Opinión

La elevada inflación en España permite al Gobierno obtener cifras históricas de recaudación tributaria

Durante los últimos días hemos escuchado hablar mucho sobre los altos niveles de inflación, diversos medios se han hecho eco del dato publicado por el INE al cierre del mes de mayo, que muestra una variación anual del IPC adelantado del 8,7%. Esta cifra, a pesar de ser inferior al pico máximo registrado durante el mes de marzo, que ascendió al 9,8%, sigue siendo extremadamente elevada, mostrando un ligero incremento de un 0,4% respecto al pasado mes de abril. Lo más preocupante de todo es que la inflación subyacente, aquella que no tiene en cuenta la variación del precio de los productos energéticos ni los alimentos frescos (al ser productos más volátiles), ha aumentado en cinco décimas, hasta el 4,9%, siendo la más alta desde 1995.

Esa inflación subyacente, una vez sube, es la que más perdura en el tiempo. Al parecer las medidas adoptadas por el gobierno no han sido capaces de frenar la espiral alcista en los precios provocada por un cúmulo de factores, muchos de ellos importados: la guerra entre Rusia y Ucrania, la escasez de materias primas, los precios máximos de los carburantes y la energía, etc., lo que unido a que las empresas quieran intentar mantener sus márgenes de beneficios, hace que los sucesivos incrementos de precios se trasladen en cascada hacia los consumidores.

A pesar de que todos hemos escuchado hablar mucho de la inflación, y la mayoría de la población a estas alturas es consciente de su pérdida de poder adquisitivo, muy poco (o nada) se ha dicho sobre como este incremento de la inflación ha beneficiado en gran medida a las arcas públicas, llegando a alcanzar las cifras de recaudación tributaria unos niveles nunca vistos en España.

El incremento porcentual obtenido en la recaudación tributaria al cierre de 2021, respecto al año anterior, fue superior al 15%, valor muy por encima de la inflación registrada el pasado año, alcanzando una recaudación total de nada menos que 223.385 millones de euros. Valores muy superiores incluso a los obtenidos en los años previos a la gran crisis económica que sufrió España, para que a nadie le quede la menor duda de que si se ha incrementado fuertemente la presión fiscal.

Por si eso fuera poco, en el último informe publicado por la Agencia Tributaria, se puede observar como la recaudación acumulada de los cuatro primeros meses del año 2022 se incrementó en más de un 18% respecto al mismo período del año anterior, ascendiendo hasta los 85.922 millones de euros de enero a abril a, frente a los 72.778 millones recaudados durante el mismo período de 2021, una vez más es notable como el incremento porcentual de la recaudación es muy superior a la actual tasa de inflación (más del doble). Más del 75% de ese incremento proviene exclusivamente del IVA y el IRPF. Si continua esta tendencia, al cierre de este año se volverán a batir todos los registros históricos.

Por tanto, el dato al que no se le ha dado mucha publicidad (quizás porque no interesa), es que la inflación ayuda al gobierno a reducir el déficit presupuestario.

El artículo 31 de la Constitución Española, dice literalmente: "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso tendrá carácter confiscatorio. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía."

Por otra parte, nuestra Ley General Tributaria (Ley 58/2003), en su artículo 3, expresa respecto a los principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario que: "La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad. La aplicación del sistema tributario se basará en los principios de proporcionalidad, eficacia y limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales y asegurará el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios."

Tras leer en clase esos artículos a mis alumnos, habitualmente surgen dudas acerca de si se están aplicando dichos principios siguiendo el mismo espíritu con el que fueron redactados, ¿Todos contribuimos realmente según nuestra capacidad económica? ¿El poder ejecutivo está realizando una asignación equitativa de los recursos públicos?, ¿Su programación y ejecución responde realmente a criterios de eficiencia y economía? Son preguntas de difícil respuesta, ya que hay argumentos y opiniones de todos los colores.

Hay que recordar que, aunque el fin primordial de los tributos es recaudatorio o contributivo, al ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, los tributos también tienen fines extrafiscales, ya que están configurados para servir como instrumentos de política económica general, y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución.

A pesar de esto, el gobierno se niega reiteradamente a deflactar el IRPF como posible medida de alivio ante la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos. En el actual escenario inflacionista, se podrían ajustar los tramos del impuesto sobre la renta a la evolución de los precios, de esa forma los trabajadores no tendrían que soportar una carga adicional fruto de la elevada inflación. Si los mínimos personales y familiares (exentos de IRPF) no varían anualmente para ajustarlos al IPC, cada vez serán más bajos en términos reales, lo que hará que los contribuyentes tributen más cuando realmente tienen menos renta disponible. Eso implica un incremento de la fiscalidad en frío, que transcurre de manera silenciosa como una subida de impuestos encubierta.

Deflactar consiste en eliminar de un valor monetario los efectos producidos por la inflación, es decir, implica convertir una magnitud medida en términos nominales en otra expresada en términos reales. En el caso del IRPF, si no se hace nada al respecto, los contribuyentes pagarán cada vez más impuestos en términos reales, ya que la configuración actual de este tributo no tiene en cuenta el incremento del coste de la vida.

Muchos críticos llevan años solicitando que, para compensar y mantener un equilibrio, los tramos del IRPF suban a la par de la inflación, para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo en beneficio de la Hacienda Pública. Es alarmante que, a nivel estatal, la última vez que se deflactó el IRPF en España fue en 2007, hace 15 años, lo que afecta a los bolsillos de los contribuyentes.

En cambio, recientemente la presidenta de la Comunidad de Madrid, ante una propuesta del presidente del Partido Popular, ha anunciado que va a deflactar el tramo autonómico de la renta de los madrileños para contrarrestar los efectos de la subida de los precios.

¿Por qué no se analizan este tipo de medidas en profundidad?, si son beneficiosas para todos los ciudadanos y generan un impacto positivo en las familias, ¿Por qué no se propone su aplicación a nivel nacional?

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