El gobierno considera que el Partido Popular está fuera de la Constitución porque no asume el mandato de pactar la renovación de los órganos institucionales pendientes de actualizar, como el Consejo General del Poder Judicial. Pero con la otra mano veta la presencia del Rey en un acto del mismo Poder Judicial pese a que la Carta Magna es clarísima al establecer en su artículo 117 que "la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados".
Al separar el ejecutivo de la forma que lo ha hecho a don Felipe de la institución judicial, cabría preguntarse si no se está actuando fuera de la Constitución. Como podríamos cuestionarlo igualmente respecto al artículo 134.2, que establece con nitidez el cauce constitucional para aprobar las cuentas públicas del Estado: "El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior". El mes de septiembre termina el próximo miércoles, y nada se sabe del proyecto presupuestario que exige la Constitución, que salvo milagro no llegará a la Carrera de San Jerónimo en los plazos constitucionales. Con el razonamiento que el presidente y sus ministros aplican a la oposición, es una gestión que deja al gobierno fuera de la principal ley de nuestro país.
Con la justicia y la fiscalía incendiadas por la acción del ejecutivo, cabe preguntarse qué más va a ocurrir en las próximas semanas
Los últimos días del verano y los primeros del otoño difícilmente van a ser superados en la vida política española por las circunstancias poco ortodoxas que se han vivido. Con la justicia y la fiscalía incendiadas por la acción del ejecutivo, cabe preguntarse qué más va a ocurrir en las próximas semanas. Porque con seguridad ocurrirán cosas que no habríamos ni siquiera imaginado, como el hecho de que el Jefe del Estado sea vetado por el gobierno para acudir a un acto institucional en la comunidad autónoma en la que una parte de la población y de sus dirigentes quieren declarar una república independiente desgajada del resto del país. Es como si Macron no pudiera visitar Córcega. O lo insólito de que el número dos de la fiscalía, ha nacido una estrella, ataque públicamente a sus compañeros por presionarle. ¿Subordinados presionando a un superior que no soporta la insistencia y acude a una radio a declararse víctima... de las cloacas, por supuesto?. No nos hagan reír.
Por si eso fuera poco, en la misma semana y sin que nadie lo preguntara, el ministro de Justicia informa en el Congreso de que comienza el trámite legal para dar curso a las peticiones de indulto a los independentistas catalanes que dieron el golpe al Estado en 2017. Y por si las gestiones del gobierno se topan con los tribunales en la concesión de esas medidas de gracia a los condenados, se prepara una reforma legal para que el delito de sedición sea rebajado casi a pecado venial con carácter retroactivo, en lo que constituye la enésima pillada flagrante de hemeroteca de un presidente cuya palabra ya no vale nada a fuerza de ser incumplida.
No acabó ahí la semana desbocada por un puñado de votos. Hemos visto dos o tres fotos de diputados de Bildu con la vicepresidenta que no hace demasiado afirmó que "Bildu no es socio para el Partido Socialista en ninguna de sus formas, los socialistas somos gente muy de fiar y no vamos con Bildu porque tenemos una línea roja que todos conocen". Ahora se ha reunido con dos dirigentes de la formación heredera de Batasuna para negociar su apoyo a los presupuestos, sin importarle la ausencia de condena de la violencia ni los homenajes a terroristas que cada semana se suceden con el apoyo de Bildu.
Los dos partidos que forman la coalición progresista se están acostumbrando a gobernar en el alambre, pero inflando el pecho como si el país fuera suyo. El vicepresidente Iglesias está insistiendo cada vez que tiene ocasión en que la derecha no volverá a gobernar nunca en España, como le dice Maduro a la oposición venezolana. Como viene a decir Trump al señalar que no aceptará los resultados electorales si no le dan ganador. Siendo como es Iglesias miembro de la comisión del CNI y manejando secretos de Estado, habrá que creer sus palabras: España va a convertirse en una democracia herida en la que las posiciones de privilegio estarán reservadas sólo para el arco ideológico que ocupa actualmente el poder.
