La composición del comité de expertos creado por el ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, para llevar a cabo la desescalada pasará a la historia como uno de los secretos guardados con siete llaves en el Palacio de la Moncloa. Nadie conoce aún a los miembros que asesoraron a Illa o a Fernando Simón, probablemente porque jamás existieron. Su labor fue descorazonadora, la desescalada se hizo de manera chapucera y precipitada, según reconoció el presidente del Gobierno, y dio paso a la segunda ola de contagios después del verano del año pasado.
Esta semana se conoció el dictamen del consejo de Estado sobre el manejo del Fondo de Recuperación y Resiliencia Next Generation, que gestionará los 140.000 millones que España recibirá de la Unión Europea. Los miembros, todos hombres de Estado con ambiciones políticas ya caducadas, inciden en la falta de control de estos fondos y reclaman la creación de comité técnico, que dé soporte legal a la comisión oficial que decidirá su reparto.
Si a esto se suma otro de los aspectos críticos, la ausencia de una intervención delegada para la adecuada supervisión de los proyectos, el asunto huele mal. El Consejo apunta básicamente a que los fondos corren el riesgo de que se repartan a dedo, o que los criterios políticos primen sobre los objetivos económicos.
El fondo europeo de recuperación corre el grave riesgo de repartirse a dedo, con criterio político
En la historia de la humanidad hubo muchos precedentes de comités creados a la medida de dictadores o líderes autoritarios El Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS) era un refectorio de políticos, fiel reflejo de la voluntad del gobernante ruso de turno. Nikita Jruschov, Leonid Brézhnev ó Mijaíl Gorbachov fueron algunos de sus dirigentes reconocidos.
Maximilien Robespierre, uno de los líderes más sanguinarios de la Revolución Francesa, creó un Comité de Salvación Pública para dirigir la República, encargado de aplaudir y secundar sus órdenes, gracias al que acabó en el cadalso.
Después de estas experiencias, puede afirmarse, sin temor a equivocarse, que Sánchez muestra una alergia enfermiza a la creación de comités, prefiere resolver los asuntos de forma expedita, sin consultar con nadie, para luego echar la culpa a los demás. Con la excusa de las prisas, el Gobierno ha hecho un traje a su medida para entregar el dinero que llegue de Europa a su antojo.
El mecanismo de reparto de los fondos recogido en un Real Decreto, que logró paradójicamente el respaldo del arco parlamentario incluido Vox, es confuso. Como lo es la cantidad que la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, entregará en ayudas para salvar a las empresas afectadas por la crisis.
Pero aún es peor la incertidumbre que se está introduciendo sobre las libertades, al anteponer el derecho a una vivienda sobre la propiedad privada, ambos recogidos en la Constitución. La expropiación de más de una cincuentena de viviendas por parte de la presidenta de Baleares, Francina Armengol, acogiéndose a una Ley aprobada en 2018, crea un precedente muy preocupante, que corre el riesgo de extenderse por todo el mapa hispano.
La expropiación de Armengol, que socava la propiedad privada, se aplicará en más autonomías
Media docena de comunidades autónomas modificaron la legislación para llevar un registro de pisos vacíos. Seguir los pasos de Baleares, sólo les costaría elaborar una ley similar que sea sancionado por los parlamentos autonómicos, para que no pase como en Cataluña, donde el Constitucional tumbó la norma que limitaba los alquileres porque sólo tenía rango de Real Decreto. Es sólo cuestión de tiempo y forma que la confiscación de viviendas vacías prenda en toda España.
¿Qué puede pensar un inversor alemán que quiera comprar una vivienda en Baleares?, ¿Qué puede acabar expropiado o con un inquilino incómodo difícil de expulsar cuando vaya esporádicamente a visitarla de vacaciones?
Si hace unas semanas, el Gobierno tuvo que tragar con una normativa que protegía a los ocupas, Iglesias quiere dar otra vuelta de tuerca en la nueva Ley de Vivienda que prepara Ábalos, que obligue a los grandes tenedores de inmuebles a ceder un tercio para el alquiler social. Y cuidado, porque quiere que afecte a los arrendadores que tengan cinco o más viviendas en propiedad. Esta semana, ya logró un pequeño pacto para endurecer los desahucios por la vía civil.
