El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha señalado este viernes que el Gobierno "no está siendo resolutivo" en las negociaciones de la reforma del sistema de pensiones y ve difícil llegar a un acuerdo en febrero, como apuntó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en una entrevista en la radio pública.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha manifestado este jueves que espera poder cerrar la segunda pata de la reforma de pensiones este mismo mes de febrero mientras busca el consenso político para las medidas. Las modificaciones comprometidas con la Comisión Europea como parte del Plan de Recuperación tendrían que haber estado listas el pasado 31 de diciembre y plantean subidas de cotizaciones y del periodo de cómputo.
La última parte de la reforma de pensiones de esta legislatura plantea medidas que persiguen la mejora de las cuentas de la Seguridad Social. El planteamiento del Ministerio que dirige José Luis Escrivá plantea, esencialmente, dos medidas: la ampliación de las bases máximas de cotización -denominado como destope- y la ampliación de los años observados para calcular la pensión. Subir las cuotas de forma progresiva para que los salarios altos aporten más llegaría a mejorar la recaudación "como mucho un 0,15%", mientras calcular la pensión con los 30 años previos, descartando dos ejercicios, llegaría a recortar las pensiones de forma modesta un 1%, con un menor gasto del 0,3% del PIB.
Esta semana pasada el presidente francés, Emmanuel Macron, presentaba su reforma de las pensiones: ampliar los años cotizados desde los 41 actuales a 43 para cobrar la pensión completa, retrasar la edad de jubilación anticipada a 64 y ligar la subida de pensiones al 85% del SMI. ¿Y en España?
La última gran reforma de la legislatura centrada en las pensiones está chocando con los agentes sociales y los socios de Gobierno. Lo complejo de la reforma es que el Ministerio que dirige José Luis Escrivá tiene medidas menos apetecibles que ofrecer: la revalorización, principal medida que beneficia a los jubilados, ya se firmó a finales de 2021. Y ahora tan solo quedan las medidas más lesivas para el empresario y el trabajador, mientras las que benefician a las carreras laborales más inestables quedan prácticamente neutrales. El aumento de los años observados para calcular la pensión tiene un amplio rechazo, mientras la subida de las cotizaciones a los salarios altos desmarca a la CEOE y, a su vez, es considerada insuficiente para paliar el déficit del sistema.
Este curso comienza bajo las nubes electorales, por lo que muchas reformas en curso pueden sufrir un cambio de rumbo en las negociaciones entre el Gobierno y los agentes sociales. La reforma del sistema de pensiones es una de las que más preocupa. En este sentido, los sindicatos temen que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá, tome la vía unilateral para sacarla adelante y enviar el texto a Europa; pero ya dan por seguro que no habrá un acuerdo a tres bandas entre Gobierno, sindicatos y patronal.
Lo que supone en la práctica cotizar por completo en el segmento de trabajadores con salarios más altos, en realidad es un paso decisivo para convertir el actual sistema de Seguridad Social en otro sistema impositivo más, bajo una lógica parecida al IRPF y con una separación cada vez mayor entre cotización y prestación. Tomar este tipo de decisiones supone una multiplicidad de consecuencias a largo plazo, algunas de ellas hoy difícilmente estimables. Sin embargo, lo que está primando es el cálculo de corto y, como mucho, de medio plazo, concretamente un horizonte de 5-10 años.
La reforma de pensiones que negocia José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, incluye un aumento del límite de las bases máximas de cotización y de las propias pensiones más altas del sistema. Según cálculos facilitados por el departamento de Escrivá a los agentes sociales a los que tuvo acceso elEconomista.es, el impacto neto resultante del incremento de ingresos menos el mayor gasto en pensiones resulta en un pico del 0,27% del PIB en 2050. Es decir, tras actualizar las tablas en base a un crecimiento medio anual del PIB del 2% hasta mitad de siglo, el saldo de ingresos acumularía una mejora de solo 7.300 millones de euros, según cálculos elaborados con el economista Javier Santacruz.
Está confirmado que la reforma de las pensiones tendrá que esperar a 2023. Después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones emplazara en la última semana del año a los agentes sociales a un acuerdo sobre las pensiones que no se produjo, ha sido imposible pactar antes del cierre de 2022. Y si el Gobierno había acordado con Bruselas que la segunda parte de la reforma de las pensiones, en el marco del Plan de Recuperación, estaría lista antes de 2023 parece que a la Comisión Europea le importa más el cumplimiento de objetivos que los plazos.
