La Seguridad Social destinó en el presente mes de enero la cifra récord de 9.768,9 millones de euros al pago de las pensiones contributivas, un 2,4% más que en el mismo mes de 2019, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Los diputados están en la etapa de votación particular del proyecto y pretenden continuar este viernes con el “corazón de la iniciativa” en la sede del Congreso Nacional, en Santiago.
Los españoles aportaron 1.167 millones de euros a planes de pensiones privados el año pasado, un 69% menos que en 2006, mientras que el gasto de la Seguridad Social en pagar pensiones de jubilación no deja de crecer. A falta del dato de diciembre, superaba los 78.800 millones en 2019.
En España tenemos por un lado las pensiones contributivas y por otro las no contributivas. Las primeras son prestaciones económicas y de duración indefinida casi siempre, cuya concesión está generalmente supeditada a una previa relación jurídica con la Seguridad Social (acreditar un período mínimo de cotización en determinados casos), siempre que se cumplan los demás requisitos exigidos.
Lo confirmó este mismo lunes el ya ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante el intercambio de carteras: el Gobierno se compromete a subir las pensiones conforme al IPC durante este mandato. Una medida que ya se conocía por boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero que confirmó el que será el máximo mandatario del organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país. Sin embargo, el reto se abre para Escrivá en su intención de cerrar por completo del déficit del Sistema ya que esta senda de revalorización implica un incremento del coste de las pensiones de 7.650 millones de euros en los cuatro años que está previsto dure la legislatura.
Finalmente, el Pedro Sánchez cumple su promesa de incrementar las pensiones un 0,9% en 2020 después de que las congelase de manera cautelar a finales del pasado mes de diciembre hasta que se culminase la formación del Gobierno de coalición. Así, el primer Consejo de Ministros de la legislatura ha alumbrado este martes la subida de pensiones del 0,9% para este año con carácter retroactivo a 1 de enero, en lo que ha sido la carta del presentación del Ejecutivo de coalición de clara vocación social.
A partir del 13 de enero de 2020, el importe máximo que se otorga al solicitar un préstamo de pensión en el IMSS incrementa de 30 a 90 veces el valor diario en moneda nacional de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
El sistema de pensiones sufre cada vez más presión debido al creciente déficit estructural de la Seguridad Social. Un déficit causado, entre otros factores, por el envejecimiento de la población y España, recordemos, es uno de los países más envejecidos del mundo. Y, sin embargo, ningún partido político ha propuesto aún una política global para adaptar nuestro sistema de pensiones a la nueva realidad demográfica.
En el contexto de la interpelación que encabezó el diputado Marcelo Díaz, María José Zaldívar reconoció que la promesa emprendida en los años 80s respecto de las pensiones que entregaría el sistema de capitalización no se cumplió, por lo que sostuvo que es imperioso efectuar cambios relevantes en materia de cotización y de la administración del sistema.
En plena crisis por la situación financiera de la Seguridad Social y la cuestión de la revalorización de las pensiones en boga tras la suspensión realizada por el Gobierno de Pedro Sánchez en el último Consejo de Ministros del año hasta que se logre conformar un Ejecutivo en plenitud de funciones, el Pacto de Toledo -órgano parlamentario encargado de fijar las recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones- roza el año de inactividad desde que se fracturase la Comisión allá por finales del pasado mes de febrero del 2019.
Unidas Podemos tuvo finalmente que claudicar en sus peticiones estrella para materializar la coalición de Gobierno con el PSOE, el pasado lunes, en el Congreso de los Diputados, cuando presentaron ambos partidos una hoja de ruta económica común, en la que la formación morada renunció a sus aspiraciones más monolíticas.
El Ejecutivo ha rechazado tres medidas claves que Podemos exigía: ingreso mínimo vital, derogación total de la reforma laboral y adelanto de la edad de jubilación a 65 años. Sin duda, el contenido del acuerdo de Gobierno de coalición ya plantea un escenario económico negativo. Pero asumir estas tres medidas crearía una situación crítica.
La exclusividad política e informativa del tortuoso proceso negociador, cara a la mayoría suficiente que garantice la Investidura de Pedro Sánchez, a fuer de cansina, aburrida y desmoralizadora, ha devenido en una versión made in Spain del cuento de la buena pipa.
El relanzamiento del programa de los Precios Cuidados, la extensión hasta marzo del plan de estímulo al consumo Ahora 12 y el congelamiento de tarifas, peajes, naftas y de las cuotas de los créditos hipotecarios UVAs, fueron algunas de las medidas económicas que dispuso en las últimas horas el gobierno de Alberto Fernández, que se sumaron a los bonos para los jubilados y la tarjeta de alimentos para los beneficiarios de asignaciones.
Saltó la noticia el pasado viernes cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la suspensión cautelar de la subida de las pensiones, del salario mínimo interprofesional y del sueldo de los funcionarios comprometida para 2020 hasta que se lograra formar un Ejecutivo en plenitud de funciones, como ya había adelantado elEconomista con anterioridad.
Una de las frases que cuando uno se hace mayor más martillea es esa de Truman Capote que dice que "la vida es una buena obra de teatro con un tercer acto mal escrito". Hablar de la preocupación por las pensiones es retórico desde hace mucho tiempo, porque todo el que haga una mínima interpretación del presente y el futuro con números colegia que vamos a peor.
