El control de las grandes empresas suele ser una tentación por parte de los gobiernos y es una seña de identidad de las repúblicas bananeras. Cuando Zapatero llegó al poder, su entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, en comandita con el ex presidente de Sacyr, Luis del Rivero, intentaron tomar al asalto el BBVA. El asunto salió mal, porque el ex presidente de BBVA, Francisco González, contaba con un aliado natural, el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana. Para colmo de males, Pedro Solbes, el vicepresidente económico, viendo la barbaridad que se intentaba perpetrar también se puso de perfil, y puso el epitafio final a la aventura.
Del Rivero sufrió un ataque cardiaco. Tuvo que ser operado de urgencia y ahora presume, entre bromas y veras, de que FG le salvó la vida porque las tensiones hicieron que aflorase su dolencia.
En 2011, casi una década después del fracaso del BBVA, ya totalmente recuperado del shock cardiaco, el presidente de Sacyr volvió al ataque. Intentó hacerse con el control de la petrolera Repsol. Esta vez no le iba a pasar como con el banco, que no logró acceder a su consejo de administración.
Buscó el apoyo de la mexicana Pemex, que también estaba dentro del capital. Urdió todo tipo de bulos sobre la mala gestión de la compañía petrolera, sin percatarse de que sus socios mexicanos eran mucho peores. Los últimos presidentes están todos perseguidos por la Justicia por presunta corrupción.
El ex presidente de Sacyr, dispuesto a remover Roma con Santiago para echar a Fainé y a Brufau
Del Rivero, un murciano campechano y sin escrúpulos, tiene ambición por llegar lejos, pero no sabe elegir bien los compañeros de viaje. Es la manera que tiene para tapar las trampas de su propia gestión. Sacyr acabó endeudada hasta las cejas después de la entrada en Repsol. Las maniobras diplomática y políticas para lograr el contrato del Canal de Panamá, con el presidente Ricardo Martinelli, también procesado, enfangaron aún más a su empresa en números rojos. La constructora española presentó una oferta temeraria, muy por debajo del coste, que está pasando una factura de más de 2.000 millones a su cuenta de resultados.
Los accionistas, encabezados por el actual presidente Manuel Manrique, acabaron echándolo a la calle. Desde entonces, presume de ser un inocente jubilado, encargado sólo del cultivo de sus posesiones de naranjos en el Levante español, unas de las más extensas de Europa.
La venganza se sirve en platos fríos, como todo el mundo sabe. La insistencia de sus abogados por la presunta implicación de Isidro Fainé y Antonio Brufau en el caso del ex comisario Villarejo, acabó con su imputación, gracias al desliz en el forensic de Repsol, que revelaba las conversaciones entre ambos presidentes.
Inquieta el interés de la Fiscalía de Dolores Delgado y la crítica al sueldo de los banqueros
El señor de Murcia sueña con restablecer su honor, aunque sea lo último que haga en la vida. Después de sus fracasos ahora se enfrente a la madre de todas las batallas: echar a Fainé y a Brufau. Y para conseguirlo, está dispuesto a remover Roma con Santiago.
En el camino, Del Rivero se ha encontrado con un socio inesperado, Jaume Giró, un hombre de confianza de Fainé, que se marchó hace unos meses por diferencias insalvables. Sus frecuentes visita al Palacio de la Moncloa, que estaba acostumbrado a visitar como alto directivo de La Caixa, despiertan todo tipo de conjeturas en su entorno.
Giró se convirtió en la mano derecha de Joan Laporta, el nuevo presidente independentista del Barça, al que ayudó a subir a los altares. Pero lo traicionó muy pronto y éste se negó a ponerlo al frente de la vicepresidencia económica, que le había prometido cuando era un simple candidato.
Brufau y Fainé declararon ante el juez García Castellón la semana pasada. Los dos juraron y perjuraron que cuando sus empresas firmaron el contrato con Cenyt, jamas habían oído hablar de Villarejo, y mucho menos de sus tejemanejes con la Policía, de la que aún seguía a sueldo.
La oferta de los servicios de seguridad era tentadora: el comisario era cliente de Pemex y les ofrecía pasarles información sobre sus intenciones en Repsol, cosa que incumplió. La labor de doble agente secreto sólo funciona en las películas, por eso las pesquisas fueron pronto canceladas.
El juez no está dispuesto a dar carpetazo al asunto tan fácilmente. Los servicios jurídicos temen que el próximo paso sea la imputación de CaixaBank y de Repsol, para buscar responsabilidades entre sus directivos, como ya ocurrió en BBVA.
El interés de la Fiscalía General del Estado, en manos de la ex ministra Dolores Delgado, que solicitó la investigación al juez, proyecta una sombra de duda sobre las componendas políticas de la operación.
Brufau se ha distanciado del Gobierno y con razón, desde que la vicepresidenta Teresa Ribera cargó contra el diésel.
Fainé controla los hilos de CaixaBank, que ahora tiene un 16 por ciento de participación pública. Las criticas despiadadas de Nadia Calviño y luego de Pedro Sánchez contra los sueldos de los banqueros, pese a que están en línea con la media europea, despierta también inquietud.
Hay un giro copernicano en la política del Gobierno al respecto. La representante del FROB, Teresa Santero, pasó de apoyar la remuneración de Gorigolzarri a oponerse en la junta de accionistas de este viernes.
La tentación del Gobierno por colocar a hombres afines al frente de ambos grupos puede volver, como en los tiempos de Zapatero. Sería lamentable y más que lo haga de la mano de un intrigante como Del Rivero, especialista en entrar en las empresas por la puerta de atrás.
Al comienzo de la pandemia, con ocasión del decreto sobre el Estado de alarma, Pablo Iglesias puso sobre la mesa la nacionalización de las eléctricas para garantizar el suministro y combatir la pobreza energética. Calviño se negó en redondo, amenazó con dimitir y Sánchez se echó atrás. Gracias a ello, España no es hoy una República bananera como Venezuela. Espero que la cordura se imponga de nuevo en esta ocasión.
PD.-La Unión Europea revisó al alza el crecimiento de la economía española para este año y el que viene, hasta situarla como la más dinámica de Europa.
Pero dejó intacta la previsión de desempleo, que permanecerá en tasas cercanas el 16 por ciento, uno de los porcentajes también más alto de Europa. Un días después, el Banco de España urgió en su informe de estabilidad de 2020 a reducir el coste del despido a la mitad, a fin de facilitar que las empresas puedan aligerar su carga laboral para sobrevivir.
Por contra, la vicepresidenta, Yolanda Díaz, y el ministro de Seguridad Social, Jose Luis Escrivá, anunciaron sendas medidas para eliminar la temporalidad, una de las más altas de Europa debido a que el sector turístico tiene un peso superior al diez por ciento. Díaz quiere que los contratos sean fijos por ley.
Si se quiere reducir el empleo temporal hay que crear las condiciones para atraer inversiones, promover reformas estructurales, elaborar un plan para atajar la deuda y el déficit y no subir los impuestos. Nada de esto está en los planes del Ejecutivo, según el Banco de España y la AIReF.
La única esperanza del Gobierno en estos momentos está puesta en los fondos europeos para transitar hacia una economía más verde y digitalizada, con mayor resistencia a las crisis y con empleo de calidad.
Pero hasta que eso ocurra (si es que se gestiona con éxito), atajar el empleo temporal mediante Real Decreto puede resultar un boomerang que produzca el efecto contrario y decapite a la gallina de los huevos de oro del turismo ó la hostelería. Ya bastante tocada. Mejor un empleo temporal que un parado.