El gobierno considera que el Partido Popular está fuera de la Constitución porque no asume el mandato de pactar la renovación de los órganos institucionales pendientes de actualizar, como el Consejo General del Poder Judicial. Pero con la otra mano veta la presencia del Rey en un acto del mismo Poder Judicial pese a que la Carta Magna es clarísima al establecer en su artículo 117 que “la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados”.

La estatua ecuestre de Carlos III está situada desde 1993 en el centro de la Puerta del Sol, y tiene de frente la sede de la Comunidad Autónoma de Madrid y a sus espaldas el arco formado por las calles del Carmen, Preciados y Montera. Cuando se instaló allí, por decisión democrática de los madrileños en referéndum, gobernaba en la ciudad José María Álvarez del Manzano y en la autonomía Joaquín Leguina, inaugurando lo que durante más de una legislatura hemos conocido los madrileños como difícil cohabitación entre las dos instituciones, un mal que ha llegado a producirse incluso en tiempos en que un mismo partido gobernaba en las dos. Pese a todo ello, nada comparable a la tensa relación que hoy mantienen el gobierno central y el regional, que va a desembocar en una reunión insólita que llevará al inquilino de La Moncloa hasta la Real Casa de Correos, la misma que pudo pisar en las recepciones oficiales cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid, y que nunca ha pisado un presidente del país para mantener un encuentro de trabajo con el máximo responsable de la Comunidad. Cuando Felipe González quería comunicarle algo importante a Leguina, como la retirada de aquél repudiado tres por ciento, le llamaba a los jardines de Moncloa y le convencía; cuando José María Aznar convocaba a Ruiz Gallardón para dirimir sus disputas clon Esperanza Aguirre, todos acababan en un ascensor de la sede popular de Génova, 13. Pero nunca un presidente fue a Sol para mantener una reunión como la que se prepara para la semana que viene.

El dinero del superávit municipal no podrá ser empleado por el gobierno para sus gastos por el coronavirus. Pero la derrota parlamentaria ya está siendo positivizada por el aparato gubernamental para que se vuelva en contra de todos aquellos que creen haber ganado esta batalla de pequeños alcaldes contra Goliat, alcaldes entre los que no se cuenta el regidor de Vigo y presidente de la Federación de Municipios que hizo todo lo posible por obedecer a Hacienda poniendo a la institución al servicio del gobierno. Por una vez en esta legislatura, la mayoría parlamentaria más variopinta e insospechada tumba una disposición que perjudicaba objetivamente a los ciudadanos, contribuyentes con sus impuestos locales al remanente local que ahora se quería incautar.

Una energía especial está atravesando el propósito político de sacar adelante unos presupuestos para nuestro país. La ministra portavoz lo ha definido como “un amor por España” que une a todas las fuerzas a las que el gobierno prioriza en la búsqueda de posiciones comunes que permitan cuadrar el círculo de la aritmética parlamentaria. En ese sentimiento se incluye a formaciones políticas en cuyo ideario y línea de actuación se observa exactamente lo contrario, un rechazo visceral hacia lo que España es y representa. Pero la búsqueda de un nexo de unión que permita a los ciudadanos vislumbrar una estabilidad política que no es real les ha llevado a los creadores de frases de La Moncloa a inventar ésta, que ha dejado congelados a millones de españoles. Pensar que PNV, Bildu, ERC, o incluso Podemos con su querencia hacia la autodeterminación, van a dejar aparcados sus postulados descubriendo un romanticismo especial hacia la idea de país tal y como actualmente es, resulta un ejercicio de voluntarismo que salvo los asesores gubernamentales no se cree nadie. Y puede que ni ellos.