Las cosas en Palacio (de la Moncloa) no funcionan. Traer a escondidas al jefe del Polisario, Ibrahim Ghali, a curarse del Covid a un hospital de Madrid no fue una gran idea. Si querían realizar una labor humanitaria podían haberle pagado un buen hospital en cualquier lugar del mundo sin comprometer las buenas relaciones de España con Marruecos. Pretender que no se iba a enterar nadie, ni siquiera el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, muestra a una ministra de Exteriores quemada, Arantxa González Laya y la descoordinación dentro del Ejecutivo.
La crisis marroquí ha sacado a la luz las numerosas contradicciones en las que va cayendo Sánchez y su desgaste. Cuando llegó a Mocloa, mandó al Aquarius a recoger inmigrantes en alta mar, luego se opuso a las devoluciones en caliente y ahora rectifica y fuerza el regreso a su país de miles de inmigrantes marroquíes. Nunca digas de esta agua no beberé…
Lo peor es que llega en un momento delicado. La derrota de Madrid destapó una política sanitaria errática y una política económica basada en gravar a todo los que se mueva, sobre todo si es contaminante.
Los fondos europeos se retrasan. Las diferencias y el caos interno de Moncloa ralentizan su distribución entre las empresas, como ocurrió con las ayudas directas para salvar a miles de pymes. Dos meses después de su aprobación, el dinero sigue en paradero desconocido. Aquí el que no aguante la respiración debajo del agua no sobrevivirá.
Moody's rebajó de 2 a sólo 0,5 puntos el impacto anual de los fondos europeos en la economía por la descentralización y la excesiva burocracia de la administración. Los proyectos se van a repartir a dedo, sin el control adecuado, según el Consejo de Estado, y ni la supervisión por una comisión de expertos para asegurar su transparencia.
Redondo quiere sustituir a Abalos por Salazar y dejar a Calviño como mera figura decorativa
El resultado puede ser el mismo que el Fondo de Solvencia de la SEPI, dotado con 10.000 millones, que antes de distribuir los mil primeros, está paralizado
Las demandas por las ayudas otorgadas sin justificación aparente a Plus Ultra y, sobre todo, a Duro Felguera, siembran el pánico entre el consejo rector del fondo, integrado por secretarios de Estado, que no quieren jugarse su reputación ni su patrimonio por decisiones basadas en informes poco exhaustivos o presuntamente manipulados.
La secretaria de Estado de Economía, Ana de la Cueva, puso los pies en polvorosa; el economista Daniel Fuentes se fue a su casa sin cobrar un euro harto de redactar informes sesudos, que acababan en el cesto de la basura. La fragmentación del Gobierno entre los partidarios de Iglesias (ahora de Yolanda Díaz) y de Sánchez, y luego dentro de la propia familia socialista paraliza la ejecución de las decisiones e impide avanzar a buen ritmo.
Hay 18.000 millones de los fondos de cohesión del año pasado sin distribuir, 11.000 del último plan de ayudas directas y 27.000 del primer paquete del Next Generation. En total, más de 50.000 millones paralizados por trabas burocráticas y falta de determinación.
Sánchez confía en movilizar ese dinero para provocar un cambio de ciclo. Pero la burocracia y la descoordinación reducen los avances a paso de tortuga. El reparto de los fondos amenaza con abrir una guerra entre administraciones y otra entre empresas por ver quién se lleva el gato al agua.
Iván Redondo ha montado un tinglado en Moncloa con más de una veintena de altos cargos y un centenar de personas capitaneados desde su war room, como él lo denomina, que hace las primeras vías de agua. El gurú que parecía intocable, ya no lo es.
La campaña electoral de Madrid, como en las grandes tormentas marítimas, puso al descubierto el esqueleto del barco de Redondo. Su afán es colocar a su número dos, el sevillano Francisco Salazar, al frente del aparato político de Ferraz en sustitución de José Luis Ábalos. También monopoliza los fondos europeos, cuya administración sustrajo a la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, a la que pretende dejar como mera figura decorativa. Por eso Carmen Balsa, la directora de Gabinete de Calviño, prefirió cambiar el papeleo inoperante por las mullidas alfombras de la oficina comercial en Milán.
Los viejos fantasmas merodean por Moncloa. Las batallas internas por el poder son tan antiguas como las escrituras. Carlos Aragonés, el todopoderoso jefe de Gabinete con Aznar también libró una pelea de espadachines con el ex vicepresidente económico, Rodrigo Rato por asuntos parecidos. La refriega dejó tocados a ambos, que salieron del Gobierno sin pena ni gloria.
