Vivimos en una contradicción permanente. Las vacunas se administran con cuentagotas dentro de la UE, mientras las fábricas producen millones de dosis para otros países, que pagan por ello más dinero. Los europeos podemos viajar por todo el continente, pero no podemos visitar la comunidad autónoma de al lado. Británicos, franceses o alemanes pueden descansar en Mallorca o en las Palmas de Gran Canaria con un PCR negativo, pero si eres españolito, no pasas del aeropuerto. Así respetamos el tratado de Schengen, aunque incumplamos la más elemental norma sobre libertad de movimientos. Es mejor que nos contagie un alemán o un francés que un compatriota, según piensan las autoridades.
La canciller Ángela Merkel se vio obligada esta semana a levantar las restricciones en Semana Santa ante la avalancha de compatriotas que hacían las maletas para marcharse de vacaciones a Baleares y a otros destinos foráneos. En España, sin embargo, donde somos más papistas que el Papa, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, reunió el lunes al consejo interterritorial para reafirmar los cierres perimetrales de las autonomías. "Y dar gracias a que no los hemos endurecido", vino a decir el término de la cita, y dos días después presentó un plan para cerrar toda la actividad en el interior de bares y restaurantes, cuando la incidencia supere los 250 por cada 100.000 habitantes. Otro golpe mortal a la hostelería.
Renuncio a entender la lógica que aplica el Ministerio de Sanidad, quizá sea política para fastidiar a Isabel Ayuso en Madrid. Lo único cierto es que desprecia cualquier equilibrio entre salud y economía. La Semana Santa la damos por perdida, pese a que el Banco de España nos advirtió de que las cosas no van bien. La previsión de crecimiento para este año sufrió otro recorte de ocho décimas hasta el 6%, por culpa de los retrasos en las llegadas de vacunas y de turistas, y lo que te rondaré morena.
La calificación de "estratégica" para la aerolínea por parte de la consultora Daiwa y AESA fue esencial
El presidente de la patronal del turismo, Exceltur, y del grupo Meliá, Gabriel Escarrer, es optimista con el verano. Ojalá acierte. La marcha atrás de Merkel genera una racha de optimismo en el sector. Alemania marca la pauta en Europa.
Ahora falta que a partir de abril se produzca la vacunación masiva que nos anunció Von der Leyen, y que esta vez se cumpla, misión casi imposible.
La burocracia campa a sus anchas por el Viejo Continente. El calendario de las ayudas europeas sufre más retrasos que el AVE a Extremadura. El Banco de España cree que este año solo llegará la mitad de lo previsto (14.000 millones). Yo me daría con un canto en los dientes si fuera así.
La fábrica de baterías anunciada por el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, los planes de Renault para mantener el empleo en sus factorías españolas o lo de Volkswagen para convertir Martorell en un polo de producción de pequeños vehículos eléctricos depende de los fondos europeos. La reindustrialización entera de España está pendiente de un hilo. Más después de la metedura de pata con los 53 millones a Plus Ultra, la aerolínea de Maduro que pasó los controles preceptivos, hasta de la UE.
La decisión produce espasmos en el mundo empresarial. Una consultora y a la par banco de inversiones desconocido, Daiwa Corporate Consulting, dedicada a asesoramiento financiero y dirigido, para más Inri, por un ex alto cargo socialista, León Benelbas, fue la encargada de dar el visto bueno a las cuentas de la empresa. Junto a la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transporte, le pusieron el sello de estratégica.
Con esos dos avales y el de Deloitte y de la Unión Europea de que cumplía con todos los requisitos, incluso reputacionales, la propuesta recibió el visto bueno primero del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sepi y luego del Consejo de Ministros, sin que nadie, aparentemente, se percatara del problema.
¿Por qué una aerolínea que jamás ganó un euro pasó la auditoría (due dilligence) del Fondo de Solvencia de la Sepi? Es la pregunta del millón de dólares, que nadie se explica. La clave está, al parecer, en un crédito participativo otorgado por el banco panameño Panacorp por 6,3 millones, que evitó la situación de disolución en la que estaba a finales de 2017, con un patrimonio neto inferior a la mitad de su capital social.
El préstamo, pese a su paradisiaco origen, no levantó las sospechas ni de la consultora ni de Deloitte, ni del consejo rector del fondo estratégico de la Sepi.
¿Alguien se paró a mirar la relación de sus socios, entre los que figura el magnate Camilo Ibrahim Isasa, un hombre próximo a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y a la dictadura de Maduro? Parece que no.