Manuel Vargas es director advisory services en Alight Solutions y repasa el problema y las soluciones de las pensiones en España, además de las oportunidades en el mundo de las finanzas personales.
José Ignacio Conde-Ruiz es economista especializado en pensiones y lidera ahora el Foro de Expertos del Instituto Santalucía. Es catedrático en la UCM y subdirector de Fedea. Fue uno de los sabios de la reforma de 2013 y ahora analiza la reforma del presente que pone en vilo el futuro de las pensiones en España.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no convocará a los agentes sociales la próxima semana y el acuerdo por la reforma de pensiones queda definitivamente aplazado a comienzos de 2023, según trasladan fuentes del diálogo social a elEconomista.es. En público, CCOO descarta también la posibilidad de cerrar la reforma y enviarla a Bruselas, al menos, hasta el próximo año y fuentes de Moncloa confían en cerrar la reforma ya en 2023.
El Gobierno ha dado un viraje de 180 grados en sus relaciones con la patronal una vez que sacó adelante la última reforma laboral y el mecanismo para revalorizar las pensiones ligado al IPC. En el año transcurrido desde que consiguió el apoyo de los empresarios para esas dos medidas, el Ejecutivo ha optado por restringir su comunicación con ellos hasta el punto de que ahora es prácticamente inexistente, según reconocen a elEconomista.es fuentes de la directiva de CEOE.
El Gobierno ha retomado la negociación con los agentes sociales por la reforma de pensiones con ligeros avances en materia de cobertura de las lagunas de cotización por brecha de género. Tal y como informan fuentes de la Seguridad Social, reforzarán la cobertura de lagunas de cotización en periodos de desempleo "elevando hasta el 80% de base mínima entre los meses 49 al 72 a mujeres entre 35 y 45 años y hombres que hayan sufrido en esos años una interrupción de su carrera laboral después de tener un hijo". Sin embargo, el diálogo social traslada su malestar por una reunión con escaso contenido y condicionan el próximo encuentro a que el Gobierno tenga una propuesta más amplia.
La última parte de la reforma de pensiones pretende reclamar mayores esfuerzos a los sueldos más altos a cambio de una compensación en sus prestaciones que se demorará 30 años en el tiempo. La propuesta que trasladó el Ministerio de Seguridad Social a los agentes sociales recoge un incremento de las bases de cotización de 30 puntos más el IPC medio desde 2025 hasta 2050, mientras la pensión máxima subirá 3 puntos más el IPC medio. Habrá que esperar a los años posteriores a 2050 para que se ponga en marcha una subida equivalente, de 30 puntos, en la pensión máxima, según recoge el borrador.
La propuesta que plantea el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para modificar a 30 años el periodo observado para el cálculo de la pensión, dando la opción de descartar los dos peores años de cotización, abre la puerta a un incremento de la brecha de género en las pensiones medias. Las mujeres empeorarían sus pensiones un 0,86%, y los hombres la mejorarían un 0,44% por la naturaleza de sus carreras laborales. Total, una brecha que se amplía 1,3 puntos, explica el análisis del Observatorio de pensiones de WTW.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha advertido de que la actual incertidumbre financiera y económica, así como el aumento del coste de la vida, no deben servir como excusa para posponer las reformas que puedan mejorar la sostenibilidad de los sistemas públicos de pensiones, para lo que propone impulsar fórmulas como los fondos de capitalización con un papel destacado de las empresas para "complementar" los sistemas de reparto públicos.
La última parte de la reforma de pensiones del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá propone un destope de las bases máximas de cotización ligado al IPC medio anual más otros 30 puntos extra hasta 2050. Una medida que elevará de forma histórica el límite de cotizaciones a la Seguridad Social. Junto a la subida de 0,6 puntos sobre todas las nóminas por el Mecanismo de Equidad ya en 2023, el decil de mayor renta afronta la mayor senda de subida de las cotizaciones de la historia hasta mitad de siglo mientras las pensiones más altas solo crecerán con el IPC más 3 puntos.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado un paso definitivo para apuntalar la reforma de las pensiones que debe cerrar el 31 de diciembre. En la reunión de este lunes, el departamento de Escrivá ha planteado a los agentes sociales ampliar de 25 años a 30 el periodo de cálculo de la pensión eligiendo los 28 años más favorables de cotización, según explican fuentes del ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
La última parte de la reforma de pensiones comprometida en el Plan de Recuperación centra parte de sus objetivos en la modificación de las bases máximas de cotización y de las propias pensiones más elevadas del sistema público con la vista en mitad de siglo. Dos elementos esenciales: los ingresos por cuotas y la paga que recibe el jubilado tras su carrera laboral. En público, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha situado la horquilla del aumento para la pensión máxima entre el 15% y el 20%. El ministro otorga peso a una subida de entre el 20% y el 30% del tope de las bases de cotización.
