En las Navidades de 2014, Rodrigo Rato llamó a su secretaria, Teresa Arellano, al despacho y le dijo: "Necesito que me firmes esto". Teresa, que la había acompañado desde sus comienzos en el PP de Fraga de los ochenta y se preocupaba hasta por la educación de sus hijos, echó un vistazo a los documentos. El texto mencionaba el nombre de una sociedad, Kradonara, domiciliada en Sotogrande, pero cuya matriz, Vivaway, tenía sede en Gibraltar, y le otorgaba los poderes para su administración.
Teresa tiene sólo estudios primarios, pero había aprendido, después de tantos años al lado de un político, a no adquirir compromisos que no pudiera cumplir:
-Pero ¿esto qué es señor Rato?, ¿cómo voy a ser yo la administradora de una sociedad suya si no entiendo de cuentas?, le espetó.
-No te preocupes, Teresita, no tienes que hacer nada, es sólo un tema formal porque, en estos momentos, no puede asumir esa responsabilidad.
Teresa se negó en redondo a estampar su firma en el documento. Pero Rato volvió a la carga. Un febrero de 2015, unos meses después, la citó en el despacho de un notario. La secretaria, acostumbrada a administrar los alquileres de varios pisos en Madrid propiedad del ex vicepresidente, acudió pensando que se trataba de la firma de un contrato con un inquilino y se encontró de nuevo con el documento delante de sus narices. La presión fue tan abrumadora que, al final, no tuvo más remedio que estampar su firma delante del notario. A partir de ahí comenzó su vía crucis judicial.
Ayuso es la única que puede salvar los muebles del PP al grito de "libertad o socialismo"
Unos meses después, en abril de 2015, unos agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera entraban en el domicilio y en las oficinas de Rato en Madrid por orden del juez. El ex vicepresidente fue detenido y trasladado a la fuerza a las dependencias policiales, donde permaneció durante ocho horas hasta su liberación. Su secretaria, sorprendida en su trabajo, pasó 24 horas en el calabozo por colaboración en presunto fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, al igual que su jefe.
La imagen de Rato, obligado a entrar en el coche policial con una mano presionando sobre su nuca, dio la vuelta al mundo, y marcaría un antes y un después en su vida y en el devenir del PP.
Kradonara había sido utilizada en 2010 y 2011 para cobrar comisiones por la venta de publicidad de Bankia, donde Rato había colocado al frente de ese departamento a su secretaria. Luego también se benefició del uso de las tarjetas black.
Esta semana, el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, dio la lista de los altos cargos que cobraban sueldos de la caja B, entre los que estaban, además, de Rato, Aznar, Rajoy, Mayor Oreja, Javier Arenas ó Cospedal. La plana mayor del partido del Gobierno en ese momento. Bárcenas no pudo aportar pruebas contundentes que corroboren sus acusaciones, más allá de una lista con las cantidades percibidas por cada uno. Pero en Génova, 13, el edificio que aún sirve de cuartel general del PP, no es complicado confirmar de boca de algunos de sus empleados que los pagos fueron reales, se hicieron al margen de la ley y escaparon al control de Montoro, que mientras perseguía a millones de contribuyentes, por presunto fraude.
Pablo Casado quiso cortar con todo lo anterior por las bravas. Cuando llegó a la presidencia del PP, prescindió de la vieja guardia. Pero es difícil desprenderse de los fantasma del pasado, que ahora lo acechan. Es imposible borrar la memoria colectiva de los ciudadanos. Desde entonces, sus pasos han ido de error en error.
Después del batacazo de las elecciones catalanas, puso a la venta la imponente sede social del partido en Madrid. Pero no exigió responsabilidad alguna por el fracaso. Todos las miradas apuntaban a su secretario general, Teodoro García Egea. El candidato del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, se quejaba de que la campaña había sido orquestada desde Madrid, sin apenas dejarle meter baza. El resultado fue desastroso, perdió un diputado y, lo peor, Vox arrasó con casi el cuádruple de escaños.
Después del sorpaso de los seguidores de Santiago Abascal, Casado y García Egea se centraron en intentar borrar de la faz de la tierra a Arrimadas, que había puesto un precio muy caro a su traspaso. En vez de pensar en una estrategia defensiva, intentaron dinamitar Cs con apoyo de Albert Rivera.
El martes pasado, ni Casado ni García Egea pudieron conciliar el sueño. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, llamó a rebato al filo de la medianoche, cuando se enteró que los diputados de Cs iban a reunirse a la mañana siguiente con un importante dirigente de Madrid, Carlos Cuadrado.