Iglesias no se conformará con poner límite a los alquileres, que incorporó con uno de los objetivos de la Agenda 2030, como si fueran una de las grandes amenazas para la pervivencia de la humanidad, ahora quiere quedarse con las propiedades. En esas andamos.
Existe, además, el riesgo de que mientras la legislación avanza en su adaptación a la república bananera de Chavez ó Maduro, la oleada de ocupaciones de inmuebles, que el año pasado se multiplicó por dos, se transforme en un maremoto, que arrase las zonas urbanas. ¿Qué inversor va a poner un euro en España con estas perspectivas?
Para colmo de males, la economía, que iba a crecer el 9,8 por ciento gracias al impulso del famoso Fondo de Recuperación y Resiliencia, según los Presupuestos del Estado, se quedará en poco más de la mitad.
En el primer trimestre, el Producto Interior Bruto (PIB) se contrajo alrededor del 2 por ciento, según la estimación de AIReF; la cifra oficial de paro superó la barrera de los cuatro millones en febrero; los Ertes saltaron hasta 900.000 personas y los autónomos en cese de actividad casi se duplicaron, hasta rebasar el medio millón. En total, casi seis millones, un tercio de la población activa, está parada o en su casa.
Calviño, que se las prometía muy felices a comienzos de año, está ahora asustada. El próximo martes presentará al Consejo de Ministros un plan de 11.000 millones para intentar alargar la vida de las empresas moribundas ó al borde de la extinción, hasta que aminore la pandemia. Una cantidad insignificante, teniendo en cuenta que sólo Exceltur, la patronal del turismo, estima en 50.000 millones los necesarios para evitar una debacle empresarial.
Existe un intenso debate entre analistas sobre si el avance de las vacunas y la vuelta de turistas en verano producirá un efecto champán sobre la actividad. El consumo retenido durante tantos meses, unido al ahorro de los ciudadanos, que aumentó a ritmos del 30 por ciento, debería provocar una especie de estampida, en cuanto el efecto rebaño sobre la inmunidad al virus vaya tomando cuerpo en el segundo semestre.
Se augura, incluso, un incremento de la inflación que puede volver a crear tensiones con los tipos de interés y encarecer la financiación de las empresas y los consumidores.
La mayoría, sin embargo, considera que la explosión del consumo será más bien gaseosa. Es decir, que tendrá un efecto muy limitada en el tiempo, dado que los males endémicos de la economía española se agravaron con el virus y costará años en recuperarlos.
El incremento de los precios provocado por factores coyunturales como el encarecimiento de los fletes marítimos o la falta de chips para la industria, así como la carestía de los servicios, combinado con la falta crecimiento crean un cóctel molotov, que augura un período de estanflación. Bajo crecimiento con inflación y desempleo elevados, una especie de Covid para la economía, que costará años dejar atrás.
El Comité de Salvación Nacional de Sánchez, integrado por Iglesias y sus socios independentistas, al que esta semana se sumó Armengol es la guinda que faltaba al pastel. Con su panda de ocurrencias diarias para sembrar la inseguridad jurídica, espantar inversores, jalear los actos vandálicos del terrorismo callejero ó socavar la estabilidad institucional y la monarquía constitucional crean un panorama aterrador, como en tiempos de Robespierre. No se sabe si estamos saliendo de la crisis o entrando en otra que socave las bases de nuestra convivencia democrática y la estabilidad económica.
PD.-Como nos sobra el dinero, la SEPI ha decidido tirarlo por la ventana. Conceder 120 millones a Duro Felguera, una empresa medio quebrada que aseó su balance para dar unas exiguas ganancias de diez millones en 2019, es un truco demasiado burdo para que Hacienda lo tolere. Las pérdidas de Felguera, que terminó 2020 sin liquidez y al borde de concurso, no son fruto de la pandemia, si no de la negligencia de una legión de gestores manirrotos, que incurrieron en presuntos fraudes. La SEPI está para rescatar a sociedades viables, no a zombis. Espero que no haga lo mismo con Abengoa.
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