Ante el acuciante arranque de una nueva legislatura tras un largo proceso de citas electorales e inactividad parlamentaria, las reformas estructurales que demanda el país vuelven a ser caballo de batalla en los pasillos del Congreso de los Diputados. Uno de los principales retos que asume el Ejecutivo es el de transformar el sistema público de pensiones, que acumula desequilibrios por valor de 18.000 millones de euros al año. Y en este espectro, el impulso del ahorro complementario para la jubilación resulta fundamental en un escenario futuro -donde se esperan mermas de la cuantía de la pensión- para conservar el poder adquisitivo.
En este sentido, uno de los campos de actuación cruciales fue analizado recientemente en el Observatorio Ibercaja-elEconomista sobre Fiscalidad favorable para el ahorro a futuro: la importancia de un marco estable para la tributación del ahorro en los diferentes momentos de la planificación a largo plazo -contratación de producto, aportaciones periódicas y rescate-. Una demanda de vital importancia, más aún cuando la propia ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, ha expresado recientemente la voluntad de revisar los incentivos fiscales a los planes de pensiones, a lo que se suma la intención de su posible socio de Gobierno en próximas fechas, Unidas Podemos, de eliminarlos por completo.
Precisamente por estos motivos, José Carlos Vizarraga, director de Ibercaja Pensión, señala la necesidad de articular un reglamento fiscal "estable" sobre los productos de previsión social complementaria, a lo que añade el deseo de que, por el bien de la industria y de la profusión del volumen de dinero acumulado en ahorros en España, "haya más incentivos fiscales".
Los expertos piden articular ya una ley para fomentar los planes de pensiones en las empresas
En esta misma línea, la directora general de Inverco, Elisa Ricón, asegura que para incentivar la propensión al ahorro entre los ciudadanos "un tratamiento fiscal favorable es una condición necesaria". No obstante, recuerda que no es el único impulso necesario, y apunta al cambio de mentalidad planificadora que podría propiciar entre los españoles una información detallada por parte del Gobierno acerca de las proyecciones sobre la pensión de jubilación.
Retroceso en fiscalidad
Sin embargo, la realidad es que las facilidades para invertir dinero en productos financieros, lejos de verse ampliadas, han sufrido recortes durante los últimos años en nuestro país, tal y como denuncian los expertos del sector.
El abogado en Mercer, Antonio Méndez, recuerda algunos de los incentivos laminados en los últimos años y que merman el potencial del sector gestor de planes, como la desgravación de las propias aportaciones al plan, actualmente topadas en los 8.000 euros anuales, cantidad que llegó a ser superior a los 20.000 euros anuales. Además, anteriormente la aportación a planes de pensiones de empresa contaba con una reducción en cuota del 10 por ciento y las prestaciones recibidas en forma de capital disfrutaban de una reducción del 40 por ciento en su tributación. "Todo esto se ha ido perdiendo. Todas las medidas adoptadas hacen que la fiscalidad vaya para atrás", señalaba el experto durante la celebración del observatorio, augurando un mal desempeño del sector de no recuperarse algunos de estos elementos.
Los expertos reclaman una fiscalidad más potente para un ahorro estable a largo plazo
De hecho, Méndez aventura, en todo caso, una acentuación de esta dinámica laminadora de incentivos al calor del nuevo Ejecutivo. "Irá a peor. El líder de Unidas Podemos declaró que los planes de pensiones son para ricos. ¿Qué cabe esperar?", señala el abogado en Mercer.
"El sistema fiscal ha de ser sencillo y estable y, si echamos la vista atrás, ha empeorado", señala al respecto la directora general de Inverco reconociendo numerosos ámbitos de mejora para lograr articular un potente sistema de previsión social complementaria en España.
"Nuestro país no es el que mejor fiscalidad tiene en planes de pensiones. Para mejorarla deberíamos mirar lo que han hecho en el entorno europeo", añade Vizarraga apuntando a la convergencia con los vecinos europeos en este aspecto. Un análisis que completa el secretario general de la Organización de Consultores de Pensiones (Ocopen), Manuel Álvarez, asegurando que la fiscalidad de estos productos debe abordarse en su conjunto y "no debe haber reformas parciales o se producirán asimetrías".
De hecho, Álvarez aconseja como un camino valorable el tratar la parte de la rentabilidad del ahorro como rendimiento de capital. El secretario general de Ocopen apunta que sería recomendable, además, que en el caso de España, como ocurre en la mayoría de países del entorno comunitario, se introdujera un esquema fiscal para el ciclo de ahorro EET (exento-exento-tasado), donde se desgrava tanto el volumen de la aportación inicial como las realizadas de manera periódica durante el ciclo de ahorro y que estuviera gravado el rescate final.
No en vano, uno de los factores vitales para catalizar las modificaciones necesarias sobre el sistema de pensiones entre la sociedad es el esfuerzo de concienciación por parte de las administraciones públicas sobre la necesidad de complementar la pensión con ingresos adicionales.
