Fernando Simón nos mintió cuando desaconsejó llevar mascarillas y luego la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando dijo que no podía bajar el IVA de las mascarillas ni del recibo de la luz y nos ha vuelto a mentir Pedro Sánchez, y el candidato socialista por Madrid, Ángel Gabilondo, cuando promete no subir los impuestos.
Las mentiras tienen las patas muy cortas. La ministra Montero, que lleva varios años en una cruzada contra "el paraíso fiscal de Madrid", no pudo refrenarse la semana pasada cuando al presentar al consejo asesor para la reforma fiscal destapó la caja de los truenos: habrá un incremento de la fiscalidad en 2022 y las bonificaciones en donaciones y sucesiones están en el punto de mira.
Por si quedaba duda, el Gobierno Sánchez incluyó la supresión de estas bonificaciones entre "las reformas fiscales para modernizar la estructura económica" remitidas para recibir las ayudas del Next Generation.
La vicepresidenta Calviño intentó salvar el entuerto, negando la mayor. No habrá alzas fiscales hasta que se reactive la economía, dijo. Y la propia Montero tuvo que pasar por el bochorno de desmentirse a sí misma este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Pero ya da lo mismo. El ciudadano votante tiene un sexto sentido para detectar si le engañan. Las encuestas internas dieron una bajada de ¡cinco puntos! al candidato Gabilondo por Madrid. En el cuartel general de Ferraz se llevaron las manos a la cabeza, ante la cercanía del abismo, y ordenaron un giro a la izquierda.
Gabilondo pone en duda que vaya a mantener impuestos con su petición de mano a Iglesias
Moncloa volvió a sacar a las ministras podemitas a la palestra, para que se viera que había buen rollito entre los dos partidos. Gabilondo se puso a anunciar ayudas a tocateja: a los pensionistas, a los alquileres, a los jóvenes. Como si el dinero público lloviera del cielo. Y en el debate de Telemadrid ofreció una coalición de izquierdas a Iglesias. El líder podemita recogió enseguida el guante. En una entrevista en Telemadrid, proclamó: "Si gana la izquierda, yo presidiré la Comunidad de Madrid".
Esto va de mal en peor. Es como decir a los madrileños: si no queréis caldo, ahora toma taza y media. Iglesias gravará todo lo que se mueva para repartir gafas y dentaduras gratis y arrastrará a Gabilondo, que miente como un bellaco, diga lo que diga el Gobierno.
Pero aquí no acaban las mentiras o las medias verdades. Los principales perjudicados de las tasas financiera (Tobin) y a las tecnológicas (Google) no han sido los grandes emporios financieros o empresariales, como dijeron, sino los ciudadanos corrientes y molientes y las pequeñas y medianas empresas. Los bancos han traspasado el coste de la tasa Tobin íntegramente a sus clientes, al igual que hicieron las tecnológicas a los suyos. En este caso, son empresas que contratan publicidad en estas plataformas o que ejercen de intermediarios con sus clientes.
A Montero le volvió a salir el tiro por la culata. Según un informe de la AIReF, los nuevos gravámenes que entraron en vigor este año (incluido el incremento de IRPF a las rentas mayores de 300.000 euros anuales) recaudarán la mitad de lo previsto, 3.000 millones en vez de 6.000. ¿Por qué? La cuestión es evidente: hay contribuyentes que trasladan su domicilio fiscal a otro lugar o inversores que operan con brókeres extranjeros para eludir las tasas.
Calviño debería tirar por la calle del medio y repartir los fondos sin esperar a su aprobación
Solo el efecto psicológico producido por el anuncio del aumento impositivo frena la actividad. Ya pasó con las ventas de vehículos diésel, que sufren una caída constante desde que la vicepresidenta Teresa Ribera dijo que los penalizaría, aunque todavía no lo ha hecho. Las dispensas verbales de los ministros son como tirarse un tiro en el pie.
Ahora a Calviño no le cuadran las cuentas. Y es que los números no aguantan ni el papel. La vicepresidenta segunda rebajó al 6,5 por ciento la tasa de crecimiento para este año, sin modificar la previsión de déficit público. Otra mentira piadosa entre tanta fatiga pandémica. El déficit público se resentirá en cuatro puntos adicionales, hasta bordear otra vez el 11 por ciento.
El problema está en que aún no sabemos cuándo despertaremos de la pesadilla. Sánchez anunció a bombo y platillo a comienzos de mes que alcanzaríamos la inmunidad de rebaño a finales de agosto para entrar en la campaña electoral con una dosis de optimismo. Pero las farmacéuticas se encargaron de desmentirlo en tan solo unos días.
