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La sentencia 459/2019 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha podido dejar insatisfechos a muchos, y puede ser considerada como injusticia antidemocrática por otros. Las opiniones son libres y cada español tendrá una distinta respecto a la decisión de los magistrados de la Sala. En Directo | Sentencia del Supremo a los líderes del procés.

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A estas alturas de la precampaña electoral parece universalmente asumido por todos los actores políticos que si no hay acuerdos transversales entre los dos supuestos bloques que arrojaron las elecciones de abril, no habrá salida a la gobernabilidad del país. Lo ha asumido el partido del gobierno en funciones, que se mantiene sin embargo firme en su posición de que los demás le apoyen a cambio de ningún compromiso visible, mucho más si implica cesiones en su posición ideológica muy acusada (por mucho que ahora se nos pinte de centrismo sobrevenido). Y parecen haberlo asumido también las dos fuerzas mayoritarias de lo que se ha dado en llamar el "centroderecha", PP y Ciudadanos. Éste último, por el último giro insospechado de su posición respecto al PSOE y a la figura del presidente. Y el primero por sus apelaciones más o menos voluntarias a un necesario gran acuerdo de coalición a la alemana con los socialistas para salvar al país, propuesta que tiene la pesada carga de asumir que la victoria de Pedro Sánchez el 10 de noviembre está asegurada y que no va a haber sorpresas en la intención mayoritaria de voto.

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El domingo será el último día en el que se permite la presentación de coaliciones electorales para la cita con las urnas del 10 de noviembre próximo. Los movimientos en la izquierda, con la irrupción de Más País, van a provocar cambios en el tablero de las circunscripciones por las que los partidos pueden presentarse solos o en compañía de otros. El partido de Íñigo Errejón ya ha aclarado algo insólito en nuestro sistema electoral: que no entra en liza para ganar las elecciones sino para garantizar un gobierno progresista encabezado por el PSOE y frenar la abstención de los votos de la izquierda, a la que más daño puede hacer la fallida negociación para formar gobierno. Para ello, Más País va a adoptar la estrategia de no concurrir en las circunscripciones más pequeñas centrándose en las que reparten más de siete u ocho actas. Con ello conseguirá evitar una mayor fragmentación del voto de izquierdas, como ha ocurrido en las elecciones de abril en el bloque de centro-derecha. La jugada, aunque involuntariamente, puede restarle apoyos al PSOE al que trata de apuntalar en el poder, y por supuesto se los restará voluntariamente a Podemos.

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Uno de los múltiples elementos que el presidente del gobierno no podía controlar en su estrategia de forzar nuevas elecciones en noviembre ha cristalizado. La confirmación de que la plataforma electoral de Íñigo Errejón concurrirá a las generales abre un nuevo escenario al que aún le faltan un par de incógnitas para madurar definitivamente: si el propio protagonista encabeza la lista por Madrid, cosa que parece obvia, y en qué circunscripciones se presenta para restar votos a Podemos seguro o al PSOE eventualmente, cosa en absoluto descartable. Si lo hace en distritos electorales pequeños la escabechina de escaños para la izquierda será mayor; si elige territorios más poblados donde el reparto de escaños es mucho mayor, se notará menos su efecto en el futuro hemiciclo del Congreso. Pero lo que nadie niega ya es que, de todas las situaciones que Sánchez y su asesor Redondo no podían controlar una vez disuelto el Parlamento, ésta es una de ellas. Veremos si hay más y se confirma aquello de que "las elecciones las carga el diablo", sobre todo para quien juega alegremente con su celebración a beneficio personal.

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El papel que la Carta Magna otorga al Rey Felipe VI en la ronda de consultas que hoy se abre es claro, y lo establece el artículo 99.1: "El Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno". Por mucho que se quiera ampliar o reducir esa responsabilidad, el monarca se atendrá a lo que la Constitución establece en este apartado que se plasma esta semana en la realidad. Es una ronda de todas formas muy peculiar, menos destinada a designar un nombre concreto que a constatar que ese nombre en el que todos estamos pensando no tendrá los apoyos necesarios para someterse a la sesión de investidura. Algo que coincide con la anterior del mes de julio, en la que Pedro Sánchez tampoco tenía garantizados los apoyos suficientes, pero por su conveniencia personal pidió al Rey someterse a la investidura. Ya por entonces sus asesores de calculadora habían sentenciado que lo más aconsejable para Sánchez sería lograr la convocatoria de nuevas elecciones y sólo con una investidura fallida comenzaría a correr el reloj constitucional hacia la disolución de las Cortes. Cualquier parecido entre esta estrategia y una instrumentalización de las instituciones en beneficio partidista o personalista debe establecerlo el lector.

