Saltó la noticia el pasado viernes cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la suspensión cautelar de la subida de las pensiones, del salario mínimo interprofesional y del sueldo de los funcionarios comprometida para 2020 hasta que se lograra formar un Ejecutivo en plenitud de funciones, como ya había adelantado elEconomista con anterioridad.
Sin embargo, pese a las soflamas de la oposición criticando la pirueta del Gobierno para no aplicar la ley vigente que rige una subida del 0,25% -introducida en la reforma del PP de 2013- los pensionistas españoles no perderán poder adquisitivo en el inicio de año debido a la ganancia extra de riqueza que han experimentado en este último ejercicio 2019 donde la revalorización aplicada a comienzos de año del 1,6% para todas las pensiones y del 3% para las mínimas cubren sobradamente el incremento de la inflación para el conjunto del año (0,7%) y aporta además una ganancia de poder de compra igual a la diferencia entre el incremento y el IPC, del 0,9%.
En este sentido, si nos vamos a las proyecciones de Funcas sobre la evolución mensual del IPC para el próximo ejercicio se observa como la variación de los precios se encontrará en el entorno del 1% en el primer mes del año –habiendo que esperar hasta el final del mes para conocer el dato definitivo-. Esta subida del IPC impactaría de entrada como una merma para el bolsillo de los pensionistas al haber el Gobierno congelado las revalorizaciones anteriores si no fuera por la ganancia extra de poder adquisitivo del pasado año 2019 que, más allá, garantizará el mantenimiento de la riqueza de pensionistas y jubilados el tiempo que dure la suspensión de la subida.
"Pueden estar tranquilos"
Sobre este aspecto, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, salió rápido al quite de las críticas de la oposición realizadas durante el fin de semana –el PP ha anunciado que recurrirá la decisión del Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional-.
"Los pensionistas pueden estar tranquilos: el gobierno cumplirá con el compromiso adquirido y comunicado a la Comisión Europea dentro del Plan Presupuestario 2020 del Reino de España, garantizando el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas en el próximo ejercicio a través de una actualización de las pensiones del 0,9% desde el 1 de enero de 2020", remitía el gabinete de la ministra Magdalena Valerio en un comunicado este mismo sábado.
Así, explica que estando en funciones y ante la previsible formación de un nuevo Gobierno, "es razonable posponer la aplicación de esta medida hasta que el Gobierno se halle en pleno uso de su capacidad propositiva y normativa, y sin perjuicio de que los efectos de la revalorización sean retroactivos desde el 1 de enero de 2020".
Además, apuntan al mantenimiento del poder de compra gracias a las subidas ya efectuadas. "Hay que tener en cuenta que en el año 2019 todas las pensiones han ganado poder adquisitivo dado que la variación media del ÍPC a lo largo del año va a resultar sensiblemente inferior a la revalorización del 1,6% con carácter general y del 3% para las cuantías mínimas establecida por el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo", apunta el comunicado.
Las razones de la suspensión
En la nota, el gabinete del ministerio de Trabajo explica que se trata de una decisión con sentido pragmático de la propia operatividad de efectuar la revalorización. Así, aseguran que este Gobierno mantiene la suspensión de la aplicación de la revalorización del 0,25%, aprobada en su día de forma unilateral por el PP porque "ha sido ampliamente cuestionada en el marco del diálogo social y entre los grupos parlamentarios en el seno del Pacto de Toledo, hasta el punto de que no ha sido aplicado en los ejercicios 2018 y 2019 con el fin de evitar una revalorización que habría supuesto una pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas".
Y también porque una subida mínima del 0,25% "obligaría a duplicar los procesos informáticos, así como el envío de comunicaciones a los beneficiarios con el consiguiente incremento de costes y la disminución de la eficiencia del sistema", aseguran el Gobierno.
