El Estado es uno de los grandes beneficiados con la subida del precio de los alimentos gracias a una docena de impuestos a lo largo de toda la cadena de producción y distribución. Son gravámenes que contribuyen a que los alimentos se encarezcan de media un 283% entre el campo y el supermercado, según los datos de agosto del barómetro mensual que elabora la organización agraria Coag.
Los ejemplos son múltiples, con subidas incluso mucho mayores. El ajo es uno de los casos más llamativos. Tiene un precio en origen de 0,79 euros por kilo, mientras que en el destino la etiqueta marca casi seis euros el kilo. La diferencia entre ambos precios es de un 648%, tal y como demuestra el Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (Ipod). Y lo mismo ocurre con la zanahoria o con el cerdo con una diferencia del 563% y del 260% respectivamente. Pero, ¿por qué tanta diferencia? La existencia de múltiples intermediarios a lo largo de la cadena multiplica los costes y el pago a Hacienda, subiendo el precio final, lo que perjudica al consumidor. Además se debe tener en cuenta la base imponible, lo que beneficia más al Estado.
Ya al inicio de la cadena son muchos los costes de producción que asume el agricultor. La compra de fertilizantes representa la mayor parte en un momento en el que su precio se ha triplicado pues venía importado de estados como Rusia y Bielorrusia, que ahora sufren las sanciones de la Unión Europea. A raíz de la reforma fiscal, se estima que el Estado recaudará 279 millones de euros solo por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los fertilizantes nitrogenados.
Impuesto del sector primario
El sistema agroalimentario aporta el 9% del Valor Añadido Bruto de la economía española y ocupa a dos millones de personas. Los agricultores y ganaderos deben hacer frente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que grava rendimientos y ganancias patrimoniales, y que es la principal carga fiscal que deben asumir. No obstante, hay dos alternativas. Por un lado, se pueden acoger al Régimen de Estimación Directa, específico para la actividad agrícola y obligatorio cuando el volumen de rendimientos brutos en un año supera los 300.000 euros.
Por el otro, está el Régimen de Estimación Objetiva, usado por el 80% de los agricultores españoles, ya que "es más cómodo de declarar y ofrece mayores ventajas", alega el experto en fiscalidad de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Juan José Álvarez. Este se calcula a través de la aplicación de los índices sobre módulos. Es un régimen fiscal paras las actividades agrícolas, ganaderas y forestales y que calcula la renta a través de la aplicación de unos índices de rendimiento neto fijos y específicos de cada tipo de actividad. No obstante, existen índices reductores como los medios de producción ajenos usados, el personal asalariado, actividades ecológicas y por joven agricultor. Más allá de esto, las empresas agrícolas deben pagar también el impuesto de Sociedades, que recae sobre el beneficio neto y el IVA, que también grava todas sus compras, pero al recaer en el consumidor tiene un efecto fiscal neutro para el productor.
Los agricultores pueden acogerse al Reagp, el Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca, que permite que los empresarios no tengan que liquidar el IVA por aquellas ventas de productos naturales que se han obtenido de las explotaciones y en las entregas de bienes de inversión, siempre y cuando no sean inmuebles. El Reagp es el resultado de aplicar al precio de venta de los productos obtenidos un porcentaje. En el caso de la agricultura es un 12% y en el de la ganadería, un 10,5%, es decir que los primeros son los menos gravados. "Lo que está pidiendo el sector es igualar ambos porcentajes al incremento de costes, es decir, que la ganadería tenga el mismo porcentaje que la agricultura", asegura Álvarez. En el campo, agricultores y ganaderos tienen que afrontar también el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de hidrocarburos para la utilización de tractores y maquinaria agrícola, Impuestos a la electricidad, al plástico o de Actividades Económicas.
Otros impuestos
Pero la carga fiscal no se limita únicamente a la producción. Almacenamiento, transporte, distribución y consumo son las fases por las que pasa un producto desde que empieza su ruta en el campo hasta que llega a la mesa del consumidor. A lo largo de todo el proceso los impuestos se van pagando de forma reiterada según las empresas e intermediarios que participan en la cadena.
En el transporte, hay que volver a pagar impuestos de hidrocarburos, matriculación, circulación, Sociedades, Actividades Económicas, etc. No cabe duda, sin embargo, que es en el caso de la distribución donde se debe hacer frente a más impuestos. Sumados a todos los mencionados anteriormente, también existen Impuestos a los grandes establecimientos comerciales en autonomías como Cataluña, Aragón, Asturias y Navarra; la tasa de gases fluorados para los equipos de refrigeración; Impuestos a las bebidas azucaradas en Cataluña, el Impuesto especial a las bebidas alcohólicas en todo el país y otros muchos.
Al final de la cadena, las bebidas alcohólicas y las plantas ornamentales son las que presentan un mayor porcentaje de IVA, un 21%. Asimismo, las carnes y pescados junto con las bebidas no alcohólicas representan el 10% de dicho impuesto. Por último, los productos frescos como las frutas, verduras, hortalizas, la leche, el queso, los huevos, los cereales, pan y harinas solo se gravan un 4%.
Visión de las patronales
Desde las organizaciones empresariales están pidiendo por ello soluciones al Gobierno y una rebaja de la presión fiscal. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) asegura así que "el Ejecutivo debe rebajar el IVA de la alimentación, suspender los impuestos especiales y aplazar la entrada en vigor de otros nuevos, como es el caso del impuesto al plástico".
Algo similar exige la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab). "En la tensionada situación económica actual, con costes energéticos disparados y una inflación muy alta que amenaza el consumo, pedimos que no se adopte ninguna medida fiscal o reguladora que reste competitividad al sector o a las familias", asegura la patronal. "Así, por ejemplo, hemos solicitado que se retrase al menos un año, hasta enero del 2024, la entrada en vigor del Impuesto Especial a los Envases de Plástico", aseguran desde Fiab a este periódico. Asimismo, Asaja ha pedido que se reduzca la factura del gasóleo y fertilizantes un 35% y a los plásticos un 15%. "Esto era algo que ya existía", alega Álvarez.
El Gobierno no se ha pronunciado al respecto. No obstante, ha aprobado el Real Decreto-Ley 4/2022 con la finalidad de paliar las consecuencias negativas de la sequía y los costes de producción. Asimismo, en el caso del gasóleo existe una devolución parcial para profesionales para los motores de tractores y maquinaria agrícola en general. La devolución es de 63,71 euros por cada 1.000 litros sobre la base constituida por el volumen empleado.