López Miras temía una moción de censura, como luego ocurrió, pero se aferró al sillón, aún a sabiendas de que podía perderlo. Si dimitía y disolvía las cortes murcianas no podría presentarse como candidato, porque la Ley impide estar más de dos legislaturas. La opción era elegir a dedo a otra persona, pero López Miras se negó. García Egea, murciano como él, no forzó su renuncia.
El tsunami no se llevó por delante el Gobierno murciano, tras las negociaciones encabezadas por el propio Egea para comprar a tres diputados de Cs. La reverberó en todas las autonomías, menos Galicia, donde el PP gobernaba en coalición (Andalucía, Castilla y León y Madrid). En esta última, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, lo vio claro y disolvió el Parlamento regional, pese a que en Ciudadanos negaron que hubiera un complot para derribarla.
Si Ayuso pierde la Comunidad de Madrid, sus habitantes dejarán de ahorrarse más de 4.000 millones anuales en rebajas de impuestos e incentivos fiscales. Pero, sobre todo, el PP corre el riesgo de extinguirse, de desaparecer del mapa. La Comunidad de Madrid es el gran bastión que le queda en pie, junto a Galicia y Andalucía. Casado se juega su futuro en las urnas madrileñas, si el 4 de mayo se celebran elecciones.
¿Qué queda del partido liberal, que redujo del 11 por ciento a alrededor del 3 el déficit fiscal, contuvo el desmadre de la deuda ó recortó las cifras de desempleo en más de dos millones? Poco o nada. Montoro está en su casa. Los hermanos Nadal, uno ex ministro de Industria y el otro autor de la reforma, que acabó con el déficit de la tarifa eléctrica, se tuvieron que marchar fuera de España para mantener su tren de vida. El resto de figuras emblemáticas como Fátima Báñez, ex ministra de Trabajo, y autora de la reforma laboral; la titular de Agricultura, Isabel García Tejerina, ó la ex vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dejaron voluntariamente la formación política para trabajar en el sector privado. Hasta María Dolores de Cospedal, ahora en el ojo del huracán Bárcenas, prefirió volver a su anterior puesto en la administración de Justicia.
El PP se ha quedado sin cuadros directivos de caché, los abogados en su ejecutiva se cuentan con los dedos de la mano cuando antes eran legión, se queja uno de sus miembros. El talento ha volado, nadie quiere engancharse a unas siglas apestadas.
¿Quién va a defender, ahora que el PP está en los infiernos, las reformas que necesita la economía para emprender la senda de la recuperación? Vox es un partido muy joven, que tampoco cuenta con expertos en economía, entre los dirigentes al mando.
-Nadie, contesta una fuente de Moncloa. Nosotros no vamos a llevar una política de austeridad y de ajustes porque perderíamos las elecciones. Y menos aún con Podemos como socio de Gobierno de la coalición.
Los socialistas reconocen que el plan de 7.000 millones que este viernes aprobó el consejo de ministros es papel mojado. "Llega demasiado tarde debido a la tacañez de Nadia Calviño y María Jesús Montero, celosas de que el déficit se les fuera de las manos, y su cuantía es insuficiente", dicen tajantes.
El profesor de la Universidad de Barcelona, José María Gay de Liébana, estima en 200.000 millones, la cantidad necesaria para evitar una debacle entre las pequeñas y medianas empresas en los próximos meses.
Bruselas mantendrá la barra libre de gasto hasta 2023; la presidenta del BCE, Christine Lagarde, se dispone a aumentar las compras de deuda si fuera necesario para mantener los tipos de interés a raya, y a partir de junio deberían comenzar a llegar los primeros 10.000 millones en fondos europeos, lo que permitirá que siga la fiesta y sostener la actividad, aunque sea de manera artificial.
"Con discrepancias y altibajos, tenemos la legislatura asegurada por lo menos un par de años", añaden fuentes oficiales. "Además, con la derecha rota y dividida no hay alternativa al actual Gobierno", "La idea es romper la coalición cuando la economía esté en pleno despegue, antes de que haya que comenzar a aplicar ajustes para poner en orden las cuentas públicas", admiten sin rubor los socialistas.
La esperanza blanca del PP, el único clavo ardiendo al que agarrarse en estos momentos es Ayuso. "Socialismo ó libertad", dijo la aún presidenta de Madrid para justificar la disolución de su Gobierno. Esa es la única salida que queda.
PD.-Si la semana pasada, nos llevamos las manos a la cabeza después de conocer que Duro Felguera recibía 120 millones de la SEPI por su cercanía a los socialistas, ésta volvemos a escandalizarnos por el rescate de Plus Ultra, una aerolínea que jamás ganó un euro ni es estratégica, pero está vinculada Maduro. Pablo Iglesias parece que copió la idea del capitalismo de amiguetes, que tanto criticó en gobiernos del PP.
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