El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado este martes que no participará en el "juego salvaje" de bajar impuestos a las rentas más altas, porque considera que la factura de reducir la carga fiscal al 1% más rico la paga el 99% de la población, genera desigualdades y afecta a la calidad de los servicios públicos.
El Gobierno presentará en los próximos días un paquete de medidas fiscales para el año 2023 incluyendo el nuevo impuesto a grandes fortunas que, según ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, formará parte de una ley específica distinta a la de los presupuestos generales y con carácter urgente.
La voracidad del Estado para recaudar impuestos no parece tener límite y siempre habrá nuevas figuras impositivas con las que vaciar, si aún cabe más, el bolsillo de los contribuyentes. Podemos encontrar cualquier justificación, por extraña que sea, para llenar las arcas públicas, sin embargo, lo que no tiene sentido es justificar y mantener impuestos anacrónicos más propios de otros tiempos y que, sin lugar a dudas, terminan siendo un ejercicio confiscatorio, por la doble imposición que representan.
Desde hace años existen dos Españas cada vez más opuestas desde el punto de vista del tratamiento impositivo a la riqueza, y esa realidad también salta a la vista de los inversores extranjeros. El análisis de la llegada de capitales foráneos a nuestro país muestra cómo estos rehúyen, con creciente intensidad, a las autonomías que se caracterizan por castigar impositivamente la posesión o transmisión de la riqueza, a través de altos tramos de IRPF, o la aplicación sin apenas bonificaciones de los tributos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.
Desde el año 2008, hasta la fecha, el Partido Popular ha rebajado 66.4132 millones de euros en impuestos autonómicos, impacto fiscal del que se han beneficiado 9,6 millones de contribuyentes.
Con motivo del debate del techo de gasto no financiero que ayer salió adelante en el Congreso de los Diputados -198.291 millones de euros, un 1,1% más que en 2022- , la ministra de Hacienda volvió ayer a retomar la promesa de aplicar una nueva tasa a las grandes fortunas -inspirada en la vieja demanda de Unidas Podemos- con el fin de sufragar con esta recaudación los gastos que se derivan de la crisis energética.
Pablo Iglesias y Pablo Echenique (Podemos) piden dos años y medio de cárcel --en total-- por la presunta comisión de sendos delitos de odio y amenazas para el exconcejal del PP en Novallas (Zaragoza), Eloy Valero, por unos comentarios que el 'popular' publicó en su cuenta de Facebook en 2020.
Ha sido salir Juan Manuel Moreno Bonilla con su programa de rebajas fiscales en Andalucía y desatarse todas las furias y la orgía de desvaríos del gobierno y de sus socios sazonada con su habitual concierto de demagogias y falsedades ampliadas por la crispación derivada de esta precampaña electoral adelantada en qué nos encontramos y el frenesí ante los resultados que anticipan las encuestas.
La fiscalidad autonómica constituye una intrincada maraña de impuestos propios y cedidos en los que cada año hay numerosos cambios. Con todo, entre ellos, destacan cuatro figuras fundamentales (el tramo autonómico del IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Actos Jurídicos Documentados) en las que los cinco territorios gobernados por el PP están actuando simultáneamente, mediante rebajas tributarias.
Las cinco CCAA gobernadas por el Partido Popular son las únicas que han rebajado al mismo tiempo el tramo autonómico de cuatro impuestos que gravan a la sociedad en un momento complicado por la inflación récord.
Si no hay cambios, el 1 de enero de 2023 entrará en vigor el impuesto al plástico. Este gravamen se sumará a la docena de impuestos ya existentes en toda la cadena de producción y distribución. En plena oleada de encarecimiento de las materias primas y de los costes de la energía, la industria alimentaria pide al Gobierno que retrasar la entrada en vigor. "Se debería suspender los impuestos especiales y aplazar la entrada en vigor de los nuevos", alegan fuentes de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas).
El Estado es uno de los grandes beneficiados con la subida del precio de los alimentos gracias a una docena de impuestos a lo largo de toda la cadena de producción y distribución. Son gravámenes que contribuyen a que los alimentos se encarezcan de media un 283% entre el campo y el supermercado, según los datos de agosto del barómetro mensual que elabora la organización agraria Coag.
Desde establecer un pacto de rentas a reducir el gasto público, subir impuestos e incluso crear un IVA más elevado para los bienes de lujo, un grupo de economistas consultados por este periódico apunta las claves para frenar la escalada en el precio del dinero a niveles no vistos en décadas.
El Gobierno de Pedro Sánchez reconoció ayer que su idea inicial de gravar la facturación de las empresas energéticas, para aplacar la inflación, finalmente sufrirá una modificación en el trámite de ley en el Congreso de los Diputados, este otoño, y cambiará y se adaptará al acuerdo alcanzado por la Unión Europea.
El incremento de la recaudación por impuestos, debido en gran parte a la alta inflación, no sólo permitirá sufragar por completo el plan anti-crisis del Gobierno (valorado en 30.000 millones por el presidente Sánchez). Además, una vez descontados los recursos que esa iniciativa absorberá, quedará aún disponible un sobrante de 15.000 millones destinado a las arcas públicas.
