Profesor Titular de Economía Aplicada y Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado

El presidente del Gobierno y algunos ministros hacen uso del poder con arrogancia y cierta dosis de matonismo arremetiendo contra los empresarios con cualquier excusa. No lo justifica que las acometidas más frecuentes procedan de quienes han pasado de ser dirigentes de una ONG o de portar una pancarta, a un despacho en el que se diseña el destino de la cuarta economía del euro; o de ser concejal en la oposición del Ayuntamiento de Madrid a presidir el gobierno, porque es algo premeditado. El populismo se comporta así cuando los ciudadanos descubren la inoperancia de sus políticas y la falsedad de sus relatos: sostener un discurso les resulta más sencillo que afrontar la realidad y hacer propaganda más fácil que resolver problemas. Primero hacen una condena general a los "poderosos", "a los bancos", "a los fondos buitres", "a los de arriba" y, si las encuestas aprietan, concretan al "reo" en empresas o en sus accionistas más relevantes con nombres y apellidos, resultándoles indiferente si es el presidente de Mercadona, el de Inditex o la presidenta del Banco de Santander.

El titular del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, cuando decía ser independiente y Presidente de la Airef, cuestionaba el índice de revalorización de las pensiones aprobado por el anterior gobierno. Sostenía que era excesivo e introduciría desequilibrios financieros en el sistema. Ahora, no le debe parecer excesivo subir todas las pensiones de acuerdo con la inflación independientemente de su cuantía, lo que ha elevado el gasto mensual en tasa interanual hasta el 10,8% en el mes de enero, alcanzando el desembolso total el 12% del PIB.

Cuando los actuales responsables del Ministerio de Trabajo y Economía Social estaban en la oposición, enarbolaban un discurso teatralmente indignado contra la regulación laboral recogida en el Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, exigiendo su inmediata derogación por considerarla una afrenta contra la clase trabajadora. Después de tres años en el gobierno, llegaron a la conclusión de que debían abandonar aquel propósito basado en muy poco análisis y mucha demagogia y, sustituir aquel relato, por el de terminar con la precariedad y la temporalidad del empleo en España.

De acuerdo con el artículo 29 de la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, nuestro país está obligado a remitir a las autoridades europeas, junto al Programa de Estabilidad, un plan presupuestario que incorpore una senda de consolidación fiscal a medio plazo, que reduzca los ratios de déficit y deuda pública al final del período.

Todas las valoraciones del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023 que se han realizado desde distintas instituciones, con independencia de su carácter público o privado, nacional o internacional, cuestionan el cuadro macroeconómico con el que se presentaron. Reducen el crecimiento del PIB previsto, incrementan la inflación esperada, subrayan las inconsistencias que se derivan de ello y el escaso rigor a la hora de hacer las previsiones de ingresos y gastos. En general, puede decirse que estos presupuestos ponen de manifiesto la obsesión del populismo por creer que los problemas de los españoles solo se solucionan gastando más y no gastando mejor. Una ofuscación que tiene su equivalencia en el lado de los ingresos: no se gobierna con lo que se recauda, sino que se gobierna para recaudar.

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