Carlos Floriano Corrales

Profesor Titular de Economía Aplicada y Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado

El principio quien contamina paga que preside la política medioambiental desde hace décadas, se pretende completar con el corolario … y quien no contamina también. Así parece deducirse de la decisión adoptada en el Consejo de Ministros del 1 de junio, por la que se aprueba la tramitación del anteproyecto de Ley para corregir el dividendo que reciben las centrales no emisoras de gases de efecto invernadero. El objetivo es reducir unos presuntos ingresos extraordinarios que están recibiendo varias energías que contribuyen a la lucha contra el cambio climático: las centrales nucleares, la mayor parte de las hidroeléctricas y unos 1500 MW de energía eólica, debido al alza en los precios de los derechos de emisión de CO2 que tienen que adquirir las eléctricas que usan combustibles fósiles para su producción.

La Unión Europea es uno de los protagonistas en la lucha mundial contra el cambio climático, posiblemente uno de los retos más importantes a los que se enfrenta la humanidad. Tener éxito depende, en gran medida, de la capacidad para que las políticas de descarbonicación impulsadas en los diversos acuerdos liderados por Europa, sean aplicadas en el resto de los países, especialmente, en aquellos que emiten más gases de efecto invernadero en sus procesos de producción energética e industrial. En este sentido, tenemos que felicitarnos por el giro que, en esta materia, ha dado en Estados Unidos la administración Biden.

La afirmación de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid practica “dumping fiscal” no es nueva, aunque en los últimos meses se escucha con más reiteración. Tiene su origen en que la política de impuestos bajos molesta y quieren acabar con ella; no en vano, es el mejor ejemplo para los ciudadanos que reclaman en sus comunidades autónomas un tratamiento fiscal similar en Sucesiones, Patrimonio o IRPF. La excusa es un presunto paraíso fiscal y el instrumento, el eufemismo de la armonización.

El descenso del 10’8% del PIB en el año 2020 tiene una dimensión histórica y su cara más dramática la vemos reflejada en los datos de desempleo que lo acompañan y en el incremento de la desigualdad. El ejemplo de esta crisis social podemos verlo en la crudeza del informe del Observatorio de la Realidad Social de Caritas, publicado en Madrid el mes pasado, que recoge sus actuaciones desde marzo de 2020. En él se describen las circunstancias en las que viven casi 2.000.000 de personas en nuestro país, a la espera de los datos que nos suministre el informe definitivo en el mes de junio. Otra dimensión trágica aparece al conocer que se han incrementado en 500.000 los ciudadanos que tienen que acudir a las “colas del hambre” y la pone especialmente de manifiesto la Federación Española de Bancos de Alimentos cuando señala, que en sus 54 servicios asociados, atienden a 1’63 millones de ciudadanos, 600.000 más que antes de la crisis sanitaria.

Los datos de paro registrado del mes de enero remarcan uno de los aspectos más dramáticos de la crisis, golpeando sobre el pilar que sostiene nuestro estado de bienestar. Junto al número de personas inscritas en los registros de desempleo, al de trabajadores en Erte o a los autónomos en cese de actividad, conviene tener presente la calidad del empleo mismo, que continúa en un proceso de decadencia.

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