La inversión extranjera cae en las autonomías que más gravan la riqueza

Desde hace años existen dos Españas cada vez más opuestas desde el punto de vista del tratamiento impositivo a la riqueza, y esa realidad también salta a la vista de los inversores extranjeros. El análisis de la llegada de capitales foráneos a nuestro país muestra cómo estos rehúyen, con creciente intensidad, a las autonomías que se caracterizan por castigar impositivamente la posesión o transmisión de la riqueza, a través de altos tramos de IRPF, o la aplicación sin apenas bonificaciones de los tributos de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones.

En el otro lado del espectro, Andalucía y Madrid, las regiones que más intensamente se han focalizado en poner coto a esas figuras tributarias, registran incrementos del 107% (multiplica por más de 2) y del 20,4% respectivamente en los capitales que recibieron del exterior en idéntico periodo.

Excluyendo a los territorios con régimen foral (País Vasco y Navarra) y aquellos con una clara particularidad geográfica (como Canarias), llama la atención la forma en que se retraen las inversiones en Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana o Extremadura entre el año 2017 y la actualidad (la elección de un periodo de cinco años es la recomendada por los economistas para observar tendencias).

Descensos de hasta el 40%

Las cifras de la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Industria, muestran contracciones que oscilan entre el 10% de Cataluña y el 40% propio de Extremadura. Se trata en todos estos casos de territorios muy variopintos en lo que respecta a su estructura económica, pero que cuentan con llamativas coincidencias en cuanto a sus políticas fiscales.

En primer lugar cuentan con tipos marginales máximos agregados (sumando el tramo estatal y el autonómico) del IRPF que se sitúan entre los mayores de toda España, al superar el 49% y, por ende, no cuentan con planes de deflactación para compensar el impuesto añadido que suponen año tras año los incrementos del IPC.

Es más, los gravámenes del 54% de la Comunidad Valenciana y el 50% propios de Cataluña se encuentran entre los más altos de su categoría de el área OCDE en su totalidad.

De igual modo, destaca que todos estos territorios constituyen los más severos en cuanto a la aplicación del Impuesto de Patrimonio. Este último tributo cuenta con una recaudación ínfima pero constituye un anacronismo que en Europa ha quedado relegado a solo tres países que llama negativamente la atención de los ciudadanos de otros países.

Desde 2009, Madrid se encuentra en las antípodas de las políticas de aumento de impuestos

En el caso de Aragón, cuenta con el mínimo exento del impuesto a la riqueza más bajo de toda España, situado en 400.000 euros, cuando el límite que la normativa estatal establece sobre este tributo se encuentra en 700.000 euros. Además, sólo prevé bonificaciones para contribuyentes que sufran una discapacidad con un límite de 300.000 euros. En el caso de la Comunidad Valenciana, Extremadura y Cataluña el mínimo exento se encuentra en los 500.000 euros, lo que también los sitúa como los territorios que más penalizan la posesión de riqueza.

Desde 2009, Madrid se encuentra en las antípodas de esas políticas, con una hoja de ruta que la ha llevado a bonificar Patrimonio al 100%, lo que equivale a su eliminación en la práctica, de forma generalizada para todos los contribuyentes. En paralelo, su tipo máximo del 45% agregado del 45% en el IRPF. Desde hace años, esta situación atrae un volumen de inversión extranjera que crece a una tasa del 20,4% en el último lustro.

Suele alegarse en este caso al efecto capitalidad pero lo cierto es que Andalucía, una autonomía que no disfruta de ese plus, y que cuenta con una política fiscal basada desde 2019 en reducir impuestos, cada vez tiene más atractivo para los inversores foráneos. En concreto, en los últimos cinco años, los recursos recibidos en esta rúbrica se han más que duplicado.