo cerca de romperse. Ahora las empresas ya no necesitan créditos, como evidencia la baja demanda de préstamos.
Las quiebras seguirán sucediéndose tras un año entero sin apenas transferencias directas para las empresas
Lo realmente urgente son las ayudas directas que puedan permitirles su supervivencia misma. Sin embargo, la baja cuantía y la tardanza de este tipo de auxilio contribuirán a que las quiebras de empresas sigan extendiéndose.