"El punto de partida para introducir cambios es la concienciación y la comunicación. Hasta que no sepamos adónde va la Seguridad Social, no va a despegar la previsión social complementaria", señala el responsable de Pensiones de KPMG Abogados, Álvaro Granado, apelando al postergado envío de la carta naranja con la predicción de la cuantía de la pensión. Cabe recordar que el Estado tiene desde 2011 la obligación legal de entregar esta información, que se demora ya casi una década y que supondría poner en conocimiento de los ciudadanos las complicaciones financieras que afronta y afrontará el Sistema ante una coyuntura en que las principales tensiones las acentuará el envejecimiento demográfico y el progresivo aumento de la esperanza de vida.
De hecho, todos los expertos coinciden en reconocer que la ventaja fiscal no es el único acicate para la previsión social, pero sí algo necesario. "Lo principal no debe ser la fiscalidad, sino la concienciación de que debemos ahorrar", recuerda el asesor legal de Mercer Consulting.
Ahorro en la empresa
En este punto, uno de los modelos más reclamados por el sector de gestión de planes de pensiones e instrumentos de previsión es el impulsado en Reino Unido a través del ahorro en la empresa. Un punto que también está recogido en las recomendaciones del Pacto de Toledo en la reforma del sistema aprobada en 2011 donde se insta a los poderes públicos a favorecer la previsión social, especialmente en el campo de los planes de ahorro en la empresa. Manuel Álvarez reconoce que se han realizado pocos esfuerzos hasta el momento, por lo que reclama establecer un plan estatal que capilarice progresivamente en todo el tejido productivo, incluidas las pequeñas y medianas empresas.
"Necesitamos una ley de estrategia de previsión social en la empresa. Debemos sentar las bases legales de un segundo pilar básico para la jubilación", apunta el secretario general de Ocopen.
Cabe recordar que para la articulación de un segundo pilar de ahorro tan potente como el conseguido en países como Reino Unido, aparte de los poderes públicos, es necesario el compromiso en la estrategia tanto de las patronales empresariales como de las entidades sindicales.
"Hay que involucrar a todos los actores sociales y tomar medidas para mejorar la previsión social. Si las medidas se adoptan con miopía, la situación irá a peor", señala la directora general de Inverco añadiendo la importancia de una coherencia en los espacios de decisión política y la coordinación entre los organismos apuntando a las posibles ineficiencias que pueda generar la intervención de hasta tres Administraciones distintas en una misma reglamentación. "Hay tres Ministerios que intervienen en materia de pensiones: Trabajo, Economía y Hacienda. Es un todo, tienen que sentarse juntos", asegura.
La previsión social sostenible, posible vía para canalizar inveisiones para la transición energética
Además, el abogado en Mercer, Antonio Méndez, señala en este ámbito la importancia de mantener vigentes los sistema cualificados y no cualificados del segundo pilar de ahorro frente a eventuales cambios de la legislación. Así, ante la falta de una estrategia global definida defiende el uso de los seguros de jubilación para los trabajadores. Se trata de productos que pueden ser ofertados por el empleador a los trabajadores, si bien cuentan con un tratamiento fiscal menos favorable que los planes de pensiones. "Debe haber, por un lado, seguros de jubilación y, por otro lado, planes de pensiones. Hay que mantener los dos sistemas: el cualificado y el no cualificado", sentencia Méndez.
'Previsión' sostenible
Por último, en un momento en el que el cambio climático y la transición energética se encuentran en el centro de la agenda política -con la fiscalidad verde como principal factor regulador- la actividad de los fondos de pensiones también se pone encima de la mesa como una de las vías para canalizar inversiones sostenibles. Un terreno aún poco labrado y en el que Manuel Álvarez ve una oportunidad en el futuro inmediato.
"¿Cómo se financia la transición energética? Las proyecciones de la UE arrojan que es imposible afrontarla con las arcas públicas. Solo a España le costaría unos 13.000 millones de euros", advierte el secretario general de Ocopen, lo que revela dificultad que entraña esa tarea.
"Necesitamos un plan de finanzas sostenibles donde se de un mejor tratamiento fiscal para inversiones en previsión social con una finalidad sostenible", sugiere Álvarez como vía para aumentar las inversiones de este tipo.
Por este motivo, los expertos reunidos en el foro de Ibercaja ponen el acento en la importancia de que durante la nueva legislatura, a través del diálogo entre partidos en el marco del Pacto de Toledo, se fijen las premisas para ya no solo dar impulso necesario a la estrategia de previsión social, sino establecer mecanismos para equilibrar un sistema público que solo en préstamos del Estado adeuda más de 56.000 millones de euros. Así, la sostenibilidad futura de las pensiones solo llegará, según los expertos, en un estadio de concienciación por parte de la sociedad civil donde el ahorro pase a formar parte de un compromiso tanto de trabajadores como de empresarios, con un marco tributario estable para las aportaciones a fondos de pensiones tanto del sistema colectivo como del individual que favorezca la planificación financiera de los hogares.