Desarmado Redondo de su áurea de sabelotodo a la sombra del presidente, ahora se rumorea una remodelación inminente del Gabinete. Hay una larga ristra de ministros abrasados como Irene Montero, Alberto Garzón, Manuel Castells, Fernando Grande-Marlaska, Pedró Duque o Arancha González Laya y se les ve fuera en unos meses.
La intención de Sánchez es resistir, aguantar hasta que pase la tormenta, aunque sea debajo del agua como los inmigrantes que devuelve a Rabat, y convocar elecciones cuando la economía comience a volar gracias a la fuerza de los vientos que vienen de Bruselas o que soplan al otro lado del Atlántico.
Para olvidar los malos tragos, Redondo se sacó de la chistera una voluminosa producción sobre España 2050, en el que trabajaron más de un centenar de expertos. En ejercicio de cuento, Sánchez dibujó el jueves un devenir más voluntarioso que real.
Las primeras impresiones no son buenas. El potencial de crecimiento anual es sólo del 1,5 por ciento. Un porcentaje insuficiente para crear empleo. La tasa de paro alcanzaría el 7 por ciento dentro de treinta años a cambio de elevar la productividad el 50 por ciento, algo difícil de imaginar dado su comportamiento plano en la última década.
El documento no esconde la obsesión de los socialistas por aumentar los impuestos, que subirían en más de siete puntos, al pasar del 35 al 43 por ciento del PIB para financiar el estado de bienestar y las pensiones. El plan, además de la renta mínima, incluye una herencia pública universal, que recibiría cada joven para comenzar su vida laboral.
El problema real es el desempleo, que permanecerá en tasas por encima de dos dígitos hasta después de 2030. Una previsión que no logrará mover ni los fondos europeos.
El plan Next Generation EU se presenta como el paso de un modelo caduco a otro basado en la transformación digital y ecológica, pero sin generación de puestos de trabajo adicionales. El dinero se destinará a programas deslumbrantes, con un futuro prometedor, pero lleno de incertidumbres.
El Gobierno acaba de anunciar 400 millones del plan Mobe destinados a la movilidad eléctrica del automóvil, una industria esencial. Sin embargo, España es líder en la producción de vehículos diésel, que se están adaptando a híbridos. Apenas produce eléctricos. ¿En qué se van a emplear los miles de trabajadores del sector entretanto cambiamos de un modelo a otro?
El recurso al discurso demagógico para erigirse en defensor de causas perdidas, propició el jueves que la primera línea de la gran banca no acudiera a arropar los planes de Sánchez y Redondo para las próximas décadas. La última patada fue a la banca. Primero promovió la fusión de CaixaBank y Bankia, consciente de que incluía un plan de reducción de 8.000 empleos, y luego ataca a sus directivos con la excusa de que cobran sueldos desorbitados, pese a que están en línea con la media europea.
Las empresas sobreviven gracias a las mejoras en su eficiencia. La transición verde y la digitalización que Sánchez pretende acelerar con los miles de millones de Bruselas causarán miles de despidos en una primera fase si se quiere mejorar la competitividad. Los culpables no son los directivos a los que intenta calmar el mochuelo.
Las grandes empresas industriales, agrupadas en la Alianza por la Competitividad, acaban de emitir un documento en el que alertan de un extraordinario alza del coste de la luz y el gas, que destruirá miles de empleos, como consecuencia del céntimo verde con el que la vicepresidenta Teresa Ribera gravará a los productores de combustibles fósiles. En vez de dibujar castillos en el aire como el de Disney, más valdría arreglar el carajal que tiene: poner orden en el Gobierno, zanjar las luchas intestinas, atajar la burocracia y empezar por resolver los problemas más acuciantes.
PD.-El Fondo australiano IFM ya cantaba victoria en su opa parcial sobre Naturgy. Pero Fainé los ha dejado fuera de juego con la decisión de subir la participación de Criteria al 29 por ciento, en lugar de vender. El presidente de La Caixa estaba enfadado porque no fue consultado por la operación y, además, desconfiaba sobre las verdaderas intenciones. Sospechaba que los australianos, en comandita con los otros dos fondos, acabarían haciendo caja de los activos no estratégicos, para cortar el cupón del dividendo, lo que abocaba a Naturgy a una muerte lenta. Ahora tendrán que subir el precio de su puja si quieren hacerse con el 22 por ciento. Quien algo quiere algo le cuesta. Reynés tiene carta blanca para seguir creciendo.
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