El Consejo de Estado muestra su "preocupación" por la eliminación o modulación, llevada a cabo por el Gobierno en el Real Decreto sobre la administración de los fondos europeos para la recuperación económica, de mecanismos de control "en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones".
El informe fue realizado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado el pasado 21 de diciembre, aunque se ha conocido hoy. En él examina el expediente relativo al proyecto de Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El informe no se conocía cuando el 28 de enero Congreso convalidó el decreto ley -para lo cual fueron imprescindibles la abstención de Vox y el voto favorable de EH Bildu- pero posteriormente el PP y Ciudadanos revelaron su existencia y reclamaron al Ejecutivo que lo diera a conocer, tras afirmar que su contenido era muy crítico con la norma aprobada.
El citado organismo ha plasmado en el informe la advertencia de que se deben implementar "todas las medidas precisas para garantizar una adecuada y eficiente asignación de los recursos procedentes de los fondos europeos y, en particular, del Instrumento Europeo de Recuperación".
En este sentido, el informe precisa que "a la regulación proyectada" por el Gobierno, se formulan observaciones de distinta naturaleza y entidad, que "con frecuencia tienen como denominador común la preocupación del Consejo de Estado ante la eliminación o modulación de mecanismos de control en materias tan sensibles como la contratación administrativa, los convenios administrativos o las subvenciones".
Entre dichas observaciones, resaltan aquellas que han calificado como "esenciales" por considerarlas "especialmente relevantes" en aras a lograr un "elevado nivel de seguridad jurídica y económica de las medidas que puedan adoptarse para la gestión de los fondos europeos", las relativas a la necesidad de recabar todos los informes preceptivos que se determinen legalmente, incluido el dictamen del Consejo de Estado, antes de resolver los correspondientes procedimientos y de someter a fiscalización previa los expedientes financiados con cargo a los citados fondos.
El Gobierno se defiende
El Gobierno asegura que las sugerencias planteadas por el Consejo de Estado en su dictame fueron incorporadas antes de la aprobación definitiva del texto, que además contaba con el visto bueno global del órgano consultivo.
Fuentes del Ejecutivo ha resaltado que sus observaciones "se referían a aspectos concretos y puntuales", dado que el proyecto sometido a consulta merecía "en su conjunto" una "opinión favorable".
Así, remarcan que pese a las críticas que el informe ha suscitado en la oposición, su contenido avala en numerosos aspectos los términos del proyecto, y además reconoce el esfuerzo del Ejecutivo "para articular en tan breve plazo" las medidas orientadas a la mejor gestión de los fondos europeos.
Críticas de PP y Ciudadanos
La vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha asegurado que el "demoledor" informe del Consejo de Estado demuestra la "discrecionalidad" y el "oscurantismo del Gobierno en relación con el reparto de los 140.000 millones de ayudas europeas.
"Ya conocemos el informe que nos estaban ocultando. Un informe del Consejo de Estado que es demoledor y que nos señala la discrecionalidad en la entrega de las ayudas y la falta de control, algo absolutamente inaceptable", ha manifestado.
Ciudadanos, a su vez, ha afirmado que el informe confirma su temor a que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos acabe repartiendo ese dinero "a dedo" entre "sus amigos", y por eso ha insistido en su demanda de que se cree una agencia independiente para administrarlos. Además, ha solicitado que la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, dé explicaciones en el Congreso.
A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha recordado que su partido ya advirtió de que "era una cacicada dejar los fondos europeos en manos de (Pedro) Sánchez y sin control" y "por eso ocultaron este informe que lo constata".
