El Consejo de Ministros que inauguró el nuevo curso político dio su placet a la primera parte de la reforma de pensiones. La norma blindará las actualizaciones anuales de esas prestaciones según el IPC, una costosa revalorización cuyos efectos ya se notarán en 2022.
No sólo influye el alto nivel que la inflación muestra. También lo hacen las dificultades estructurales que las cuentas de la Seguridad Social arrastran, y que no solucionan ni el incremento de los ingresos por cotizaciones derivado de la recuperación del empleo, ni el modo en que se aligerará el déficit de esta Administración, trasladando sus gastos impropios a los Presupuestos. Los expertos calculan que, para conseguir un equilibrio duradero en el balance de la Seguridad Social sería ya necesario recurrir a una medida tan extrema (y obviamente inaplicable) como rebajar 75 euros anuales las nóminas de todos los jubilados. Ante esta situación, cada vez hay menos margen para que el ahorro privado complementario aporte soluciones. Lo evidencia el mal semestre que los planes de pensiones cerraron en España, el peor en cinco años, con 193 millones acumulados en reembolsos. El periodo enero-junio siempre es negativo para estos vehículos ya que las aportaciones se demoran a diciembre. Pero las cifras especialmente adversas de 2021 muestran que los inversores tienen muy en cuenta la fuerte rebaja aplicada a las cuantías deducibles en su IRPF de dichas aportaciones. Es más, el balance anual de los planes de pensiones puede terminar este año en negativo.
La indexación al IPC multiplicará el gasto de la Seguridad Social, mientras el ahorro privado se ve desincentivado
Con el ahorro privado desincentivado, y el gasto de la Seguridad Social multiplicado por su reindexación al IPC, sólo puede concluirse que los problemas del sistema de pensiones se están agravando.
