En España hemos presumido de tener uno de los mejores sistemas de salud del planeta y de ser uno de los países punteros en investigación médica. Sin embargo, la pandemia puso de manifiesto que ni lo uno ni lo otro era cierto. El colapso de los hospitales y, sobre todo, de las unidades de cuidados intensivos (UCI) durante la primera ola demostró que tenemos una sanidad de bolsillo, insuficiente para enfrentarse a contagios masivos de la población.
Fernando Simón nos mintió cuando desaconsejó llevar mascarillas y luego la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando dijo que no podía bajar el IVA de las mascarillas ni del recibo de la luz y nos ha vuelto a mentir Pedro Sánchez, y el candidato socialista por Madrid, Ángel Gabilondo, cuando promete no subir los impuestos.
Todo comenzó en 2011. A la fiesta de los Ángeles Custodios de la Policía solían acudir los responsables de los servicios secretos de las grandes compañías del IBEX 35, que en su mayoría son jubilados ó habían trabajado para la Institución durante su anterior vida laboral. El ex comisario , José Manuel Villarejo, y su número dos y socio en la empresa Cenyt, Rafael Redondo, revelaron al director de seguridad corporativa de Repsol y ex comisario, Rafael Araujo, que estaban trabajando para la petrolera Pemex, y le ofrecieron la posibilidad de contratar sus servicios, según la reconstrucción de los hechos realizada por elEconomista.
Como ocurrió en la Guerra Civil para determinar el vencedor, la batalla por Madrid va a ser decisiva para definir el modelo que rija en la economía española durante los próximos años. Isabel Díaz Ayuso defiende una bajada de impuestos, que pondere el equilibrio entre la salud y los intereses económicos, como hemos visto en su política de puertas abiertas en la pandemia.
Los calendarios están para respetarse, salvo si eres un ciudadano español. Zapatero ya se llevó un disgusto por prometer la llegada del AVE a Barcelona en una fecha en la que no se cumplió. Debería haber aprendido del exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, que anunció que el AVE a Asturias llegaría en 2010 y después de más de una década seguimos a la espera.
Vivimos en una contradicción permanente. Las vacunas se administran con cuentagotas dentro de la UE, mientras las fábricas producen millones de dosis para otros países, que pagan por ello más dinero. Los europeos podemos viajar por todo el continente, pero no podemos visitar la comunidad autónoma de al lado. Británicos, franceses o alemanes pueden descansar en Mallorca o en las Palmas de Gran Canaria con un PCR negativo, pero si eres españolito, no pasas del aeropuerto. Así respetamos el tratado de Schengen, aunque incumplamos la más elemental norma sobre libertad de movimientos. Es mejor que nos contagie un alemán o un francés que un compatriota, según piensan las autoridades.
La Semana Santa está perdida. La paralización del suministro de la vacuna de AstraZéneca durante los últimos días fue la puntilla. Si había dudas sobre la consecución de los objetivos de vacunación, ahora será aún más complejo.
En las Navidades de 2014, Rodrigo Rato llamó a su secretaria, Teresa Arellano, al despacho y le dijo: "Necesito que me firmes esto". Teresa, que la había acompañado desde sus comienzos en el PP de Fraga de los ochenta y se preocupaba hasta por la educación de sus hijos, echó un vistazo a los documentos. El texto mencionaba el nombre de una sociedad, Kradonara, domiciliada en Sotogrande, pero cuya matriz, Vivaway, tenía sede en Gibraltar, y le otorgaba los poderes para su administración.
La composición del comité de expertos creado por el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, para llevar a cabo la desescalada pasará a la historia como uno de los secretos guardados con siete llaves en el Palacio de la Moncloa. Nadie conoce aún a los miembros que asesoraron a Illa o a Fernando Simón, probablemente porque jamás existieron. Su labor fue descorazonadora, la desescalada se hizo de manera chapucera y precipitada, según reconoció el presidente del Gobierno, y dio paso a la segunda ola de contagios después del verano del año pasado.
El magistrado Juan José Escalonilla investiga a Juan Carlos Monedero por una factura presuntamente falsa de 26.000 euros que cobró de Neurona; Pablo Echenique fue sancionado por Hacienda por no pagar el IRPF de su asistenta e Irene Montero, la ministra de Igualdad y pareja de Pablo Iglesias, coloca de adjunta a su jefa de gabinete, Teresa Arellano, para que haga de niñera con cargo a los Presupuestos del Estado. Y en Podemos aún se extrañan de que los youtubers, que ingresan cantidades millonarias, trasladen su domicilio fiscal a Andorra para rebajar su factura fiscal.