El Estado asumirá parte del destope de cotizaciones por el peso de los funcionarios en las rentas altas

El Estado asumirá parte del incremento de las cotizaciones el próximo año como parte del incremento de las bases máximas de cotización, actualmente en algo más de 49.000 euros anuales. En el último decil, que corresponde a las rentas altas a partir de 3.585 euros mensuales (43.000 anuales), 740.000 cotizantes son del sector público, lo que se corresponde con el 46% del total. Así, parte del incremento recaudatorio que prevé la Seguridad Social será asumido con un incremento de los costes laborales de la Administración Pública.

La reforma de pensiones que se llevará a cabo este año incluye una adecuación de las bases máximas de cotización, que actualmente están limitadas a 4.139 euros mensuales. Es una reforma recaudatoria que tiene el objetivo de cubrir la década de 2030 y 2040 con un incremento de cotizaciones sociales, según indican fuentes de la Seguridad Social, la época en la que la presión demográfica hará mella en mayor medida sobre el sistema de pensiones públicas en España.

Así, según recoge el INE, las rentas ubicadas en el decil superior se componen de 740.000 trabajadores del sector público y otros 870.000 del sector privado. Tal y como indica Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), es una medida que acarrea un mayor gasto en las Administraciones Públicas. Si bien favorecerá las cuentas de la Seguridad Social, el incremento neto de los ingresos previstos en las cuentas del Estado será limado a prácticamente la mitad por el peso del sector público en estas rentas altas. El cálculo que ofrece Gregorio Izquierdo es que cada 10 euros de incremento se traducirán en 5,4 euros.

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No obstante, la reforma no será simplemente recaudatoria. El conocido destope también irá acompañado de un incremento de la pensión más alta (actualmente en algo más de 39.000 euros anuales), ambas medidas bajo fórmulas que tendrán en cuenta un periodo transitorio de tiempo a falta de conocer las fórmulas concretas que consensuen Gobierno y agentes sociales.

Si bien, indudablemente, la naturaleza de la reforma cuenta con un punto a favor y es la mejora de los ingresos a corto plazo que cubra el agujero que provoca la presión del retiro del baby boom en las próximas décadas. Por otro lado, indican desde el IEE, puede ser una medida de presión inflacionista o incrementar el gasto que se consolida a largo plazo: según el Banco de España (BdE), cada euro aportado reporta en un 1,74 de pensión.

Incrementar las bases, argumenta Izquierdo, perjudica tanto al sector público como al privado porque supone incrementar unos costes laborales que ahora están topados. El informe de competitividad fiscal del IEE revela que el incremento de costes laborales perjudica a la creación de empleo. Siguiendo con las consecuencias fiscales, en 2023 también entrará vigor otra medida paralela para reforzar las cuentas de la Seguridad Social, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que subirá un 0,6% las cotizaciones, un porcentaje repartido entre la empresa (0,5 puntos) y el empleado (0,1).