La decisión de la UE de suspender la vacuna de AstraZeneca una semana o de retrasar la de Janssen trastocó el calendario de vacunaciones. Ahora todo depende de que se cumpla la hoja de ruta y no haya más imprevistos, porque Bruselas reaccionó duplicando las compras de antídotos a Pfizer, pero estos no llegarán hasta después del verano.
El sector del turismo puso esta semana el punto sobre las íes. La recaudación va más despacio de lo previsto. La llegada de turistas extranjeros no está asegurada. Todo se sustenta en que los nacionales volvamos a veranear en España.
Con suerte, se alcanzará poco más de la mitad del aforo de los hoteles y restaurantes en verano, según el presidente de Exceltur, José Luis Zoreda. Lo malo es que con esto no se gana dinero. "Rebajaremos las pérdidas, pero todavía no cubrimos los gastos", señala el presidente de una de las grandes cadenas hoteleras.
El Gobierno, poniéndose la venda antes de la herida, contraataca con que todas las medidas proteccionistas sobre moratorias de créditos y desahucios serán prorrogadas tres o cuatro meses, al igual que los Ertes. ¿Cuánto dinero costará a las arcas públicas? Aún está por cuantificar.
Aquí no acaban los imprevistos. Montero rectificó este martes el reparto de las ayudas directas que dejaban fuera a dos millones de pymes y autónomos. A partir de ahora serán las autonomías las encargadas de darlas. Dos de ellas, Andalucía y Madrid, ya han advertido de que el proceso será largo y tedioso, porque son consideradas jurídicamente como subvenciones públicas y las empresas tendrán que cumplir estrictos requisitos con Hacienda. Lo peor de todo es que los gobiernos autonómicos corren el riesgo de tener que devolverlas si hay irregularidades.
Con tanto condicionante, lo más seguro es que el reparto se demore hasta bien entrado el segundo semestre. ¿Llegaremos a tiempo para socorrer al tejido productivo? No se sabe todavía.
Parece mentira, que para agilizar las ayudas europeas se suprimieran controles administrativos y para las pymes se hayan vuelto a poner. Se ve que no hay el mismo interés por una cosa que por otra.
Aunque de poco servirá, porque Europa va al mismo paso de tortuga que la Administración Pública patria. Los Estados tienen hasta el 30 de abril para presentar sus propuestas. Pero los fondos no se aprobarán hasta finales de año. Hay diez parlamentos pendientes de ratificarlos, además del veredicto del Constitucional germano, que esta semana despejó las incertidumbres.
¿Qué hará Calviño, entretanto? Esa es la pregunta del millón de dólares. El marrón es importante. Tiene cargados 27.000 millones en los Presupuestos procedentes de los fondos Next Generation, que debería repartir para impulsar la economía.
Pero le ocurre igual que a las autonomías con las ayudas directas: está en tierra de nadie. ¿Qué pasa si el dinero se otorga a proyectos que luego no tengan el visto bueno europeo? O aún peor. ¿Si los fondos se recortan porque no hacemos los deberes de Bruselas? Esta semana se filtró que Berlín exige a España un plan plurianual para el déficit y la deuda, que saltó el 120 por ciento del PIB.
Además, para adelantar el dinero de Europa, habría que emitir más deuda. La vicepresidenta está atada de pies y manos. Como no se arme de valor y tire por la calle del medio, veo difícil que los fondos lleguen a sus destinatarios este año.
Con el Next Generation frenado, las ayudas directas retrasadas, el gasto desbocado y las amenazas de nuevos impuestos, el panorama no anima a invertir. Hasta los mercados empiezan ya a reflejarlo en las caídas de esta semana en bolsa. Corremos el riesgo de que este sea otro año perdido para la recuperación por las mentiras y requiebros de nuestros gobernantes de aquí y de fuera.
PD.-Sorprende las 18.000 bajas anunciadas en pocos días por el sector bancario. Calviño no debería pedir al Banco de España que limite los honorarios, porque es pedirle que avale una práctica anticompetitiva y contraria al libre mercado. Pero los directivos deberían hacer un gesto, como han hecho con el recorte de sus bonos en 2020 a causa de la pandemia, para adaptar sus remuneraciones a las nuevas rentabilidades del sector si quieren atraer a los accionistas y mantener en alto la reputación corporativas de las entidades financieras que dirigen.
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