La cotización a la Seguridad Social es una de las obligaciones más importantes que tiene un trabajador, ya que le permitirá en un futuro acceder a la pensión de jubilación que le corresponda o a otro tipo de prestaciones. Aunque estas aportaciones comienzan con el inicio de la actividad laboral del ciudadano, existen situaciones en las que, sin trabajar, se mantienen las cotizaciones.
Las personas que inician un proceso de solicitud de incapacidad permanente sufren, como es normal, una etapa de muchos nervios e incertidumbre. Se busca el cobro de una pensión que puede ayudar a su vida cotidiana y se espera con ansiedad la decisión de la Seguridad Social. Lo cierto es que el organismo tiene sus propios tiempos.
Uno de los objetivos de los trabajadores en su vida laboral es alcanzar una cotización a la Seguridad Social suficiente para tener una pensión de jubilación en el futuro. Sin embargo, existe la posibilidad, cumpliendo con la normativa, de tener derecho a dos pensiones de jubilación y poder cobrarlas a la vez cuando nos jubilemos.
La reforma de las pensiones diseñada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sigue dando pasos con las modificaciones de las jubilaciones anticipadas como uno de sus caballos de batalla. Sin embargo, no todos los trabajadores se verán afectados por estos cambios.
Solicitar la pensión de jubilación cuando ya se ha acabado nuestra vida laboral es un trámite clave, por lo que no hay que dejar ni un cabo suelto. No disponer de medios telemáticos no tiene por qué ser un problema, ya que la Seguridad Social pone a disposición del ciudadano medios presenciales con el objetivo de facilitar la gestión a esas personas que no tienen certificado digital o Cl@ve PIN.
El efecto Escrivá ya se deja notar en el número de jubilaciones anticipadas notificadas en nuestro país en el último año. Concretamente, desde que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, compareciese en febrero de 2020 en la Comisión del Pacto de Toledo para abordar los planes del Gobierno sobre la necesaria reforma del sistema público de pensiones, el número de jubilaciones anticipadas en nuestro país se ha visto reducido en 9.530 personas, pasando de los 121.479 retiros previos a la edad legal de jubilación a los 111.949 anotados al cierre del pasado 2020. Es decir, solo en el último año este modelo de jubilación fue elegido por un 8% menos de trabajadores. Más allá, si nos remontamos a 2018, cuando el Pacto de Toledo ya perfiló las recomendaciones para la reforma apuntando la necesidad de aproximar la edad legal a la edad real de jubilación, en torno a los 64,5 años, esta modalidad de retiro anticipado a caído en 30.165 personas, lo que supone un 20% menos.
Los esfuerzos del Gobierno por desincentivar la jubilación anticipada dan frutos. En los dos últimos años, el número de trabajadores que se retiraron antes de la edad legal bajó en 30.000 personas.
La preocupación de todos los trabajadores es llegar a la jubilación con una pensión que nos permita vivir la ultima etapa de nuestra vida con relativa con comodidad. También es un deseo de los autónomos, que deberán tener en cuenta ciertas diferencias con el resto de regímenes de la Seguridad Social a la hora de conseguir su pensión.
La jubilación anticipada puede ser un mecanismo de mucha utilidad para trabajadores que, llegados a la etapa final de su vida laboral, no desean esperar más para retirarse profesionalmente y deciden, a pesar de las reducciones en su pensión, no esperar a la edad ordinaria de jubilación.
La reforma de las pensiones ideada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sigue su curso tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un proyecto de ley que debe recibir ahora la luz verde parlamentaria de cara a su puesta en marcha de forma efectiva en 2022.
La nómina mensual de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social ascendió a 10.217,15 millones de euros a 1 de agosto, un 3,16% más que el mismo mes del año pasado, según las estadísticas publicadas este viernes por el ministerio de José Luis Escrivá, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El crecimiento del gasto en pensiones es más del triple -un 3,63 más- que el aumento de las pensiones contributivas abonadas a 1 de agosto, 9.862.327 beneficiarios que suponen un 0,87% más que en julio de 2020.
Uno de los objetivos del trabajador en su carrera laboral es cotizar el mayor número de años posibles para que, en el futuro, la pensión de jubilación que le quede sea se mayor cuantía. Una misión a la que se dedica toda una vida pero que tiene obstáculos como esos periodos en los que, por diversas razones, no se cotiza y, por lo tanto, se para esa contribución a nuestro retiro.
La jubilación, llegados a la etapa final de nuestra vida laboral, aparece en el horizonte como una situación deseable, independientemente del tipo de actividad en el que estemos. Sin embargo, para los autónomos es algo más especial, incluso para poder disfrutar de la pensión mínima.
La primera pata de la reforma de las pensiones de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sigue su avance tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un proyecto de ley que incluye, entre otros aspectos, un rediseño de las jubilaciones anticipadas.
El 20% de la población europea tiene hoy más de 65 años. Esta proporción supone ya una evolución significativa con respecto a la estructura demográfica de las últimas décadas. Sin embargo, el cambio no acaba aquí. Las estimaciones de Eurostat prevén un crecimiento importante de la preponderancia de los senior con respecto a la población total: la cohorte de 80 años en adelante, que hoy representa un 5% de la población, se espera que se triplique hasta el 15% y la ratio entre mayores de 65 y menores de 65 se espera que aumente en un 80% para 2050.
Las pensiones por incapacidad permanente son las que, por su naturaleza, precisan de un mayor número gestiones. No solo hay que solicitarlas, sino que en el mismo proceso de solicitud también hay que acreditar que existen indicios médicos suficientes para tener derecho a percibirlas.
