El autónomo paga un 30% menos de comisiones en su plan de pensiones

Más de un millón de trabajadores con algún tipo de instrumento financiero de ahorro para la jubilación, ya sea plan de pensiones u otro tipo de producto, esperan con los brazos abiertos la activación del conocido como fondo público de pensiones que pretende poner en marcha el Gobierno en 2022. Una medida que pretende aliviar uno de los principales problemas que encuentra el colectivo a la hora de gestionar sus ahorros: los elevados costes en forma de comisiones que asumen. Concretamente, según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, esta reducción de coste para los ahorradores podría llegar al 66%, y se daría principalmente en el caso de los planes de pensiones individuales. Sin embargo, el margen de actuación sobre estos costes es escueto atendiendo a las cifras que arroja Inverco al respecto: las comisiones se han visto reducidas en un 30% en la última década.

Históricamente, uno de los obstáculos que ha tenido la industria de planes de pensiones para crecer en nuestro país y conseguir involucrar a más ciudadanos en los planes de ahorro a largo plazo han sido los costes que acarrean y el tratamiento fiscal futuro, que resta atractivo a la inversión y aleja a los potenciales ahorros de estos instrumentos financieros de previsión.

Atraer a los ahorradores

Desde el sector ya se vienen haciendo esfuerzos en este ámbito y según las cifras que se recogen en el Informe 2019 de Seguros y Fondos de Pensiones elaborado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las comisiones de gestión (1,06%) y las de depósito (0,12%) de estos planes sumaban una carga en términos de costes para el ahorrador sobre las aportaciones realizadas del 1,18% en el año 2019. Se trata, si observamos la evolución, de una rebaja de estos costes de hasta el 30% en comparación con hace diez años, cuando la suma de las dos comisiones alcanzaba el 1,72%. Como resultado, estos costes para el depositante son del 0,54% menos ahora respecto a la pasada década.

Cabe recordar que, precisamente, este es uno de los elementos sobre los que pretende actuar el Gobierno con el impulso previsto a los planes de empleo a través del fondo público de pensiones. La comparativa, en este caso, con los costes que acarrean los planes de ahorro colectivo en la empresa es notablemente desfavorable para los planes individuales. En ese mismo 2019, estos ahorros generados en los fondos de pensiones de empleo, estaban sujetos a unos costes de gestión (0,21%) y de depósito (0,02%) que apenas alcanzaba un 0,23% y que hace diez años ya se situaban en el 0,24%, una cifra prácticamente similar. Y más allá, la diferencia con los costes de los planes individuales es de un punto porcentual.

Sobre este fondo público, del que aún no se conocen los detalles más allá de los plazos impuestos por el Gobierno para su aprobación, recientemente, el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, reclamaba "ir más allá" de lo contemplado en el acuerdo de pensiones alcanzado en el Congreso en el marco del Pacto de Toledo y abordar "soluciones más agresivas" para el sistema público de pensiones. En el caso del fondo de pensiones de empresa impulsado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, reconoce que "fue una agradable sorpresa", pero lamenta la "falta de detalle" y "aparente enfriamiento" de su propuesta, asumiendo un retraso de hasta tres años en la puesta en marcha del fondo. "Estamos perdiendo el tiempo", decía, antes de apostillar que "Mapfre estará interesada en participar una vez que se conozcan las condiciones", que espera que "respete el interés público y privado".

Aprobación del sector

En este sentido, si bien es cierto que el Ejecutivo plantea una medida razonable para el sector en cuanto a la gestión y depósito de los ahorros, que correrán a cuenta de las empresas privadas, lo cual valoran positivamente las compañías, la demora de los plazos para su activación supone una oportunidad perdida en estos meses donde el impacto de la pandemia ha llevado las tasas de ahorro de los hogares a máximos desde la pasada crisis.

Así, lejos de suponer una competencia para las empresas del sector, al ser un fondo de promoción pública, pero de gestión privada, "dará más posibilidades de trabajo a las empresas del sector y puede ser el impulso definitivo para los planes de pensiones de empleo en España", señala el director de Nationale-Nederlanden Employee Benefits, Juan Marina, en referencia al impacto que puede tener sobre el mercado la puesta en marcha por parte del Gobierno de este vehículo de previsión social complementaria, que "es más una ayuda".

España es uno de los países de Europa en los que más ha crecido el ahorro, un 42% hasta marzo de 2021, y uno de los más afectados por la caída del consumo, que ha descendido un 25% con respecto a los niveles preCovid, de acuerdo al resultado del Monitor Económico.

La patronal alemana asume que la jubilación subirá a los 70 años

La presión demográfica sigue haciendo estragos en las economías avanzadas. El progresivo envejecimiento de la población y la menor natalidad hace que el dibujo de la pirámide demográfica se esté revirtiendo, con cada vez más peso de las personas de edad avanzada. Y por ende, menor contribución de la población trabajadora, que mengua con el paso de los año. "Debemos ser honestos con la gente: no podemos mantener la edad de jubilación a los 67", dijo recientemente el el presidente de la Asociación de Empleadores de Total Metal, Stefan Wolf en una entrevista para el periódico alemán Funke Media Group. "En los próximos años tendremos que hablar de la edad de jubilación de 69 a 70 años", señalaba advirtiendo de que los fondos de pensiones tienen problemas de financiación ante el aumento de la esperanza de vida. Y afirmando que el resultado de esto debe ser "la gente trabajará más tiempo".

Además, el presidente de la patronal del metal aludió a repensar los límites del sistema de pensiones alemán, que actualmente es de reparto. Según apunta el líder empresarial, para poder seguir financiando el sistema, la edad de jubilación se deberá incrementar gradualmente de 65 a 67 hasta 2031 y debería ir más allá. Al mismo tiempo, el Estado debe aumentar su participación de los fondos de pensiones de impuestos para seguir creciendo.

Las nuevas jubilaciones ya suponen el 76% del salario medio en España

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