Una de las claves que bordea la tensa coyuntura financiera de los sistemas públicos de Seguridad Social es puramente demográfica y responde al progresivo envejecimiento de la población por el aumento de la esperanza de vida en todos los países desarrollados. Así, la obligación por parte de los Estados de abonar las pagas a los pensionistas durante un mayor periodo de tiempo del que fueron concebidos en un principio supone un esfuerzo extraordinario en términos de recursos presupuestarios destinados a la protección de las clases pasivas. Y en este escenario, Francia y España soportan tensiones aún mayores que otros países del entorno comunitario. Concretamente, son los países de la zona euro que más tiempo tienen que mantener a sus jubilados y pensionistas después del retiro de la vida activa, una media de 21,3 años, según los datos proyectados en el informe Pensions at a Glance 2019, de la OCDE.
Producto de unas carreras de cotización cada vez más estables y con unos salarios más elevados, los nuevos pensionistas que entran al sistema de la Seguridad Social percibirán hasta un 3,5% más de dinero que el salario más habitual de nuestro país, por lo que tendrá mayores ingresos que millones de empleados españoles durante sus años de retiro. Concretamente, los nuevos jubilados perciben una media de 1.291,91 euros mensuales mientras que el salario más frecuente que ofrece el mercado laboral en España asciende a 1.248 euros mensuales -17.482 euros anuales en catorce pagas-.
Los jubilados actuales reciben una media de 1,36 euros de pensión por cada euro cotizado, es decir, que cobran en promedio un 36% más de lo que aportaron al sistema, un porcentaje que bajará cuando la edad de jubilación se sitúe en los 67 años.
Uno de los aspectos más estudiados y que más atención ha acaparado entre los estudios económicos y financieros, ha sido el de establecer estrategias y pautas de comportamientos para conformar un ahorro destinado a complementar la pensión de jubilación. Es un caso raro pues entre los economistas es precisamente esta cuestión, el de la citada programación, una de las pautas de comportamiento donde prácticamente todos están de acuerdo. Casi todos los estudios, prácticamente universales, nos llevan a una respuesta: el ciclo de vida del inversor, lo que conlleva decisiones patrimoniales para cada una de las etapas.
Los planes individuales captaron 245 millones en el año 2012, y en este 175 millones a falta de diciembre. Las aportaciones actuales son una décima parte de las que se producían hace una década.
El jefe de Gabinete argentino, Santiago Cafiero, admitió el sábado que es necesario hacer un “ajuste en el gasto político” dentro de la administración pública. Lo dijo horas después de que el Congreso aprobara la llamada “ley de emergencia económica” para enfrentar la grave crisis que sufre el país.
Ante el acuciante arranque de una nueva legislatura tras un largo proceso de citas electorales e inactividad parlamentaria, las reformas estructurales que demanda el país vuelven a ser caballo de batalla en los pasillos del Congreso de los Diputados. Uno de los principales retos que asume el Ejecutivo es el de transformar el sistema público de pensiones, que acumula desequilibrios por valor de 18.000 millones de euros al año. Y en este espectro, el impulso del ahorro complementario para la jubilación resulta fundamental en un escenario futuro -donde se esperan mermas de la cuantía de la pensión- para conservar el poder adquisitivo.
Con el cambio de año se vuelven a endurecer las condiciones para la jubilación, con una subida de la edad de referencia para la jubilación y también se elevan los plazos de cotización para retirarse antes y acceder al 100% de la pensión. En concreto, a partir del 1 de enero de 2020 si se ha cotizado menos de 37 años la edad de jubilación se sitúa en 65 años y 10 meses. Mientras si se ha cotizado más de 37 años, el acceso a la jubilación queda fijado en 65 años. Pero los cambios también afectarán al cálculo de la pensión
El presidente Alberto Fernández anunció que los jubilados que perciban la mínima cobrarán un "adicional" de 5.000 pesos en los meses de diciembre y enero, en tanto que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán "dos mil pesos extra" antes de fin de año.
La Tesorería General de la Seguridad Social está enviando los informes de vida laboral y bases de cotización a 22,5 millones de cotizantes. Su recepción por correo físico ha suscitado expectativas -desvanecidas una vez abierto el sobre- entre quienes llevan 58 meses aguardando por la carta de las pensiones, conocida internacionalmente como la carta naranja, ya que las comunicaciones de cotización han ido en un sobre del citado color. Algo que desde el Gobierno no se atribuye a intencionalidad alguna, pero que los expertos en pensiones consultados por elEconomista interpretan como demasiado casual. "¡Por fin!", exclamaron los citados expertos, al recibir el sobre del citado color, para luego comprobar que se trataba de la información periódica de vida laboral sin incluir ningún cálculo de la futura pensión.
Comienza la cuenta atrás para rebajar la factura fiscal de 2019 y los planes de pensiones suelen ser una buena opción para este fin. Y es que, la fiscalidad de estos productos es su principal ventaja: permiten reducir la base imponible sobre la que se calcula el IRPF en un máximo de 8.000 euros anuales o el 30% de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas, la menor de las dos cantidades anteriores.
Son varios los factores que obstaculizan el fomento de planes de pensiones de empleo entre las compañías de nuestro país. Tal y como recordaba recientemente el Director Nationale-Nederlanden Employee Benefits, Juan Marina, para elEconomista Pensiones uno de los principales frenos para que este tipo de ahorro no fructifique en nuestro tejido productivo es el desconocimiento tanto por parte de los trabajadores como de los empleadores en las ventajas que tiene.
La delicada situación de la Seguridad Social, devastada por un déficit anual que ronda los 18.000 millones de euros y la ausencia de una malla de soporte tras la liquidación del fondo de reserva añade más presión a los poderes públicos para articular estrategias que impulsen el ahorro privado a largo plazo, necesario para complementar la paga de jubilación ante la posible merma que sufrirán las pensiones en términos de tasa de sustitución.
