El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se rectificó ayer a sí mismo al afirmar que, en el caso de ganar las elecciones o de gobernar, no subirá ningún impuesto al menos durante dos años. Sin embargo, esta aserción está muy lejos de lo que el exministro de Educación registró hace tan solo unos días, el pasado 12 de febrero en la Asamblea madrileña, presentando 18 enmiendas que, junto a la formación de Iñigo Errejón, Más Madrid, aventuran una subida impositiva de 3.200 millones de euros a repartir entre los contribuyentes madrileños; es decir, un palo fiscal de 1.066 euros por contribuyente.
Cabe recordar que todo esto sucede en un contexto en el que el Gobierno de Pedro Sánchez defiende la armonización fiscal, y en el que ERC ayer restó credibilidad a las palabras del socialista Ángel Gabilondo, en contra ahora de subir impuestos en Madrid. Esquerra achaca estas declaraciones a la campaña de los comicios regionales del 4 de mayo, y en todo caso recuerda que tiene pactado con el Gobierno acabar con lo que consideran el dumping fiscal de la Comunidad.
La firma del candidato
Hace 39 días, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista presentó un documento con 18 enmiendas para modificar "los tributos cedidos por el Estado", volviendo así "al decreto legislativo del 1/2010, del 21 de octubre", tal y como demuestra la propuesta a la que ha tenido acceso elEconomista.
Afectan las enmiendas del PSOE de Madrid a las deducciones de la Comunidad, concretamente al IRPF, al impuesto de Patrimonio, al de Sucesiones y Donaciones, a los Actos Jurídicos Documentados. Además, limita la deducción por cuidado de ascendientes, limita la deducción por el pago de intereses de préstamos a estudios de Grado, Máster y Doctorado y, limita la deducción por el pago de intereses de préstamos para la adquisición de vivienda por jóvenes menores de 30 años.
El plan oficial
El plan fiscal de Gabilondo para Madrid, del que ahora se desdice, propone la adición de un tramo superior en la escala autonómica aplicable a la base liquidable general, aplicable a las bases liquidables superiores a 78.907,20 euros, incrementando también el gravamen marginal máximo que pasaría del actual 21% al 22,5%.
Asimismo, rubrica sustituir las actuales bonificaciones por parentesco en adquisiciones mortis causa (del 99% para los parientes de los grupos I y II de parentesco, del 15% para hermanos y del 10% para tíos y sobrinos), por una bonificación inversamente proporcional a la base imponible (similar al sistema aprobado por otras CCAA como Cataluña, Canarias o La Rioja) que resultaría aplicable a todos los contribuyentes y que depende del grupo de parentesco y de la base imponible del contribuyente.
De otra parte, propone sustituir las actuales bonificaciones por parentesco en adquisiciones inter vivos (del 99% para los parientes de los grupos I y II de parentesco, del 15% para hermanos y del 10% para tíos y sobrinos), por una bonificación inversamente proporcional a la base imponible.
En el caso de la bonificación autonómica en el impuesto de Patrimonio, el plan de los socialistas propone la reducción de la actual bonificación aplicable a todos los contribuyentes residentes en la Comunidad de Madrid, del 100% al 50%, por lo que, al reducir la bonificación también estarían obligados los contribuyentes que tengan un patrimonio neto superior al mínimo exento (700.000 euros).
Vulnerar la Constitución
En respuesta, según el PP, de la armonización encubierta que trabajan los socialistas en el caso de ganar las elecciones del 4 de mayo, ayer, el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, explicó que la "amenaza" de armonización fiscal que pretende acometer el Gobierno supone una "vulneración de la Constitución". "No queremos -remarcó- que venga el Gobierno ni el Congreso a prohibir bajar los impuestos porque es profundamente inconstitucional y va en contra de la recuperación de la economía".
Expertos en Derecho Financiero y Tributario instaron ayer al Gobierno a que recorra "todos los pasos necesarios", junto con las comunidades autónomas (CCAA), para acometer la armonización fiscal, porque de lo contrario "estaría limitando la autonomía tributaria de las regiones con infracción del principio de lealtad institucional"
Juan Zorzona, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III, explicó "que si el Estado aborda unilateralmente las competencias delegadas a las CCAA recorrería un camino equivocado y con serios problemas de inconstitucionalidad, porque limitaría su autonomía tributaria".
El Gobierno se comprometió en el acuerdo de Presupuestos Generales de 2021 a poner en marcha una armonización fiscal de los tributos que recaudan las CCAA.
