La progresiva estatalización de las rentas de los ciudadanos y la conversión en empresas quebradas de las que hoy tienen deudas, amenazan la sostenibilidad de la economía española. Esto implica no solo poner en cuestión el estado de bienestar, sino el riesgo de insolvencia del propio Estado.
La última Encuesta de Población Activa pone de manifiesto que el empleo destruido en el ámbito privado durante el año 2020 asciende a 748.400 personas, mientras que en el ámbito público el empleo ha crecido en 125.800. A esto es a lo que nos referíamos en el primer párrafo como la progresiva estatalización de las rentas de los españoles, que es un riesgo cierto que debemos resolver. Detengámonos en esta cuestión.
La progresiva estatalización de las rentas pone en cuestión el estado de bienestar
Es una obviedad decir que los impuestos que pagan los ciudadanos son los que sostienen al "Sector Público". Hoy en nuestro país hay 18'3 millones de personas que reciben algún tipo de prestación pública y 15'9 millones de trabajadores en el sector estrictamente privado. La pregunta inmediata que debemos hacernos es durante cuánto tiempo podremos sostener una situación como la descrita, sobre todo, en un momento en el que, como ha sucedido en el año 2020, caen los ingresos, se incrementa el número de perceptores de prestaciones del Estado, sube la cuantía de la pensión media de jubilación y, como se ha señalado, se destruye empleo en el ámbito privado y se crea en el público
Somos conscientes de que los empleados públicos, los pensionistas o los beneficiarios de prestaciones por desempleo pagan sus impuestos como el resto de los ciudadanos, siempre que incurran en las circunstancias establecidas por la ley tributaria. No obstante, conviene llamar la atención sobre el modelo de sociedad que se está construyendo y sobre la sostenibilidad de su estructura a medio plazo, en el que el peso de los perceptores del rentas públicas alcanza los niveles descritos en comparación con quienes lo hacen del sector privado. Si no hay un sector privado potente y generador de riqueza, cada vez habrá menos recursos para pagar un número creciente de personas que dependen del Estado.
En segundo lugar, me refiero a la amenaza que supone que la deuda se convierta en insolvencia. Los datos suministrados ponen de manifiesto que carecemos de margen fiscal. De hecho, en la primavera de 2020, el análisis de las cuentas españolas de 2019, es decir antes del COVID, llevó a la Unión Europea a cerrar nuestro déficit en el 2'8% del PIB. Asimismo, llamó la atención sobre el crecimiento del déficit estructural y advirtió que el desequilibrio observado nos abocaría de nuevo a la apertura del expediente por Régimen Excesivo. Esto dicho, insisto en ello, sobre las cuentas de 2019, por tanto, antes de la pandemia.
Urge un plan de consolidación fiscal creíble, en línea con lo marcado por la Unión Europea
El déficit público del 11% del PIB con el que posiblemente terminará el año, si no es aún mayor, nos devuelven a los peores años de la crisis financiera y la deuda, que puede alcanzar el 120% del PIB, a niveles desconocidos en nuestra historia económica. Este nivel de endeudamiento de Sector Público, se une ahora a un repunte muy preocupante del que afecta al sector privado, lo que nos puede abocar a una crisis financiera en la que de nuevo se confundan la deuda privada y la soberana en el núcleo de las cuentas de las entidades financieras. De hecho, el retraso en la salida de la pandemia y una reacción a la desaceleración menos intensa de los esperado, incrementa los riesgos de colapso, como ya advirtió Mario Draghi en el momento en el que el Banco Central y el Consejo Europeo activaron respectivamente el Programa de Compra de Bonos y la suspensión transitoria de las Reglas de Disciplina Fiscal.
Si queremos evitar que el incremento de los niveles de deuda nos arrastre a la insolvencia, debemos trazar un plan de consolidación fiscal creíble, en línea con lo marcado por las autoridades europeas, el Banco de España y la AiRef. Al mismo tiempo, es imprescindible corregir el error de contraponer la ayuda a los más vulnerables y a quienes sostienen el empleo del país, porque sin empresas, la recuperación puede llegar demasiado tarde.
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