Las cosas son del cristal con que se miren. El primer ministro italiano, Mario Draghi, fue agasajado este viernes en Barcelona por Pedro Sánchez. Una representación de ambos gobiernos celebró una cumbre bilateral para aunar esfuerzos en materias como inmigración, reformas energéticas o fondos europeos. La sintonía entre España e Italia siempre fue elevada, aunque en estos momentos la política de ambos gobiernos tiene poco que ver.
Como solo tenemos cinco millones de parados y ningún organismo internacional prevé una rebaja de la tasa de desempleo en los próximos tres años, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se descuelga con una propuesta a los sindicatos para la supresión de los contratos por obra y los temporales, cuando no estén justificados por razones productivas u organizativas.
La vicepresidenta cuarta y ministra de Transformación Ecológica, Teresa Ribera, lleva meses diciendo que la reforma de la tarifa eléctrica iba a bajar el precio de la luz. Pero resultó que es mentira. Comparado con mayo del año pasado, cuando la actividad era prácticamente inexistente por culpa del Covid, los precios crecieron el 44 por ciento. ¿Por qué se coló la ministra? La culpa la tiene el CO2, que más que se duplicó. El mercado eléctrico es marginalista debido al ordenamiento de la Unión Europea, lo que significa que la energía más cara determina el precio del pool para el resto. De manera que el gas, con 50 euros en impuestos por tonelada de CO2, encarece a las demás.
La capacidad de influir sobre las grandes empresas siempre es una tentación prohibida para cualquier Gobierno. Aznar y Rato liberalizaron la economía y privatizaron los monopolios del antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) en la década de los noventa. Para ello, nombraron presidentes a dedo al frente de esas grandes corporaciones. Juan Villalonga, en Telefónica; Francisco González en Argentaria; César Alierta en Tabacalera; Alfonso Cortina en Repsol, Miguel Blesa en Caja Madrid ó Javier Monzón en Indra figuran entre los nombres más destacados. Nació así el capitalismo de amiguetes. Villalonga, González, Monzón ó Blesa eran amigos de Aznar, y Alierta ó Cortina lo eran de Rato.
El reducido tamaño es uno de los hándicaps para competir de las empresas españolas, que impide sacar provecho a las oportunidades que ofrece un mundo globalizado. En nuestro país hay 2,87 millones de empresas, según los datos del Registro Mercantil. El 90% tienen menos de 50 trabajadores (2,7 millones) y el 70% de estas (1,6 millones) son micropymes, con menos de una decena de empleados. Solo hay 4.754 dentro de la clasificación de gran empresa, con 250 trabajadores o más.
Las cosas en Palacio (de la Moncloa) no funcionan. Traer a escondidas al jefe del Polisario, Ibrahim Ghali, a curarse del Covid a un hospital de Madrid no fue una gran idea. Si querían realizar una labor humanitaria podían haberle pagado un buen hospital en cualquier lugar del mundo sin comprometer las buenas relaciones de España con Marruecos. Pretender que no se iba a enterar nadie, ni siquiera el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, muestra a una ministra de Exteriores quemada, Arantxa González Laya y la descoordinación dentro del Ejecutivo.
El control de las grandes empresas suele ser una tentación por parte de los gobiernos y es una seña de identidad de las repúblicas bananeras. Cuando Zapatero llegó al poder, su entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, en comandita con el ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero, intentaron tomar al asalto el BBVA. El asunto salió mal, porque el ex presidente de BBVA, Francisco González, contaba con un aliado natural, el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana. Para colmo de males, Pedro Solbes, el vicepresidente económico, viendo la barbaridad que se intentaba perpetrar también se puso de perfil, y puso el epitafio final a la aventura.
Hay varias lecciones que Pedro Sánchez y muchos presidentes autonómicos deberían aprender de Isabel Ayuso. Los gobernantes están para escuchar al pueblo y ofrecerles soluciones a sus problemas, no para crear otros nuevos. La mayoría de los presidentes autonómicos de izquierdas y de derechas se rodearon de comités de sabios médicos, que decretaron el cierre de locales comerciales a tocateja. Sin ningún tipo de miramiento, impusieron toques de queda a la hora de merendar y controles policiales en las esquinas que limitaron la libertad de movimientos, uno de los derechos sacrosantos de cualquier Constitución.
Alea Jacta Est (La suerte está echada). La misma sensación de vértigo que sintió Julio César antes de cruzar el río Rubicón para asaltar la Galia experimentan los socialistas con respecto a las elecciones madrileñas. El candidato socialista, Ángel Gabilondo, se queja de que todo está planificado desde Moncloa. Sus asesores de comunicación le pasan notas con instrucciones y discursos que incumple porque no comparte ni comprende. Primero decidieron que fuera el aspirante soso, serio y formal para arañar los votos a Ciudadanos y luego, que se echara en brazos de Iglesias.