El Gobierno de Pedro Sánchez reconoció ayer que su idea inicial de gravar la facturación de las empresas energéticas, para aplacar la inflación, finalmente sufrirá una modificación en el trámite de ley en el Congreso de los Diputados, este otoño, y cambiará y se adaptará al acuerdo alcanzado por la Unión Europea.
Un modelo abanderado por la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, y que persigue gravar los beneficios extraordinarios de estas empresas, en lugar de las ventas, como a priori había diseñado Moncloa -la dirigente alemana prevé recaudar cerca de 140.000 millones de euros-.
Se trata de una modificación para las empresas energéticas, que por cierto, no correrá igual suerte el impuesto a la banca, tal y como fuentes de Hacienda confirmaban ayer a eE al cierre de esta edición. Las mismas señalan que, a pesar de las especulaciones que tuvieron lugar en la pasada jornada, sobre una mejora de este impuesto, como el de las energéticas -lo que habría animado el resultado del sector en la Bolsa-, el gravamen está en el Congreso y continuará con su tramitación.
Era la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien este jueves distinguía que, una vez que se conozca la fórmula de tributo avanzado por Bruselas para las energéticas, "ajustaremos nuestra legislación a la figura que se haya consensuado en Europa".
Diferencias
Montero insiste en que el Gobierno de Pedro Sánchez no se ha precipitado, y en el fondo ha hecho como ya hizo con el Impuesto de Servicios Digitales, "que también era una propuesta de la Comisión Europea y siempre dijimos que nos adaptaríamos al consenso cuando se alcanzase", explican a este medio. Sin embargo, la variación de criterio del Ejecutivo es sustancial para el Partido Popular. Los de Alberto Núñez Feijóo aplauden esta consideración y estarían dispuestos a negociar y a apoyar la metamorfosis de un impuesto que, como explica Juan Bravo, responsable de Economía en la dirección nacional del PP, tiene enormes diferencias con el planteamiento fiscal de Bruselas.
Por ejemplo, y con el modelo español -explica Bravo-, una empresa energética que factura 1.000 millones, pero no obtiene beneficios, pagaría 12 millones de euros por este concepto, y por el contrario, cero en Europa. Y en el caso de que esa empresa -continúa- facturara 1.000 millones, pero tuviera un beneficio de 200, en España tributaría 12 millones de euros, y en Europa 66.
El siguiente paso, y una vez aprobada esta semana la toma en consideración de los impuestos a las energéticas y a la banca, queda el trámite parlamentario a inicios de otoño, donde tendrá que cristalizarse la adaptación de la fórmula europea.