El Consejo de Ministros que inauguró el nuevo curso político dio su placet a la primera parte de la reforma de pensiones. La norma blindará las actualizaciones anuales de esas prestaciones según el IPC, una costosa revalorización cuyos efectos ya se notarán en 2022.
El primer semestre de este año ha sido el peor para los planes de pensiones del sistema individual desde 2017 en cuanto a captaciones de dinero. Los partícipes de estos vehículos han retirado 193 millones de euros entre enero y junio, según los últimos datos disponibles en Inverco, coincidiendo con la entrada en vigor del recorte de los incentivos fiscales de los que gozaban estos vehículos de ahorro a corto plazo.
A pesar de los esfuerzos del Gobierno por cuadrar, a marchas forzadas, las cuentas de la Seguridad Social, aún arroja el Sistema público de pensiones síntomas de desequilibrio presupuestario, si bien se aprecia una mejora sustancial desde el año 2018, y con especial intensidad desde el pasado 2020. Con todo ello, según los cálculos de los expertos en la materia, para el próximo 2022 aún sería necesario reducir un 0,51% el gasto en prestaciones para que el Sistema se equilibre. Trasladado al terreno de las prestaciones, supondría que las 9,8 millones de prestaciones actualmente vigentes en nuestro país con una cuantía media de 1.033 euros mensuales deberían recortar de sus nóminas 5,2 euros mensuales, o casi 75 euros en el conjunto del año para que la Seguridad Social alcance el próximo año el equilibrio presupuestario.
El Gobierno dio el visto bueno en Consejo de Ministros al proyecto de ley que desarrolla el primer paquete de medidas que reforman la Seguridad Social. Fruto, primero, del acuerdo político en el Pacto de Toledo y con los agentes sociales, después, el Ejecutivo recupera el IPC como fórmula legal para revalorizar las pensiones cada año. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, recordó que este proyecto de ley cumple con los compromisos de reformas estructurales adquiridos con la Comisión Europea (CE) obligatorios para ser acreedores de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley con las primeras medidas para la reforma del sistema público de pensiones, que ahora será remitido al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.
La incapacidad permanente no se trata de una condición inalterable. Las personas que reciben una pensión de este tipo están sujetas a revisiones periódicas y otro tipo de requisitos escrupulosos con la normativa y que, si no se cumplen, pueden provocar el final del cobro de la prestación.
Una vez que llegamos a la etapa final de nuestra vida laboral, lo hacemos con la mente puesta en la jubilacion, pero para realizar este trámite de la mejor forma hay que pedirlo dentro de los plazos correspondientes.
La jubilación anticipada es uno de los sueños de los trabajadores que desean retirarse de la vida activa para disfrutar de su etapa de retiro. No todos pueden hacerlo, pero existen determinados ciudadanos que, si cumplen una serie de requisitos, pueden jubilarse a los 63 años.
La patronal Inverco ha propuesto al comité de expertos para la reforma fiscal aumentar el límite de aportaciones de los planes de pensiones individuales a 5.000 euros desde los 2.000 actuales.
España cuenta con dos trabajadores por cada pensionista, una tasa de dependencia que tenderá a reducirse en las próximas décadas y que en la actualidad muestra ya diferencias territoriales que fluctúan desde los casi tres ocupados por pensionista de Baleares a la paridad uno a uno de Orense.
La cuantía de las nuevas pensiones equivale ya al 76% del salario medio en España. El constante crecimiento de ese porcentaje es fruto de la evolución, por completo dispar, de ambas remuneraciones.
Más de un millón de trabajadores con algún tipo de instrumento financiero de ahorro para la jubilación, ya sea plan de pensiones u otro tipo de producto, esperan con los brazos abiertos la activación del conocido como fondo público de pensiones que pretende poner en marcha el Gobierno en 2022. Una medida que pretende aliviar uno de los principales problemas que encuentra el colectivo a la hora de gestionar sus ahorros: los elevados costes en forma de comisiones que asumen. Concretamente, según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, esta reducción de coste para los ahorradores podría llegar al 66%, y se daría principalmente en el caso de los planes de pensiones individuales. Sin embargo, el margen de actuación sobre estos costes es escueto atendiendo a las cifras que arroja Inverco al respecto: las comisiones se han visto reducidas en un 30% en la última década.
La reforma de pensiones que ha puesto en marcha el Gobierno traerá consigo medidas que, eventualemente podría impactar a la baja en la cuantía de las futuras prestaciones. La contención del gasto en esta partida, o al menos la consecución de suficientes ingresos para su pago, es uno de los objetivos que el Ejecutivo persigue con la reforma tal y como reclama la Comisión Europea a nuestro país en sus recomendaciones específicas. Sin embargo, las señales que arroja el sistema público apuntan a que la senda de gasto en la partida crecerá en los próximos años. Concretamente, las nuevas jubilaciones cuentan con pensiones que ascienden al 76% del salario medio de los españoles.
La tormenta perfecta inflacionista hará que el Gobierno deba extender un desembolso de cerca de 5.000 millones de euros en concepto de subida de las pagas para el próximo año. Concretamente, se juntará al comienzo del próximo año la revalorización ordinaria de las pensiones y, para el mes de febrero, la prevista compensación que recibirá el colectivo por la desviación experimentada entre el avance de los precios de 2021 y la subida efectuada a comienzos del presente ejercicio, que ya se asume deberá ser pagada al quedar esta por debajo de la inflación.
