Política

Polonia pregunta a la Comisión Europea si también sancionará a España por la reforma del CGPJ que quieren PSOE y Podemos

  • La CE tiene varios expedientes sancionadores abiertos contra Polonia
  • Varsovia alega que su mayoría para elegir a los jueces sigue en los 3/5
Pedro Sánchez, Carmen Calvo y Pablo Iglesias, en el Congreso. Foto: EFE

El viceministro de Exteriores de Polonia, Pawel Jablonski, ha preguntado a la Comisión Europea si también abrirá un expediente sancionador a España si cambia la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como ha propuesto el Gobierno de Pedro Sánchez.

Jablonski ha utilizado el plan del Ejecutivo español para "cambiar las reglas" para poner en valor que en los dos países los miembros del órgano de gobierno de los jueces son elegidos por el Parlamento, apuntando que en el caso polaco es necesaria una mayoría de tres quintos y que, si prospera el cambio en España, bastará con la mitad más uno.

El viceministro polaco se ha preguntado en Twitter si la comisaria europea de Justicia, Vera Jourová, también "intervendrá" en caso de que prospere la reforma en España.

En un mensaje posterior en los dos idiomas, y "por claridad", ha matizado que el Gobierno de Polonia considera que "el sistema judicial es un asunto interno de los Estados miembro". Así, ha subrayado que el Tribunal de Justicia (TUE) "no atribuye esta competencia a la Comisión", dando a entender que no cabrían sanciones en ninguno de los dos casos.

Por su parte, el viceministro de Justicia, Sebastian Kaleta, ha hecho público un planteamiento similar al de Jablonski y se ha preguntado por qué la Comisión Europea y Alemania presionan a Polonia en busca de su "obediencia" y, en cambio, "no le molesta en absoluto" el actual modelo español.

La Comisión Europea tiene varios expedientes sancionadores abiertos contra Polonia por socavar la independencia judicial y además llegó a iniciar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que se activa cuando existen riesgos graves para el Estado de derecho en un Estado miembro y que prevé, en última instancia, suspender el derecho a voto en la UE del país incumplidor si no corrige la situación. Este último proceso, sin embargo, se encuentra en punto muerto en la fase que corresponde desarrollar al Consejo.

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