La voracidad del Estado para recaudar impuestos no parece tener límite y siempre habrá nuevas figuras impositivas con las que vaciar, si aún cabe más, el bolsillo de los contribuyentes. Podemos encontrar cualquier justificación, por extraña que sea, para llenar las arcas públicas, sin embargo, lo que no tiene sentido es justificar y mantener impuestos anacrónicos más propios de otros tiempos y que, sin lugar a dudas, terminan siendo un ejercicio confiscatorio, por la doble imposición que representan.
El patrimonio se define como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones cuya titularidad recae en una persona. Cuanto mayor sea el patrimonio, se entiende que dicha persona es más rica y, por tanto, algunos países buscan gravarlo con el argumento de la redistribución de la riqueza y la justicia social bajo la monserga, "que pague más quien más tiene". Pero una cosa es tributar por la generación de renta y otra es hacerlo por la acumulación de la misma después de haber pagado todos los impuestos habidos y por haber. Con ese mantra, al final siempre hay alguien que tiene más patrimonio que otro, pero no por eso debe pagar impuestos.
En economía se entiende el ahorro como la decisión de una persona por la que prefiere no consumir bienes y servicios en el presente para hacerlo en el futuro. Aunque el consumo es una variable importante en el crecimiento económico, sin ahorro no hay inversión y el efecto, a largo plazo, sobre la economía puede ser letal. Por ello, los gobiernos buscan que haya ahorro entre sus ciudadanos, un ahorro desincentivado fiscalmente.
En nuestro país, no hay escapatoria pues si consumes pagas IVA y si ahorras pagas impuesto a la riqueza. En este contexto donde las personas aspiran a acumular riqueza para asegurar un futuro mejor, este impuesto, desincentiva el ahorro o incentiva la fuga de capitales, pues quienes tienen mucha riqueza, los que realmente podríamos llamar ricos, no aquellos que tienen bienes por valor de 700.000 euros y que no son tal cosa, menos aún con la inflación, disponen de mecanismos de elusión fiscal que hacen que, en la práctica, no tengan que tributar por dicho patrimonio, cuando no deciden cambiar su residencia fiscal a otro país.
En España se mantienen dos figuras impositivas que gravan el patrimonio de los contribuyentes, ya estén vivos o muertos, y cuya recaudación no es elevada pero su impacto en las familias puede llegar a serlo, hasta el punto de renunciar a sus derechos.
Por un lado, el impuesto de sucesiones no deja de ser el tributo sobre la muerte, la forma que tiene el Estado de rendir los últimos honores funerarios al causante y gravar, post mortem, el caudal de riqueza recibido por los herederos y que ya había tributado. Por otro, el impuesto al patrimonio es una figura arcaica que, dentro de la UE, sólo existe en España. La injusticia es de tal calibre, que se da la situación paradójica de que si dos personas, en las mismas condiciones de partida, con la misma capacidad de generación de renta, difieren en sus hábitos de consumo, aquellas que prefieran ahorrar para consumir años más tarde, tendrán que pagar un impuesto por dicha decisión mientras que quien decida gastar todos sus ingresos y vivir la vida sin mirar por el dinero, será alguien considerado pobre y no tendrá que tributar.
Es decir, que este impuesto, no termina afectando a los grandes patrimonios sino a las clases medias-altas que han podido acumular bienes, como pueden ser inmuebles y dinero en bancos, tras muchos años de esfuerzo y pagar impuestos. Es más doloroso cuando es el Estado quien determina, artificialmente, el valor de dichos bienes y no actualiza, durante años, los límites a partir de los cuales, se considera a alguien rico y, por tanto, sujeto pasivo de dicho impuesto.
Así pues, se lanza el falso mensaje de que quien es rico lo es por cuna y no por toda una vida de esfuerzo y duro trabajo. Si la riqueza naciese de la nada, de forma espontánea, como quien encuentra un tesoro oculto, podríamos llegar a entender que se tributara una parte por una vez, pero si ha sido el resultado del esfuerzo del contribuyente, generando y acumulando rentas, renunciando a su gasto en el momento presente con la intención de disfrutarlo en el futuro, no parece justo que haya que gravar este hecho impositivo que debería desaparecer pues tiene efectos negativos sobre el PIB y el empleo.