La ministra de Hacienda María Jesús Montero confirmó ayer en el Congreso de los Diputados que el Gobierno está trabajando en un nuevo impuesto "temporal" a las grandes fortunas, que entraría en vigor el próximo año.
Esta medida constata la inquietud que produce en Moncloa el rédito electoral que puede obtener el PP tras la ofensiva lanzada por la formación de Núñez Feijóo, basada en rebajas fiscales en todas las autonomías en las que gobierna. El problema es que en vez de replicar la adecuada iniciativa de los populares en este aspecto, el Ejecutivo muestra su preocupación desenterrando de manera precipitada una anacrónica propuesta de Unidas Podemos que la propia Montero rechazó hace pocos meses. Buena muestra de dicha precipitación reside en que el Gobierno asume el manifiesto riesgo de que el nuevo tributo a los mal llamados "ricos" se declare inconstitucional por la Justicia. Un extremo que es más que probable que suceda si se tiene en cuenta que la nueva tasa se quiere implantar sin antes haber eliminado el populista e injusto Impuesto de Patrimonio. Esto provocará que se castigue por partida doble la mera posesión de riqueza. Una doble tributación que abre la puerta a que se presenten en los juzgados múltiples recursos y que otorga argumentos más que suficientes para que el impuesto sea tumbado por el Tribunal Constitucional.
La tasa temporal a las grandes fortunas supone una doble imposición al convivir con el anacrónico tributo de Patrimonio
A pesar de ello, el vértigo que el Gobierno siente ante los pésimos sondeos publicados de cara a los comicios del próximo año (autonómicos y municipales en mayo y generales en diciembre) provoca que de nuevo cargue de manera injusta contra las clases más pudientes con un impuesto precipitado, que trasgrede de forma clara la legislación vigente.
