
A Dios Rogando y con el mazo dando. Así van Pedro Sánchez y su gobierno por Europa, implorando que nos manden cuanto antes los dineros del Fondo de Reconstrucción mientras se empeñan en intentar desmoronar los fundamentos del Estado de Derecho anulando la independencia de los jueces, al tiempo que infringen todas las condiciones, recomendaciones y orientaciones económicas que se dictan desde los órganos de gobierno de la UE y por la mayoría de los Estados miembros.
Desde Alemania, Holanda, Austria y la propia Comisión, sus dirigentes y en los medios de comunicación nos ven ya como un Estado fallido que lastra la recuperación del conjunto, y desde algunos de esos gobiernos que son los que deben refrendar las ayudas se preguntan ya si es racional entregar dinero a un país que despilfarra el gasto público y mantiene una Administración elefantiásica.
Así, y mientras el Fondo Monetario Internacional nos condena al infierno económico y certifica que no sólo tenemos el Gobierno que peor ha gestionado sanitariamente la pandemia, sino que somos el país que sufrirá la peor recesión mundial, la coalición de Sánchez e Iglesias pretende responder con las trasnochadas recetas del zapaterismo consistentes en mayor gasto público, más endeudamiento y subidas de impuestos a una sociedad que sufre ya una presión fiscal desmesurada especialmente en las clases medias que son quienes dinamizan las economías en la sociedades de mercado.
Las subidas de impuestos son la respuesta contraria al llamamiento de la Comisión Europea para apoyar a las economías durante la pandemia y van en sentido opuesto a las rebajas fiscales que han anunciado las principales economías de la UE
Recetas que ya fracasaron en 2009 y que derivaron en la congelación de las pensiones, la bajada de sueldos a los funcionarios, el rescate bancario y un empobrecimiento general, además de que una subida de impuestos es la respuesta contraria al llamamiento de la Comisión Europea para apoyar las economías durante la pandemia.
Frente a las subidas del 21 por ciento para Sanidad y Educación, la subida de los impuestos de Patrimonio y Sociedades, y la posible del IRPF, con las que nos amenazan en Moncloa, Alemania ha anunciado una bajada de impuestos a los trabajadores cualificados a la que hay que sumar la bajada del 3 por ciento de IVA que implementó este mismo verano.
En la misma línea, Enmanuel Macron en Francia, que ya anunció una inyección de casi cien mil millones de euros para proteger a las empresas y a las familias con menos recursos, también ha rechazado subir sus impuestos y se abre a reducciones con vistas a recuperar los niveles precovid de su economía en 2022. Igualmente ocurre en Portugal donde el ejecutivo socialista de Antonio Costa, ha descartado subir el IVA y exime de pagar el impuesto de Sociedades a todas las empresas cuya facturación caiga más de un 40 por ciento.
En algunos de los estados miembros de la UE que deben refrendar las ayudas europeas se están preguntando ya si es racional entregar dinero a un país que despilfarra el gasto público y mantiene una Administración elefantiásica
Si miramos a Italia, el gobierno de Conte ha bajado los impuestos a los ciudadanos con ingresos anuales inferiores a 40.000 euros y anuncia una rebaja del IRPF en cuanto reciba los fondos europeos. Y en Bélgica el Ejecutivo aprobó este verano reducir el tipo de IVA al 6 por ciento para restaurantes, hoteles y cafeterías y una bonificación de 300 euros a sus ciudadanos para consumir en estos establecimientos.
Rebajas fiscales que son el estímulo que necesitan las empresas para invertir y crear empleo y los ciudadanos para consumir, en contraposición al hundimiento de las ventas, la fuga de inversiones y la destrucción de empleo en que se suele traducir la obsesión por una presión fiscal esquilmatoria.
Claro que, hay que recordar que, en Italia, el equipo encargado por el Gobierno para la reconstrucción está formado por economistas y empresarios de primer nivel y liderado por Vittorio Colao, un Harvard y ex CEO mundial de Vodafone. Y estos días, Grecia acaba de constituir su comisión para gestionar el reparto de los fondos europeos, presidida por Cristophoros Pissaridis, premio Nobel de Economía 2010 y que está acompañado de prestigiosos profesores en Yale, Londres Oxford y otras universidades europeas. Mientras que aquí el responsable de la oficina para las ayudas europeas es el jefe del Gabinete del Presidente del Gobierno, Iván Redondo.
Sólo nos queda la esperanza de que desde Europa enmienden la plana y que la condicionalidad que necesariamente va a acompañar a esos 144.000 millones de euros que nos han prometido obligue al Ejecutivo sanchista a acometer las profundas reformas que España necesita. De momento ya les han advertido que la independencia judicial no se toca y se mantiene la posibilidad de suspender los desembolsos en caso de incumplimiento de las "las recomendaciones fiscales y macroeconómicas." A ver si esta vez se enteran.