Madrid
La decisión del Gobierno balear, liderado por la socialista Francina Armengol, de expropiar durante siete años 56 viviendas pertenecientes a grandes propietarios para destinarlas al alquiler social ha hecho saltar todas las alarmas en el sector de la inversión inmobiliaria, ya que esta medida abre el melón a la expropiación en España en un momento en el que se está dando forma a la nueva Ley de Vivienda.
Los grandes fondos, que en los últimos años han dado forma a grandes carteras de pisos en alquiler en nuestro país, se llevan las manos a la cabeza ante esta situación ya que consideran que la medida del Gobierno balear "supone un ataque al derecho a la propiedad privada consagrado en el Artículo 33 de la Constitución Española". Así lo expresan desde Asval, la asociación que representa a más de 2.000 propietarios de pisos en alquiler, entre los que se encuentran grandes fondos como Blackstone o Cerberus.
"Esta expropiación es contraria a la seguridad jurídica que se necesita para desarrollar un mercado de alquiler profesional en España, homologable al de otros países europeos. Además, vulnera la confianza que reclaman los inversores para hacer crecer la oferta de vivienda en alquiler y erosiona la imagen de nuestro país como destino de inversión. Con esta resolución, el Gobierno balear carga sobre los propietarios su responsabilidad de dotar vivienda pública a los colectivos vulnerables", explica Beatriz Toribio, directora General de Asval.
Nicolás Díaz Saldaña, consejero delegado de Témpore Properties, una de las grandes socimis de pisos en alquiler, advierte de que "cualquier modificación de la norma actual o cualquier medida que ponga en peligro la seguridad jurídica e institucional del mercado supondrá la salida de los inversores nacionales e internacionales y hará más difícil desarrollar un parque de viviendas en alquiler que cubra las necesidades de los españoles".
Según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se necesitan 1,7 millones de viviendas sociales para equipararnos a la media europea. "Entendemos que las Administraciones Públicas tienen un gran reto por delante en esta materia", pero este déficit "no va a resolverse con medidas cortoplacistas a cargo de la iniciativa privada", destaca Miguel Ángel Peña, CEO Residencial Grupo Lar España, que considera que medidas como la expropiación en Baleares "van a ahuyentar a potenciales inversores y puede abrir las puertas a una batalla jurídica de resultado incierto, que al final no beneficia a nadie". Así, el directivo considera que "sería bueno que todo el sector, administraciones, promotores, inversores, constructores, etc. nos sentáramos juntos y buscáramos vías de dar solución a este reto".
Competencias
En términos de competencias, fuentes del Ministerio de Transportes -antes Fomento- explican que la decisión política de Armengol en Baleares está sujeta a su propia Ley de Vivienda, por lo que le asiste la competencia autonómica que en esta materia tienen las administraciones regionales.
No obstante, y sin poder actuar sobre esta competencia, el ministerio sí que traslada que la futura Ley de Vivienda sobre la cual está trabajando el Gobierno de Pedro Sánchez acabará estando al gusto de todos, y acabará siendo una ley que transmita tranquilidad, lejos de la inseguridad jurídica que se le atribuyen a los planteamientos de Unidas Podemos.
Una eventual intervención en las zonas con mayores precios de Madrid y Barcelona no beneficiaría especialmente a las rentas bajas
En clave política, el PP se pronunciaba al respecto. Pablo Casado calificó de intolerable que el PSOE de Baleares "expropie viviendas y atente contra la propiedad privada, la seguridad jurídica y la libertad individual". Por su parte, María Muñoz, de Cs, preguntó si la nueva Ley de Vivienda en la que trabaja el Gobierno de coalición contemplará la expropiación de viviendas de grandes tenedores para dirigirlas a alquiler social.
EsadeEcPol, el centro de investigación de políticas económicas, avisó de que una eventual intervención en las zonas con mayores precios de Madrid y Barcelona no beneficiaría especialmente a las rentas bajas, sino a rentas medias-altas.
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