De verdad que me gustaría creer a la ministra Calviño cuando afirma que la economía española mantendrá en 2022 "un intenso crecimiento" que permitirá que el Producto Interior Bruto crezca un 4,3%". Y me gustaría creerlo porque si eso fuera así sería bueno para España y para todos. Pero visto el escenario de ralentización de la actividad económica, de inflación desbocada, empobrecimiento general, subida de tipos de interés y con 100.000 empresas al borde de la quiebra como muestra el espectacular crecimiento de los concursos de acreedores, sus palabras y el cuadro macroeconómico que acompaña al techo de gasto aprobado por el Consejo de Ministros para 2023, ni son creíbles, ni fiables, ni admisibles.
Una duda más que razonable que corroboran también sus múltiples antecedentes, revisando a la baja las previsiones presupuestarias o como cuando afirmaba sin ruborizarse que la subida de la inflación responde a un "fenómeno transitorio", asegurando que los precios se estabilizarían en la primavera de 2022.
¡Qué Dios la conserve el oído!, al menos para escuchar los serios avisos de la mayoría de los organismos nacionales e internacionales, desde el Banco de España hasta el FMI pasando por la Comisión Europea, la OCDE o nuestra Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que están revisando notablemente a la baja la previsión de crecimiento para este año y también para el próximo e, incluso, algunos de ellos no descartan ya que pueda haber algún trimestre con caída del PIB en la segunda parte de 2022 o en los inicios de 2023. No sólo a causa de los precios sino por todos los frentes que se mantienen abiertos, que amenazan con agravar la ya alarmante situación de la economía y la intensidad de los desequilibrios".
Acudiendo a sus propias argumentaciones vemos que el gobierno basa su previsión de crecimiento en tres factores claves: la reactivación del consumo privado, la aportación de los fondos europeos y la recuperación del turismo extranjero. Pues bien, de los tres sólo el turismo cumple y funciona.
El consumo privado ha caído ya un 3,7% en el primer trimestre y aunque se espera una recuperación por el efecto del verano, el otoño puede ser catastrófico, lastrado por el cierre de la temporada turística, la finalización de los contratos ligados a la estacionalidad, el aumento del desempleo, la subida de los tipos de interés, el alza de los precios de la energía y la congelación o retirada de inversiones por la inseguridad jurídica derivada de los impuestos populistas a las energéticas y a los bancos.
Y respecto a los fondos europeos, tanto el Banco de España como la AIREF han denunciado el escaso efecto multiplicador que estiman sólo en el 0,8% y 0,9%, respectivamente, recomendando además hacer un esfuerzo de transparencia y ofrecer más información sobre su ejecución. Mientras que esta misma semana la CEOE ha denunciado la existencia del altas tasas de licitaciones desiertas en los fondos, al tiempo que recuerda que de los 9.000 millones de euros recibidos en 2021 sólo 2.400 millones han sido ejecutados.
Y lo más grave, por perjudicial, incongruente y contrario a los requerimientos de Bruselas, del BCE y de todos los organismos económicos independientes, es que el Gobierno acompaña estas previsiones presupuestarias de un techo de gasto no financiero de 198.221 millones de euros para el año próximo, el más alto de la historia y un 1,1% superior al programado para el año en curso, que al incrementar aún más la demanda de bienes y servicios por parte del Estado supone, a efectos prácticos, echar más gasolina al fuego de la inflación.
Un techo de gasto marcadamente electoralista teniendo en cuenta que en mayo hay elecciones autonómicas y no son descartables las generales que, en cualquier caso, deberán convocarse a final del ejercicio, y un derroche de dinero público que no se empleara para generar inversiones y puestos de trabajo sino para incrementar las ya elevados índices de déficit y deuda, además de en subvenciones y limosnas para comprar votos cautivos y que pagaremos al final el conjunto de los ciudadanos mediante más impuestos o recortes de servicios. Al tiempo.