El destope implica que aumentarán las cotizaciones de los trabajadores que, por sus salarios, venían cotizando a máximos y que cuando llegan a la jubilación, la base reguladora es superior a la pensión máxima de la Seguridad Social y vuelven a reducir sus pensiones respecto a lo que cotizaron durante su vida laboral. No es tan relevante el horizonte temporal de los 30 años que plantean, sino la brecha que actualmente existe entre las bases máximas cotizadas y la pensión máxima que se obtenga al jubilarse.
La jefa de Área de Seguridad Social e Igualdad de la CEOE, Olimpia del Águila, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, y el secretario confederal de UGT, Fernando Luján, han cuestionado este lunes la reforma de las pensiones del Gobierno por sus deficiencias y su modo de implementación. Sobre el foco del problema, señalan la falta de convivencia de los planes de pensiones de empleo y los individuales, además de los salarios "bajos e insuficientes".
Todos los componentes de la mesa de negociación por la reforma de pensiones en el seno del diálogo social cargan contra el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, por el retraso y la falta de información en esta segunda parte de la reforma que debe estar lista este semestre. Tal y como informó este medio, en privado ya mostraban un cierto malestar e inquietud que ahora trasladan públicamente cuando son preguntados por las diferencias con ministro Escrivá.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha descartado que en España se necesite subir la edad legal de jubilación a los 70 años, porque los 67 años que se establecieron para 2027 es una edad "más que suficiente" para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá defiende los incentivos para alargar la jubilación para garantizar, en cierta medida, parte el incremento del gasto en pensiones provocado por la revalorización con el IPC. El ministro destaca que estos incentivos aliviarían de gasto al sistema en 1,5 puntos sobre el PIB, por 2,7 puntos que sumará la indexación a la inflación a largo plazo.
La última parte de la reforma de pensiones se maneja entre una calma tensa, con menos reuniones de lo habitual y sin propuestas en firme sobre la mesa por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige José Luis Escrivá, una iniciativa que permitiría a los agentes sociales ver un horizonte con cálculos y escenarios concretos. Precisamente, miembros del diálogo social trasladan cierta sensación de inquietud ante una reforma clave de pensiones que creen que debe acelerarse porque tiene marcado en rojo en el calendario el próximo 31 de diciembre.
La patronal CEOE seguirá negociando la reforma de pensiones. "CEOE siempre se sienta en la mesa a negociar", confirman tajantes desde la patronal a este medio. Su postura choca frontalmente con la medida del Gobierno de subir las bases máximas de cotización un 8,6% el próximo año. Mientras, hay una negociación por la reforma de pensiones a tres bandas, que se debe tratar entre el Ejecutivo, los empresarios y los sindicatos en la mesa de diálogo social durante este último trimestre del año. La patronal mantiene pies de plomo y reclama al ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá más seguridad ante una medida que las empresas consideran clave.
La Comisión Europea revisará con lupa las reformas que implementen los diversos ministerio españoles como condición para recibir el cuarto pago. En concreto, sobre la reforma de pensiones hacen especial hincapié en la sostenibilidad del sistema asegurando la suficiencia de los pensionistas. La reforma fiscal aún está anclada en el Libro blanco de los expertos, y desde Bruselas piden celeridad: "si no llega a tiempo, el desembolso está en riesgo".
El Estado asumirá parte del incremento de las cotizaciones el próximo año como parte del incremento de las bases máximas de cotización, actualmente en algo más de 49.000 euros anuales. En el último decil, que corresponde a las rentas altas a partir de 3.585 euros mensuales (43.000 anuales), 740.000 cotizantes son del sector público, lo que se corresponde con el 46% del total. Así, parte del incremento recaudatorio que prevé la Seguridad Social será asumido con un incremento de los costes laborales de la Administración Pública.
La Comisión Europea ha aterrizado en España para valorar los hitos del Plan de Recuperación y, en concreto, los de la reforma estructural del sistema de pensiones. La principal "discrepancia técnica", según el propio ministro José Luis Escrivá, es la fórmula del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que incrementará las cotizaciones un 0,6% hasta 2032. Bruselas prefiere una regla automática por la posibilidad de realizar cálculos proyectables a largo plazo, y la Seguridad Social indica que se esforzará por convencerles de su modelo, una regla semiautomática que se valorará de nuevo en 2032.
