El presidente del gobierno afirma de forma rotunda que la legislatura durará cuatro años. Está muy seguro de que agotará el mandato, sobre todo después de haber comprobado que tiene varias opciones disponibles para ir aprobando las disposiciones que crea necesario enviar al Congreso, especialmente los Presupuestos.
En los últimos debates parlamentarios derivados de la situación de emergencia sanitaria que estamos viviendo ha demostrado total suficiencia, autocomplacencia y conformismo triunfalista con todo lo que su ejecutivo ha hecho, que le permite además endosar a los demás cualquier parte de culpa sobre lo que ha salido mal. Pedro Sánchez está seguro, y no le faltan motivos para estarlo, de que todos los errores, intencionados o involuntarios, que está cometiendo no le van a pasar factura ni siquiera aunque se viera obligado a interrumpir la legislatura y convocar elecciones, cosa que no puede ocurrir antes de final de año.
Él y sus ministros y colaboradores se muestran en público inmutables ante todas las aparentes adversidades, incluso displicentes. Al ser descubierta con documentos la mentira más flagrante que se recuerda a un ministro, que puede contener además una posible responsabilidad por obstrucción a la justicia, Grande Marlaska esgrime su poder con más vehemencia que nunca, y ni se le ha pasado por la cabeza la idea de dimitir. Sánchez tomó en septiembre de 2018 una decisión que no va a modificar bajo ningún concepto mientras sea presidente: ni un solo ministro más dimitiría.
En sólo tres meses, Máximo Huerta y Carmen Montón habían sido invitados a renunciar al descubrirse corruptelas mucho menos graves, y fue en ese punto de su presidencia en el que se juramentó para no ofrecer ni una sola cabeza más a sus críticos, fuera cual fuera el escándalo. De ahí que esta semana haya protagonizado en primera persona la defensa del titular de Interior, justificando la evidente purga política en la Guardia Civil como si fuera una limpia de la policía patriótica que según él anida en el Instituto desde la administración anterior.
Lo curioso es que el coronel Pérez de los Cobos ya no está al frente de la Comandancia de la Guardia Civil. Los agentes que trabajan como policía judicial siguen adelante de la investigación que les ha encargado la juez del 8-M. Y las evidencias van en la misma dirección que con el coronel al mando. Por lo tanto, la publicación de este segundo informe para presionar a la justicia, señala ya directamente a los funcionarios que están realizando ese trabajo, que no conocen bien la máquina de picar carne en la que les están metiendo. A ello hay que sumar el aviso a la sociedad española de que se quiere organizar un golpe de Estado, como han dicho abierta o veladamente dos vicepresidentes (Calvo e Iglesias) y un ministro (Garzón). Los señalados, además de la oposición, son miembros del Ejército, como también lo están siendo los de la Guardia Civil.
Sánchez y sus más estrechos colaboradores se han mostrado desde hace dos semanas inmutables ante el sonrojo de haber pactado con los herederos del brazo político de ETA las normativas por las que se regula el mercado laboral. Saben bien que no les pasará factura, como tampoco ocurrirá con la manifestación feminista del 8-M que al final va a convertirse en el mejor antídoto que tuvo el coronavirus en España en las primeras semanas de dispersión. Su alegato de "¡Viva el 8 de marzo!" lleva implícita una fuerte demostración de seguridad en sí mismo, además de suponer una intolerable presión a los jueces desde la tribuna de oradores del hemiciclo del Parlamento. En la misma dirección fue la defensa de Illa y Simón, potenciales investigados, que realizó desde la sede gubernamental pocos días antes.
El rapto de autoconfianza que atraviesan el presidente, sus ministros y los portavoces de su partido, incluye la seguridad de que tampoco las cifras cambiantes de la pandemia, con miles de fallecidos que aparecen y desaparecen, van a resultar demoledoras para la imagen de su gobierno. El mismo día que el INE, organismo estatal, elevaba a 48.000 el desfase en fallecidos respecto al mismo período de 2019, Sánchez hablaba de 27.000 muertes por coronavirus. La tasa cero de fallecidos que se nos ha publicitado durante esta semana no se la cree nadie, mucho menos medios prestigiosos como Financial Times que ya han descartado seguir publicando las cifras de España al considerarlas ridículas.
El tiempo lo va mitigando todo, y hace olvidar cualquier rastro de hemeroteca negativa. Por eso en los cálculos del presidente y su equipo tendrán un coste residual nombramientos como los de la nueva presidenta de la Comisión de la Competencia, persona de confianza de La Moncloa, o el cargo diseñado para el amigo de la infancia del presidente en el Ministerio de Fomento, ignorando a los funcionarios de carrera. Son aspectos menores en un trabajo de cuatro años, pero serían con seguridad objeto de campañas furibundas en caso de estar los actuales papeles políticos cambiados.
