La comisión de reconstrucción, constituida en las cuatro subcomisiones temáticas que han estado trabajando estas últimas semanas, traía envuelto un regalo que la aparente predisposición de los partidos no de izquierdas no se esperaba: la propuesta sobre ayudas excluyentes a la educación pública. El cónclave parlamentario que hizo las veces de unos "Pactos de la Moncloa de bolsillo" puede alumbrar entendimientos importantes en materia sanitaria y en la posición común para reclamar el dinero a Europa, pero no en la educativa o en la económica. Las recetas para sacar a España de la sima laboral y productiva en la que se encuentra nunca van a poner del mismo lado al PSOE y al PP, ya en la crisis financiera vimos cómo lo afrontaron el gobierno de Zapatero y el de Rajoy. Pero a ambos partidos se les debería exigir que al menos en los objetivos que conforman el sistema educativo de un país sí tuvieran algo de cintura para poder pactar y llegar a acuerdos imprescindibles.
Con la propuesta del gobierno para la Reconstrucción Social sobre la mesa, las fuerzas conservadoras no tienen otra posibilidad que votar en contra de las resoluciones. La estrategia de acoso y derribo a la educación concertada a la que llevamos asistiendo desde hace mucho tiempo culmina con el artículo 18 del borrador de PSOE y UP, que se propone "fortalecer la educación pública como columna vertebral de nuestro sistema educativo (...). La totalidad del incremento de la inversión irá destinado a la educación pública de gestión directa". Léase: ni un euro para colegios concertados, ni por supuesto para los privados, cosa que dábamos por segura. Si éstos dirigentes que ocupan el poder pudieran, si el sistema legislativo se lo permitiera, aprobarían la prohibición de los centros privados y concertados nacionalizando por completo la educación. Al fin y al cabo, como dijo la ex portavoz, los hijos no pertenecen a los padres ni a las familias.
Para el Partido Socialista y Unidas Podemos, las familias que llevan a sus hijos a centros educativos concertados, sean laicos o religiosos, más caros o más baratos, grandes o pequeños, no merecen la ayuda pública creada para hacer frente a los gastos generados por el coronavirus. Las direcciones de sus colegios no podrán disponer de dinero para complementar la compra de material informático, por ejemplo, o para dotar a las aulas de las medidas necesarias para garantizar la distancia social (otro eufemismo más, porque la distancia entre dos personas nunca será social sino física). Y todo eso ocurrirá porque los centros concertados, en los que han estudiado desde hace décadas millones de españoles que hoy tienen éxito en sus profesiones, son considerados por determinadas ideologías como enemigos del sistema. Una situación que debe hacer a muchas de esas familias reflexionar sobre la importancia de su voto cuando hay elecciones. Sobre todo si éstas políticas están recogidas en los programas electorales, nadie puede después llamarse a engaño.
Esta decisión del bloque de la izquierda parlamentaria, que ocupa el gobierno en la actualidad, va en la dirección siempre declarada y publicitada de adoptar medidas de "justicia social", una suerte de justicia que dictan los políticos y no los jueces, en base a leyes inexistentes en el ordenamiento jurídico, que defienden la idea de que hay que quitar cosas a unos para dárselas a otros. En el caso concreto de la educación, esta teoría presupone que los alumnos de centros concertados tienen unas condiciones socioeconómicas que dejan en inferioridad de oportunidades a los de centros totalmente públicos. Y se apoya en la obsesión de que la religión católica no puede bajo ningún concepto dirigir la enseñanza de los niños y adolescentes, que debe estar en manos exclusivas del Estado. Atentados claros contra la libertad de enseñanza y la de libre elección de la educación que ostentan los padres para sus hijos.
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