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El momento decisivo de la política española del año 2019 ha llegado. Hemos entrado en la última semana para poder convocar el pleno de investidura, y en dos semanas exactamente las cámaras quedarán disueltas automáticamente por un decreto que firmará el Jefe del Estado ese mismo día. Si así ocurre, se demostrará por enésima vez en los últimos cinco años, los que coinciden con la llegada al primer plano político español de los nuevos dirigentes 3.0, la incapacidad del sistema para garantizar la estabilidad institucional y la gobernabilidad del país. En ese tiempo ha ocurrido todo lo que uno pueda imagina, desde un golpe contra el Estado hasta la primera moción de censura triunfante pese a vulnerar claramente el espíritu constitucional constructivo que se establece entre sus condiciones indispensables.

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Terminadas las vacaciones tan poco comprendidas por muchos españolas, los líderes políticos vuelven hoy a la actividad plena ofreciéndonos el mismo repertorio al que ya estábamos acostumbrados antes del descanso estival. Han pasado ya cuatro meses y cinco días desde que se abrieron las urnas en las últimas elecciones generales, y el bloqueo continua en punto muerto, como quedó tras una prescindible investidura a finales de julio que nos hizo recordar aquella criticada decisión de Mariano Rajoy en el invierno de 2016: sin tener los apoyos necesarios, prefirió no ofrecerse al Rey para que le propusiera como candidato a la presidencia del gobierno, algo que recibió el desprecio crítico del mismo Pedro Sánchez que ahora repite clonadas las mismas palabras del entonces presidente en funciones para explicar por qué no someterse a otra investidura sin una mayoría ya cerrada a su favor. La diferencia respecto a la intentona fallida de julio es que con aquellas tres sesiones parlamentarias absurdas y plagadas de reproches en público ante los atónitos ojos de los ciudadanos, el reloj institucional y constitucional comenzó a correr raudo hacia una repetición de elecciones que, con las encuestas en la mano de Iván Redondo, sí convienen al que fue candidato perdedor. A la larga será ganador porque a su izquierda decrecerán los votos del partido al que quiere jibarizar y a su derecha seguirá la ensalada de tortazos mutuos entre los tres partidos que no encuentran la plataforma común que les una.

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Isabel Díaz Ayuso ha comenzado su discurso de investidura en el Parlamento de Vallecas tocando la fibra sensible de los votantes de su partido, el PP, pero también de los de Ciudadanos y Vox. Hablando de Madrid como la casa de todos los españoles y mostrando solemne respeto hacia los símbolos de la unidad del país: la bandera, el himno y por supuesto la Corona, diariamente acosada por fuerzas en teoría progresistas que han puesto su proa contra la institucion monárquica. Hoy se dirá que esa parte de discurso de investidura la ha escrito Rocío Monasterio, o que ha sido ella la que ha decidido denominar a la Consejería de Justicia como de las Víctimas del Terrorismo, pero quien lo haga infravalora o no conoce el compromiso de la inminente presidenta madrileña con lo que representa España, en todos los sentidos. Ese arranque de la intervención ha dejado claramente definidos los principios que van a marcar el gobierno de PP y Cs apoyado pero vigilado por VOX, en un momento de evidentes incertidumbres sobre el futuro de la nación. Y ha quedado claro dónde tendrá Pedro Sánchez el dique de contención institucional a cualquier pacto, concesión o decisión ventajosa que se lleve a cabo con las fuerzas políticas contrarias a la Constitución Española.

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En la política española actual no puede decirse que estemos libres de repetir los errores. Ni que una aberración no vaya a normalizarse con la fuerza de los hechos. Lo demuestra una vez más lo ocurrido en la formación del gobierno de Navarra, donde se ha estrenado la segunda parte del 'gobierno Frankenstein' al lograr el PSN llegar al poder gracias a Bildu.

Víctor Arribas

Los máximos órganos ejecutivos de PP y Ciudadanos entre congresos han coincidido en todo, casi hasta en el día, para realizar retoques importantes de sus comisiones ejecutivas. Las dos direcciones políticas de formaciones cada vez más cercanas en sus objetivos, y pese a eso también en su sintonía, se adaptan definitivamente al carisma de sus respectivos líderes, que han arrojado por la borda en plena carrera aquello que les sobraba o distorsionaba su mensaje de oposición. Partido Popular y Ciudadanos son desde esta última semana de julio más Casado y Rivera que antes. Sus direcciones están hechas más que antes a la medida de sus líderes, con lo que ya tienen cosas en las que parecerse al PSOE de Sánchez y al Podemos de Iglesias, proyectos igualmente centrados en los perfiles fuertemente mediáticos y personalistas de sus figuras máximas.