El Tribunal Constitucional respaldará la Ley de Amnistía, pero no libra a Puigdemont por malversación

El borrador de sentencia que ha elaborado la vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), la magistrada progresista Inmaculada Montalbán, para dar respuesta al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP avala la Ley de Amnistía, aunque deja qué pasa con los delitos de malversación por los que está imputado el expresidente de Cataluña Carlos Puigdemont.

El fallo de la Corte de Garantías, que se espera para finales de este mes, avala la Ley al considerar que "el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o explícitamente".

El borrador, de 191 páginas, parte analizando el principal motivo de impugnación de los populares, para los cuales la ley es inconstitucional porque la amnistía "requeriría una habilitación expresa" de la Carta Magna y no la hay, a lo que anudaban que sí prohíbe expresamente los indultos generales, por lo que entendían que por analogía debía concluirse que la amnistía no era posible.

Sin embargo, Montalbán sostiene que "el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente". Y sobre esto último, aclara que la amnistía y el indulto son "instituciones diferentes", por lo que "la inconstitucionalidad de una ley de amnistía no puede fundamentarse en la prohibición de los indultos generales".

Asimismo, la vicepresidenta del TC responde al PP, respecto a la verdadera motivación de la ley de amnistía, que "la ley, como acto jurídico y siempre que respete lo establecido en la Constitución, es libre en cuanto a su fin, que se fija según criterios de oportunidad política".

Delito de malversación

La ponencia de Montalbán no se pronuncia expresamente sobre el delito de malversación, puesto que el recurso del PP contra la norma nada pidió al respecto, a pesar de que la interpretación del Tribunal Supremo ha conducido a no aplicar la ley al expresidente catalán Carles Puigdemont ni al que fuera su número dos Oriol Junqueras por estos delitos.

El Supremo entendió que la malversación del procés recae en una de las excepciones que contempla la propia Ley de Amnistía para no aplicarla: que obtuvieron un beneficio personal. Ya que los líderes independentistas no pagaron de sus bolsillos el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 sino que lo costearon con dinero público.

En consecuencia, fuentes jurídicas anticipan a EP que, incluso con una Ley de Amnistía declarada constitucional, se mantendrán las órdenes nacionales de detención contra Puigdemont y los ex consejeros catalanes Toni Comín y Lluis Puig, así como las penas de inhabilitación de Junqueras y los demás condenados por el procés, que llegan hasta 2031.

No obstante, la cuestión quedará un timpo en el limbo puesto que el Tribunal de Cuentas remitió una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que se pronunciara sobre si la amnistía también se extendía a los delitos de malversación.

Fallo a finales de junio

La ponencia redactada por Montalbán se repartirá este lunes entre los magistrados para que puedan estudiarla de cara al Pleno que empezará el 10 de junio y que servirá para que la vicepresidenta del TC la exponga a sus compañeros. Las deliberaciones, sin embargo, no tendrán lugar hasta el siguiente Pleno, el que arrancará el 24 de junio, cuando está previsto el fallo.

En ese segundo cónclave, se abordarán la ponencia y la propuesta de Montalbán para responder a los escritos presentados por el PP, el Senado y los magistrados del TC Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel --enmarcados en la minoría conservadora--, en los que instan a la corte de garantías a paralizar esta primera sentencia sobre la amnistía hasta que el TJUE resuelva las cuestiones pendientes o a que el propio TC plantee una.

Conde-Pumpido ya descartó paralizar el procedimiento a la espera de que el TJUE contestase a las preguntas realizadas por los tribunales españoles, argumentando que "la función de control abstracto de constitucionalidad que debe realizar el TC (...) es independiente de las decisiones adoptadas por otros órganos jurisdiccionales en el ámbito de su competencia específica", en este caso el encaje de la amnistía en el derecho comunitario.

En un último movimiento, el PP también ha emplazado a Conde-Pumpido a que se abstenga, aduciendo que la misma doctrina que se usó para apartar al magistrado conservador José María Macías del debate sobre la amnistía --que siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se pronunció sobre la ley en textos institucionales-- debe aplicarse al presidente del TC porque su mujer era vocal de ese mismo CGPJ.

Desde Domenico Scarlatti avanzan que, una vez dictada la primera sentencia sobre la ley de amnistía, el TC adoptará un perfil bajo, de modo que no retomará los demás recursos de los gobiernos y asambleas regionales hasta la vuelta del verano.