Tras el fallecimiento de Isabel II la semana pasada, el recién nombrado Rey Carlos III ascendió al trono y se hizo cargo de la corona británica. Por ello, recibirá un sueldo anual similar al de su madre. Si bien no tendrá que darle al gobierno ni un centavo de impuesto de sucesiones, el monarca tendrá que renunciar a algunos activos importantes y tendrá que pagar el impuesto sobre la renta, una tradición que su madre comenzó en la década de 1990.
Si un familiar cercano fallece puede que, aparentemente, sea una de nuestras últimas preocupaciones al tratarse de una noticia tan triste, pero lo cierto es que la rueda sigue girando y las personas que, en estos casos, reciban una herencia deben saber que para poder cobrarla hay que hacer frente al pago de algún que otro impuesto.
En 2023, la capital zaragozana contará con el tipo general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) más bajo permitido por la Ley de Haciendas Locales.
Cuenta la fábula atribuida a Esopo como el escorpión le pidió a la rana que lo cargara para cruzar el río y la rana le dijo "¿Cómo sé que no me picarás?", a lo que el escorpión respondió: "porque haría que ambos nos ahogáramos". La rana aceptó; pero a la mitad del río el escorpión picó a la rana. Y cuando la rana le preguntó "¿por qué?, si los dos vamos a morir"; el escorpión respondió "es mi naturaleza".
Los participantes en el VII Foro de Energía Repower EU: El camino hacia la independencia energética, organizado por elEconomista niegan que las empresas estén percibiendo los conocidos como beneficios caídos del cielo.
Aunque aún falta más de medio año para arrancar oficialmente la campaña electoral por el Palau de la Generalitat Valenciana, los impuestos en plena escalada de la inflación se han convertido en uno de los temas centrales de la carrera por el poder. El candidato del PP, Carlos Mazón, que ya había centrado en las rebajas fiscales buena parte de su campaña para tratar de recuperar el Gobierno, ha dado una vuelta de tuerca más con la promesa de que de que reducirá el impuesto sobre la compra de vivienda, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados si preside el Consell.
El presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha iniciado el nuevo curso político con el anuncio de que su Gobierno tiene intención de abordar cambios de calado en los impuestos autonómicos antes de las próximas elecciones ante la crisis provocada por la escalada inflacionista.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comienza el curso político anunciando dos nuevos beneficios fiscales a los cinco anunciados hace meses. Unas rebajas fiscales, que se aprobarán en septiembre, supondrá un ahorro de 2.500 millones de euros esta legislatura.
Las subvenciones relacionadas con el fondo europeo Next Generation se consideran "ayudas que se concedan para asegurar una rentabilidad mínima o compensar los déficit de explotación", por lo que son un ingreso de la actividad económica y deben integrarse en la base imponible general siguiendo la norma general, como rendimientos del trabajo.
2021 ha sido un año clave para Netflix. El gigante del streaming comunicó en 2020 que iba a dejar de tributar en Países Bajos para empezar a hacerlo en España. Para ello, todos los usuarios pasaron a contratar los servicios a través de Netflix Servicios de Transmisión España, S.L., la filial en España, en vez de con Netflix International BV, con sede fiscal en el país europeo.
Comprar por estos días una casa prefabricada es una idea que resulta común por la fuerte tendencia, por el acceso económico a una de ellas y por el poco tiempo que requieren sus instalaciones. Sin embargo, en su entorno corren mitos y verdades. Sobre las primeras, hemos querido desmitificar algunas creencias erradas sobre este universo de viviendas.
Cuando un familiar cercano fallece lo más humano y lógico es centrarse en el duelo de esa persona querida que ha muerto, pero en los casos en que este familiar nos deje una herencia hay que reunir fuerzas para acometer los trámites que esta herencia nos exige, incluido el pago de los pertinentes impuestos.
La gran pregunta cuando la plenitud no es posible: ¿es mejor amar o ser amado? Quien ama no pone límites a sus acciones en favor del ser amado, persevera en su actitud incluso ante el desafecto, sonríe hasta en los desengaños… El amado se envanece, se siente a salvo de críticas por su comportamiento, reduce su esfuerzo por contentar al otro a lo indispensable: está seguro en su pedestal.
De verdad que me gustaría creer a la ministra Calviño cuando afirma que la economía española mantendrá en 2022 “un intenso crecimiento” que permitirá que el Producto Interior Bruto crezca un 4,3%”. Y me gustaría creerlo porque si eso fuera así sería bueno para España y para todos. Pero visto el escenario de ralentización de la actividad económica, de inflación desbocada, empobrecimiento general, subida de tipos de interés y con 100.000 empresas al borde de la quiebra como muestra el espectacular crecimiento de los concursos de acreedores, sus palabras y el cuadro macroeconómico que acompaña al techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros para 2023, ni son creíbles, ni fiables, ni admisibles.
