España cuenta con un parque de unas 290.000 viviendas públicas destinadas al alquiler, que dan cobertura al 1,6% de los de hogares, frente al 9,3% de media en la Unión Europea. De ellas, 180.000 son propiedad de las comunidades autónomas y entidades dependientes, y 110.000, de los ayuntamientos y sus entes.
Es la radiografía con la que trabaja el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y que evidencia la necesidad de incrementar dicho parque, aunque por el momento no haya acuerdo sobre cómo hacerlo entre los socios de Gobierno, lo que, entre otras cosas, mantiene atascada la negociación de la ley estatal de vivienda.
Los datos, recopilados en el Boletín Especial de Vivienda Social que presentó el Mitma en septiembre de 2020, implican que España necesitaría incrementar su parque de vivienda social en casi un 8% para aproximarse a la media de los países europeos.
Tras un incremento al comienzo de los año 80, España alcanzó las 114.067 viviendas protegidas en 1985, que se redujeron al 50% en 1991
El déficit es mucho mayor si se compara con el 30% de Holanda; el 24% de Austria; el 20,9% de Dinamarca; el 19% de Suecia; el 17,6% de Reino Unido; el 16,8% de Francia, y el 13% de Finlandia.
En términos absolutos, el país con mayor número de viviendas sociales es Francia, seguido de Reino Unido, Países Bajos y Alemania.
Respecto a la proporción por habitante, la media de la Unión Europea se sitúa en un 4%, es decir, en cuatro viviendas sociales por cada cien habitantes, mientras que España no llega a alcanzar el 1%, frente a las más de 12 viviendas sociales por cada cien habitantes de los Países Bajos; las 10 de Austria; 9,5 de Dinamarca; 8 de Suecia, y 7,5 de Reino Unido y Francia.
Mínimos históricos en España
La promoción de vivienda social destinada al alquiler ha sido muy limitada en España a lo largo de las últimas cuatro décadas. Su máxima intensidad la alcanzó a mediados de los años 80, y desde entonces su presencia disminuyó hasta llegar a la situación de "mínimos históricos" en la que se encuentra actualmente, según el informe.
Tras un incremento al comienzo de los año 80, España alcanzó las 114.067 viviendas protegidas en 1985, que se redujeron al 50% en 1991.
En torno a 1985 la producción de vivienda protegida llegó incluso a superar la de vivienda libre, situándose por encima del 50% del total, pero a partir de 1988 el porcentaje fue cayendo hasta el 7,2% del año 2002, coincidiendo con una etapa de fuerte incremento de la producción en el inicio del boom inmobiliario.
En los últimos años el porcentaje se redujo de nuevo, aunque esta vez en un contexto muy diferente, de mínimos históricos también en la producción de vivienda libre.
Cataluña y Andalucía, los mayores parques
Con un mayor peso de la vivienda protegida en régimen de propiedad, la de alquiler ha sido históricamente escasa en comunidades como Aragón (8%), Cantabria (9%), Castilla y León (8,5%), Castilla-La Mancha (2%), Extremadura (6%), Murcia (8,5%) y La Rioja (7%).
Los mayores parques en arrendamiento se acumulan en Cataluña (33,4%), Andalucía (22,8%), la Comunidad de Madrid (22%) y el País Vasco (18%).
En términos absolutos, Andalucía encabeza el ránking, con 49.794 viviendas de titularidad pública en régimen de alquiler, seguida del País Vasco, con 23.874 viviendas, y, en tercer lugar, la Comunidad de Madrid, con 20.077 viviendas.
Según el Mitma, en los tres últimos años contabilizados (2017, 2018 y 2019) la promoción de vivienda de alquiler social ha sido prácticamente inexistente en la mayoría de comunidades autónomas, salvo una pequeña cantidad en Cantabria, Navarra, Cataluña y el País Vasco.
Crece la inversión local
En cambio, desde 2014 la tendencia de la inversión local es creciente y son los municipios de la Comunidad de Madrid los que tienen un promedio de inversión en el periodo 2012-2019 más elevado, situado en 109,90 millones de euros.
Por número de viviendas de titularidad municipal en régimen de arrendamiento destaca Barcelona, con 8.758, a la que siguen Madrid, con 6.304; Bilbao (4.169), Málaga (3.920), Zaragoza (2.258) y Sevilla (2.011). El parque municipal supera el millar en Cádiz (1.745), San Sebastián (1.664), Jerez de la Frontera (1.534) y Murcia (1.025).
Con los datos sobre la mesa, el Mitma ha puesto en marcha el llamado plan 20.000, para promover 20.000 viviendas de alquiler social en dos legislaturas. A estas se sumarán las 25.000 del plan Vive de la Comunidad de Madrid (de las que 15.000 son para esta legislatura), entre otras, en un intento de las administraciones por paliar desde el lado de la oferta un problema severo que según los expertos ya ha derivado en crisis.
