La comisión de reconstrucción, constituida en las cuatro subcomisiones temáticas que han estado trabajando estas últimas semanas, traía envuelto un regalo que la aparente predisposición de los partidos no de izquierdas no se esperaba: la propuesta sobre ayudas excluyentes a la educación pública. El cónclave parlamentario que hizo las veces de unos “Pactos de la Moncloa de bolsillo” puede alumbrar entendimientos importantes en materia sanitaria y en la posición común para reclamar el dinero a Europa, pero no en la educativa o en la económica. Las recetas para sacar a España de la sima laboral y productiva en la que se encuentra nunca van a poner del mismo lado al PSOE y al PP, ya en la crisis financiera vimos cómo lo afrontaron el gobierno de Zapatero y el de Rajoy. Pero a ambos partidos se les debería exigir que al menos en los objetivos que conforman el sistema educativo de un país sí tuvieran algo de cintura para poder pactar y llegar a acuerdos imprescindibles.

Mucho se ha destacado en estos días la importancia de los acuerdos económicos y laborales que nos deja la última semana de junio. Y con razón. La sociedad española necesitaba algunos gestos por parte de sus élites, que demostraran una capacidad de diálogo y entendimiento acorde con las dificultades que atraviesan la mayoría de los hogares del país para poder hacer frente a las más elementales necesidades.

El Consejo Europeo lo deja para el mes que viene. La paquidérmica maquinaria europea nunca tiene prisa por poner en marcha soluciones para compensar las dificultades de los ciudadanos del continente, y con esa costumbre anquilosada desde su fundación han resuelto los líderes su telemático Consejo Europeo. La decisión es que no hay decisión sobre la forma de repartir el fondo de reconstrucción, pero la buena noticia es que no han decidido cargárselo. Ha sido una nueva toma de contacto, en la que se inician las discusiones porque Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, lo había advertido días antes: la cita clave debe ser presencial, mirándonos a la cara todos y no en una videoconferencia como ha sido ésta del 19 de junio. Y posiblemente hasta el otoño no tengamos una solución aceptada por todos para el reparto de los 750.000 millones entre créditos y transferencias.

El vicepresidente segundo del gobierno ha afirmado esta semana de forma rotunda que la derecha nunca gobernará España porque nunca sumará mayoría suficiente para conseguirlo. Ha elevado la foto fija de la política actual de nuestro país a la categoría de permanente ad eternum, sin contar con el bamboleo de los dos millones de españoles con derecho a voto que no profesan una ideología clara, y que mueven su decisión hacia opciones progresistas o conservadoras en función de cada momento del país. Así ocurrió en el cambio de gobierno de 1982 de UCD al PSOE, el de 1996 del PSOE al PP, en la vuelta del PSOE ocho años después, en la emergencia económica de 2011 y ha vuelto a ocurrir tras la moción de censura que permitió a un presidente socialista volver a La Moncloa. Su vaticinio corresponde a los habituales desahogos de la clase política española en estas semanas de crispado confinamiento, de los que Pablo Iglesias está siendo actor protagonista desde el papel de provocador que había abandonado en parte y ahora recupera recordando la verdadera esencia con la que nacieron él y su partido sólo seis años atrás. En la provocación permanente a los partidos de la derecha está su verdadero yo, la exacta medida de su talla como dirigente político, y es en la que se siente más cómodo incluso cuando se quita el traje de vicepresidente.