Como los gobiernos venezolanos de Hugo Chávez, justo el mismo en el que la presidenta socialista de Baleares, Francina Armengol, anunciaba la expropiación durante siete años de 56 viviendas para alquiler social, con un coste de 1,8 millones de euros -su ley autonómica se lo permite- y, a falta de que se cierre y consensue la Ley de Vivienda que tantas tiranteces está suscitando entre el ala socialista del Gobierno y el ala podemita, ayer, la portavoz del Gobierno divulgó un informe presentado por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, alusivo al control del precio de la vivienda.
Se trata de un documento que recoge las directrices de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de 2030, y entre ellas se incluye el compromiso del Ejecutivo de regular los precios del alquiler. En sí -explican fuentes gubernamentales a eE- su valor por ahora es meramente informativo.
En una parte de este documento se insiste en que la futura Ley de Vivienda debe habilitar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a declarar zonas de "mercado tensionado", donde se hayan producido "subidas abusivas" y "a regular los precios del alquiler".
"Cualquier documento que se aprueba en el Consejo de Ministros es compartido por todos"
Para zanjar polémicas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, afirmó que cualquier documento que se aprueba en el Consejo de Ministros "es compartido por todos los miembros que forman parte de este órgano".
En este sentido, Montero explicó que el debate, en estos momentos, está en "sobre cómo y de qué manera" se regulan los alquileres en las zonas más tensionadas, "velando por la seguridad jurídica y los derechos de las personas que van a acceder a una vivienda", apostillo.
Ausencia de turistas
Montero recordó, no obstante, que el acuerdo de coalición incorporaba que se produjeran regulaciones de los precios de los alquileres en zonas altamente tensionadas y que "esto es lo que se intentaba y se intenta corregir en la Ley de Vivienda", siendo conscientes de que "el escenario, tras la pandemia, es radicalmente distinto".
Añadió que, en estos momentos, ha disminuido el precio del alquiler en las zonas más tensionadas por la "regulación automática" que se produce en el mercado tras la retirada de pisos turísticos por la ausencia de turistas.
Reconsiderar créditos
Día a día, y a cuentagotas, el Gobierno de Pedro Sánchez va deslizando por dónde van a ir los 11.000 millones anunciados por el presidente del Gobierno.
Tras el Consejo de Ministros de este martes, la portavoz María Jesús Montero señaló que el decreto de estas ayudas llegará en breve al Consejo, tratando de este modo evitar los concursos de acreedores en las empresas. La también ministra de Hacienda valoró que esas medidas pueden reconsiderar el préstamo -o quitas- y la recapitalización de las empresas, sin aclarar si esto se hará con capital público-privado. Asimismo, Montero habló de la posibilidad de aplicar algún tipo de medidas fiscales.
Por otro lado, la portavoz afirmó que el Ejecutivo recabó las observaciones esenciales del dictamen del Consejo de Estado. Asimismo aceptó que un proceso de depuración normativa habrá que ir incluyendo cosas.
