Carlos Floriano Corrales

Profesor Titular de Economía Aplicada y Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Senado

La afirmación de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid practica “dumping fiscal” no es nueva, aunque en los últimos meses se escucha con más reiteración. Tiene su origen en que la política de impuestos bajos molesta y quieren acabar con ella; no en vano, es el mejor ejemplo para los ciudadanos que reclaman en sus comunidades autónomas un tratamiento fiscal similar en Sucesiones, Patrimonio o IRPF. La excusa es un presunto paraíso fiscal y el instrumento, el eufemismo de la armonización.

El descenso del 10’8% del PIB en el año 2020 tiene una dimensión histórica y su cara más dramática la vemos reflejada en los datos de desempleo que lo acompañan y en el incremento de la desigualdad. El ejemplo de esta crisis social podemos verlo en la crudeza del informe del Observatorio de la Realidad Social de Caritas, publicado en Madrid el mes pasado, que recoge sus actuaciones desde marzo de 2020. En él se describen las circunstancias en las que viven casi 2.000.000 de personas en nuestro país, a la espera de los datos que nos suministre el informe definitivo en el mes de junio. Otra dimensión trágica aparece al conocer que se han incrementado en 500.000 los ciudadanos que tienen que acudir a las “colas del hambre” y la pone especialmente de manifiesto la Federación Española de Bancos de Alimentos cuando señala, que en sus 54 servicios asociados, atienden a 1’63 millones de ciudadanos, 600.000 más que antes de la crisis sanitaria.

Los datos de paro registrado del mes de enero remarcan uno de los aspectos más dramáticos de la crisis, golpeando sobre el pilar que sostiene nuestro estado de bienestar. Junto al número de personas inscritas en los registros de desempleo, al de trabajadores en Erte o a los autónomos en cese de actividad, conviene tener presente la calidad del empleo mismo, que continúa en un proceso de decadencia.

La progresiva estatalización de las rentas de los ciudadanos y la conversión en empresas quebradas de las que hoy tienen deudas, amenazan la sostenibilidad de la economía española. Esto implica no solo poner en cuestión el estado de bienestar, sino el riesgo de insolvencia del propio Estado.

Carlos Floriano

Los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2018 son los presupuestos de un país que crea riqueza y toma la decisión política de repartirla subiendo las pensiones, bajando los impuestos o incrementando los salarios públicos.

Últimos artículos de Opinión