Faltaba una hora para comenzar la conferencia de presidentes del viernes cuando Íñigo Urkullu anunciaba su asistencia por sorpresa, cuando todo apuntaba a su ausencia para acompañar en el desaire al presidente catalán. El lehendakari hacía de la necesidad virtud y se agarraba a un doble asidero: marcar diferencias de moderación con el rebelde Quim Torra, que no puede soportar estar junto al jefe del Estado, y sobre todo aprovechar las últimas concesiones que Moncloa ha tenido a bien anunciarle sobre el déficit del País Vasco y la bilateralidad de su relación.
El nacionalismo y el independentismo sufren dolor de estómago cuando se ven de igual a igual al resto de gobiernos autonómicos y por eso exigen que se les conceda una altura mayor para mirarles por encima del hombro y que sus encuentros con el gobierno central parezcan de dos países vecinos que buscan la hermandad. Urkullu ha preferido hablar de "singularidad" que de trato de favor. Así, no ha sido difícil escuchar a algunos presidentes populares hablar de "déficit a la carta". Así que de la unidad reclamada por el jefe del ejecutivo, poco hemos visto.
El presidente del gobierno ya conocía en la tarde del jueves el dato con el que nos íbamos a desayunar el último día de julio, el elegido para la cita cumbre del sistema autonómico español. Y el dato que se publicaría horas después indicaba que el hundimiento de la economía de nuestro país en el segundo trimestre superaba las previsiones y se convertía en auténtica masacre para el sistema productivo, confirmando la recesión de caballo en la que nos hemos metido que tardará mucho tiempo en volver a convertirse en crecimiento.
Lo que nos diferencia de Alemania y Francia es que, en palabras del propio presidente, "hemos tenido las medidas más drásticas y más estrictas de Europa y del mundo". Conociendo el desastre del PIB, insistió en presionar al presidente vasco para que se sumara a la fotografía de San Millán de la Cogolla. Pero su debilidad va mucho más allá que el hecho de tener a todos menos uno bajo el ala. Sánchez necesita corresponsabilizar a las comunidades de la catástrofe que el país está atravesando, que está muy lejos de justificar las ovaciones preparadas que sus correligionarios le dedican cada dos días en público por el acuerdo de Bruselas.
La corresponsabilidad ha sustituido a la cogobernanza que se nos anunció en el proceso de desescalada, que ha acabado siendo un lavado de manos del gobierno frente a las decisiones de menudeo de la pandemia, y ahora se trata de hacer responsables también a los gobiernos regionales de las soluciones. El jefe del gobierno afirmaba, al inicio de la cita, que ya estamos en plena reactivación y recuperación económica, con los titulares de todos los medios de comunicación infectados por la palabra "recesión".
Sánchez será el que decida donde va el dinero de los fondos, y hasta ahora él y su gobierno solo han hablado de economía digital, transición ecológica e igualdad de derechos de las mujeres. Cabe preguntarse si el dinero de Europa llegará a las comunidades para que paguen los gastos extraordinarios de sanidad y educación, y sobre todo a las empresas y autónomos, a las familias y sus negocios. La legislatura va a ser larga y regada con el dinero que Merkel ha logrado consensuar para España y el resto de sureños.
De la conferencia autonómica cabe un análisis más. El Rey ha pedido formalmente presidir este encuentro. No ha sido decisión del gobierno que Felipe VI se desplazara hasta La Rioja. El monarca ha creído necesario colocarse al frente a los resortes del poder, y sobre todo mirar a los ojos a los que están intentando horadar el prestigio y los cimientos de la institución monárquica aprovechando de forma espuria las investigaciones judiciales al entorno del Rey Emérito. Un debate inoportuno que la parte socialista del gobierno ha aceptado y ha validado, con la explicación de que el PSOE "no hará nada que contribuya a socavar la institución", en palabras textuales de Pedro Sánchez en Telecinco el pasado lunes. Para que le creamos, podría empezar por defenderla.
