El Gobierno ha dado el pistoletazo de salida a la colaboración público-privada en el sector inmobiliario. Según las medidas que entrarán en vigor tras la publicación del Real Decreto, el Estado cederá suelo público a empresas privadas para la construcción de viviendas dirigidas al alquiler social mediante concesiones a canon cero durante 80 años.
En dicho documento, el Gobierno constata "la necesidad de regulación urgente" de este tipo de concesiones orientadas al alquiler social ante "la extraordinaria y urgente necesidad" de ampliar el parque de viviendas en el país destinado a este fin. Según recordó este miércoles el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, las viviendas de alquiler social en España apenas representan el 2,5% del total, frente al 5% en la media de la Unión Europea.
A diferencia de la vivienda libre, la social o asequible está regulada por la Administración, que exige una serie de requisitos de acceso y está reservada a un colectivo con menos recursos. En este documento también se incluye dentro de este colectivo a las "mujeres víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otros colectivos vulnerables" cuya situación se ha visto "acrecentada, sin duda, a causa de la pandemia".
El programa implica que el Gobierno aporte, a través del Sepes, suelo de titularidad estatal para que fondos, promotoras o constructores privados levanten vivienda para alquiler social y gestionen esas rentas y edificios durante el periodo de la concesión. La idea es sacar los terrenos a licitación y que las empresas presenten sus proyectos. El decreto señala que, en ningún caso, la Administración General del Estado o sus entidades dependientes o vinculadas con competencia en materia de suelo y vivienda podrán ostentar responsabilidades derivadas del derecho de superficie posteriores al inicio del arrendamiento de vivienda en régimen de alquiler asequible o social.
Este documento todavía no detalla las rentabilidades que pueden lograr los inversores con el cobro de estos alquileres. A favor de este proyecto juega, no obstante, que ahorra a las empresas privadas (fondos, promotoras o constructores privados) el coste del suelo, que supone habitualmente en torno al 40% del total de la promoción. Cuando se presentó por primera vez esta iniciativa, en octubre del pasado 2019, el ministro de Transportes señaló que estaba en contacto con los distintos ministerios para identificar el suelo público disponible y establecer cuánto se podría destinar a la promoción de vivienda pública. Asimismo, señaló que su objetivo es que el modelo fuera replicable en todos los niveles de la administración para que los ayuntamientos y las autonomías destinaran suelo de su titularidad a este tipo de iniciativas, en que una primera fase contemplaba la construcción de 20.000 viviendas.
Más ayudas
Además, esta norma también recoge otras medidas anunciadas el pasado martes por Ábalos en el ámbito de la vivienda como la flexibilización de las condiciones del Plan Estatal de la Vivienda 2018-2021, cuyos fondos están en manos de las autonomías y de las ciudades de Ceuta y Melilla, para que puedan redirigir estas ayudas donde sea más necesario. En cuanto a los alquileres, también se prorroga la obligación de los grandes tenedores de conceder moratorias hasta el 30 de septiembre y de las hipotecas hasta el 29 de septiembre.
