Madrid
La presión que el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha ejercido estos días sobre Pedro Sánchez para que PSOE y Unidas Podemos, presenten una proposición de ley que cambia el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, puede tener consecuencias muy serias para España. Y es que tocar la independencia judicial puede poner en riesgo que el país deje de recibir los 140.000 millones de euros de los fondos de recuperación de la UE. En el peor de los casos desde allí se podría activar el artículo VII de los Tratados, lo que implica suspender el derecho al voto en el Consejo, igual que les pasó a Polonia y a Hungría por violar los valores y principios europeos.
En estos momentos, Bruselas debate la letra pequeña de esos fondos, y sobre la mesa está condicionarlos al máximo respeto a los principios de los Tratados, como el acatamiento al estado de derecho, sin ataques al sistema judicial y, hacer prevalecer los intereses financieros de la UE.
El planteamiento de PSOE-Unidas Podemos pasa por cambiar en el sistema de elección una votación por las tres quintas partes de la cámara -como marca la sentencia del Constitucional 108/86, que salvó la inconstitucionalidad de la reforma del 1985-, por una votación de mayoría absoluta. Con el sustento de los 'socios' de la moción de censura, entre ellos los partidos independentistas que apoyaron el 1-O, saldrían elegidos los jueces que propusiera la izquierda.
El Partido Socialista responsabiliza de su reacción al bloqueo del Partido Popular, que no está dispuesto a negociar ningún órgano con el Gobierno mientras esté por medio Unidas Podemos, lo que propiciaría que "jueces y fiscales estén a sueldo de Iglesias y Monedero", apuntan desde Génova.
Aunque los socialistas critican al PP por su "obstruccionismo", desde bambalinas reconocen -según fuentes parlamentarias- que lo mejor es que se reconduzcan las conversaciones entre Sánchez y Casado, y que Iglesias no haga prevalecer su deseo de interferir en el actual modelo de elección de vocales del CGPJ.
Hay que señalar que, Iglesias se encuentra pendiente de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el caso de corrupción que le salpica en su partido, lo que podría llevar al Alto Tribunal a que el Congreso solicitara el suplicatorio y le quitara al líder podemita su condición de aforado para ser juzgado.
El PP teme que el vicepresidente sea quien lleve la voz cantante en la renovación del CGPJ y del Tribunal Supremo
Iglesias aprovechó su presencia en el inusual acto del día de la Hispanidad de este año, a puerta cerrada en el Palacio Real, para conversar con el actual presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, conversación de la que no se tiene detalle.
Fue Lesmes quien elevó una queja por la ausencia del Rey de España en el reparto de despachos que tuvo lugar hace unos días en Barcelona, y adonde acudió solo el ministro de Justicia. La implicación del político defensor del retorno de la República en una causa judicial, la figura del Rey y la falta del respeto que éste manifiesta por la Corona son otras de las razones por las que la oposición ve "una amenaza con una reforma a la polaca" que el vicepresidente sea quien lleve la voz cantante en la renovación del CGPJ y del Tribunal Supremo.
Del pluralismo al castigo
En la proposición de ley presentada al Congreso, Adriana Lastra y Pablo Echenique apelan a una reforma en el sistema de elección de los miembros del CGPJ que se adapte "al pluralismo existente en el seno de la sociedad española", subrayando que, con este cambio, las dos formaciones estarían cumpliendo el mandato constitucional.
Las apelaciones al mandato de la Constitución ha sido el recurrente argumento de los socialistas para que los populares se avengan a negociar esta renovación, que por otra parte viene siendo una fuerte petición de la Unión Europea. Desde hace meses, la Comisión analiza la situación del estado de derecho en los países de la UE. Ahí se ha cuestionado a Polonia y a Hungría, en el caso del primero, por querer modificar el nombramiento de jueces.
Aunque ya existe un mecanismo desde 2018 para cortar el grifo a los estados miembros que no se guíen por los principios de los tratados, este mes de septiembre, la presidencia alemana presentaba otro mecanismo que es el que se encuentra en estos momentos en el debate de la letra pequeña de los Fondos de Recuperación.
Y mientras PP, Vox y Cs contemplan denunciar la proposición social-comunista ante el Tribunal Constitucional y las instituciones europeas, desde el Gobierno se recalca que la renovación del Consejo del Poder Judicial español no está en cuestión en Europa, recogía este miércoles La Vanguardia. La razón -explican fuentes del Ejecutivo- es que "nadie en Europa pone en cuestión que dos grupos parlamentarios propongan cambiar una ley en España de acuerdo con los procedimientos del Congreso, conforme a la legalidad e incluso para cumplir el mandato de la Constitución".