"Si en vez de ser los dueños venezolanos fueran holandeses, no habría habido ningún problema", protesta uno de los miembros del consejo rector, que participó en la decisión de dar las ayudas. "¿Cómo podemos nosotros conocer el origen de la propiedad? Todos los informes son correctos, están realizados con criterios técnicos, no políticos, y estoy seguro de que se respetaron", aclara con convicción.
En este punto surge la primera controversia. La Unión Europea exige que la aerolínea no esté en crisis o en causa de disolución antes de la pandemia. Con un patrimonio negativo casi desde su fundación, el veredicto de la consultora no alertó de esta situación, que se resolvió en 2017 con el crédito participativo y una posterior ampliación de capital, que dio entrada a su actual socio mayoritario, el empresario venezolano Rodolfo José Reyes Rojas.
También pasó desapercibido que alrededor del 50% del capital esté en manos venezolanas, otro de los factores que vulneraría las reglas de la UE. Aunque aquí también surgen discrepancias, porque el principal accionista de la aerolínea, el empresario Rodolfo Reyes, alega que el capital está a nombre de su mujer, con pasaporte español.
"Ni Delcy Rodríguez, ni Nicolás Maduro, aquí no hubo presión de ningún tipo", insisten en fuentes oficiales, pese a que reconocen que la veracidad del calificativo como sociedad estratégica, que fue "fundamental en la decisión", no proviene tanto de Daiwa Consulting, sino de AESA, la agencia de seguridad dependiente del ministro Ábalos, que ratificó que Plus Ultra posee una licencia del tipo A. Una certificación escasa en España que la acredita para realizar viajes comerciales de viajeros con aviones de gran tamaño.
Sea como fuere, la decisión ha dejado en entredicho los controles adoptados para otorgar los fondos. "A partir de ahora, a ver quién es el guapo que se atreve a aprobar más ayudas", aseguran en el consejo gestor del Fondo de Solvencia.
La parálisis de la concesión de ayudas podría afectar gravemente al sector turístico, ya que existen varias hoteleras, entre las que destaca el grupo Hotusa, o la aerolínea Wamos, vinculada a Nautalia, en la cola de espera para recibir el visto bueno del fondo. Pero también hay compañías industriales, como la siderúrgica Celsa, en la cuerda floja, cuya continuidad depende de una pronta decisión por parte de la Sepi.
La única consecuencia positiva es que las ayudas a Abengoa, una sociedad en concurso de acreedores por más de 5.000 millones, están ahora más lejos que nunca. "Después de la polvareda levantada por los 120 millones que dimos a Duro Felguera, lo de Abengoa es ya imposible", admiten.
El grupo de bienes de equipo asturiano, también en situación preconcursal, aunque no esté solicitada, recibió esta ayuda por su componenda política y las presiones ejercidas tanto por el presidente de Asturias, el socialistas Adrián Barbón, buen amigo de Pedro Sánchez, como de los exministros Jordi Sevillla y Valeriano Gómez. El sindicato Manos Limpias demandó al vicepresidente de Sepi, Bartolomé Lora Tora, por presunta malversación de fondos públicos y el PP exige explicaciones en Europa.
Urge erradicar la política de los planes de rescate. La polvareda levantada por el tocomocho de Plus Ultra podría afectar al reparto de los 140.000 millones de fondos europeos, vitales para la recuperación de la economía española. Sobre todo, después de que el Consejo de Estado denunciara que la falta de controles amenaza con que las ayudas se otorguen a dedo.
La UE acaba de exigir mayor "transparencia" a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la que depende orgánicamente la Sepi. "No creo que una cosa afecte a la otra", aseguran en el Gobierno. Pero las armas las carga el diablo. Algo huele mal. La transparencia sigue siendo la asignatura pendiente del Gobierno de Sánchez.
PD.- CaixaBank y Bankia están de celebración. Después de casi una década el sueño de Isidro Fainé de fusionar las dos entidades en una sola se vio cumplido este fin de semana. En 2012, puso el plan sobre la mesa de Rodrigo Rato, que hoy tiene con un pie en la cárcel. Fainé acertó en la estrategia, al no precipitarse, en ese momento. La nueva CaixaBank será, de lejos, la entidad más grande de España, casi de monopolio en algunas zonas como Valencia o Castellón. Por delante tiene el reto de ganar en agilidad, para lo que prepara un plan de ajuste, estimado en más de 7.000 empleos. Pero el mayor desafío del nuevo grupo, presidido por José Ignacio Goirigolzarri y dirigido por Gonzalo Gortázar, está en la internacionalización, a medio o largo plazo. Del éxito de estas adquisiciones dependerá también el de CaixaBank.
Entidades
